Por presunta tentativa de homicidio, robo y amenazas en contra de la representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Diana Laura Marroquín Bayardo, Gabriel está preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tulancingo desde el 23 de marzo de 2018.
Las cámaras de seguridad del Hotel La Joya, de ese municipio, lo captaron a él y a tres personas más ingresar 23 días antes, el 28 de febrero, al salón La Terraza, donde Diana Laura, también excandidata a diputada federal, celebraba su boda. Un video más, grabado por un comensal y que es parte de la carpeta de investigación que derivó en la causa penal 89-2018, muestra a los jóvenes correr hacia la puerta principal, mientras Marroquín va tras ellos con el rostro lleno de pastel, y otras personas, sus invitados, tratan de alcanzarlos, lo cual lograrían metros adelante, a orillas de la carretera.
Ángel, hermano de Gabriel, también fue detenido como supuesto cómplice, con los mismos cargos, aunque ese día, de acuerdo con su defensa, no aparece en el lugar de los hechos, según las evidencias gráficas obtenidas de cámaras de seguridad internas; asegura, además, que él estaba en barandilla por un percance vial con la hermana de Diana Laura, Marlene; sin embargo, fue imputado y recluido en la penitenciaría.
La madre de los jóvenes de 19 y 23 años, Cecilia Martínez Hernández, afirmó que en el proceso contra sus hijos existen posibles irregularidades, como fabricación de pruebas, “influyentismo”, ocultamiento de evidencia, actuar ilícito de funcionarios y violaciones a derechos humanos, al fincar –asevera que sin evidencia– cargos por homicidio cuando asegura que Gabriel sólo lanzó un pastel. Él, además, presentó heridas tras su aprehensión, por lo que iniciaron la carpeta 18-2018-0986 por los hechos que pudieran resultar.
Gabriel aceptó su participación en los pastelazos, falta administrativa por la que pagó $1,200 pesos
Ángel no participó en los pastelazos, pero fue detenido como presunto cómplice de su hermano
LA DETENCIÓN Y LOS CARGOS
Tras lanzar los pasteles, cuatro jóvenes fueron detenidos por invitados de Marroquín Bayardo y, posteriormente, por la policía municipal, que los puso a disposición de un juzgado cívico por alteración del orden público. La madre de Gabriel y Ángel aseguró que a uno de los cuatro le quebraron las costillas y a otro le causaron lesiones en los testículos. Para salir, añadió, pagaron una multa de mil 200 pesos cada uno, cuyos recibos con folios 0610 y 0611 son parte de las documentales que incluye la investigación. Sin embargo, el caso no terminó en ese momento: días después se fincaron delitos contra cinco personas, pero de tipo penal: intento de homicidio, robo y amenazas, por el cual sus dos hijos son los únicos presos.
Según el testimonio de Diana Marroquín, que la familia de los detenidos mostró a La Silla Rota, Gabriel supuestamente le puso una navaja en el cuello y le dijo: “ahora sí te va a cargar tu puta madre”, y, antes de presuntamente darle golpes en el estómago, agregó que era por órdenes del presidente municipal de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez.
En las fotografías del peritaje en el salón de La Joya se observan restos de pastel en el suelo y sobre las mesas. Las cámaras captan a las cuatro personas con éstos en la entrada principal, pero la parte denunciante aseguró que dos llevaban navajas y uno un arma de fuego.
En su testimonio, el representante del registro público, quien estaba sentado a espaldas de la puerta, y Diana estaba atrás de él, dijo que escuchó un grito y, al voltear, se dio cuenta de que ella tenía la cara llena de pastel. En el video del comensal se aprecia que corren a la salida e invitados van tras ellos. El grupo “armado”, como se le denominó, se marcha y la persona que está frente a quien graba sonríe y mueve los brazos hacia el frente y hacia atrás como quien emula un baile. Las declaraciones, cuenta la madre de Gabriel y Ángel, refiere que estaban aterrorizados aun en los salones contiguos por oír gritos.
El robo, en tanto, es imputado porque la petista aseveró que tenía 52 mil pesos en una bolsa negra y que ellos hurtaron el dinero. Para acreditar el ilícito presentó comprobantes de movimientos bancarios en los que constara que tenía esa cantidad.
En un informe escrito que incluye la carpeta de investigación, el director de seguridad del municipio, José Israel San Agustín Cabrera, informó que el reporte que recibieron del C4 refería una riña en las instalaciones del Hotel La Joya y que “al llegar al lugar tenían cuatro personas del sexo masculino tiradas al piso y golpeadas, las cuales nos entregaron (…). No se localiza en la inspección realizada a los cuatro masculinos ningún indicio que fuera producto de algún hecho posiblemente delictuoso, ni tampoco aportaron ningún indicio las personas que estaban en el lugar y que los detuvieron”.
El mando de seguridad, que constató en el oficio las lesiones de los muchachos, añadió que la coordinadora de los Ministerios Públicos –cuyo nombre no aparece en el oficio pero que es Maricruz Ramírez López– le hizo llamadas a su número personal de celular para insistirle que los pusiera a disposición; no obstante, acotó, respondió que no podía hacerlo porque no contaba con evidencias de que fueran probables partícipes de un delito, sino de faltas administrativas.
En un video publicado en su cuenta de Facebook en día del incidente, la representante del PT acusó que habían dicho ser enviados del alcalde de Tulancingo. En ese clip se muestra a dos sometidos por los invitados y seguridad privada del hotel a quienes les graban los rostros en los que se observan los golpes.
La mamá de los imputados dijo a La Silla Rota que, aunque el parte municipal no refirió participación en delito, las ordenes de aprehensión fueron libradas por una supuesta intervención del gobierno de Hidalgo, lo cual narró Marroquín en la audiencia del 29 de enero de 2019.
Esta presunta intervención, expuso la defensa, sería indebida y vulnera los derechos de los inculpados.
La mamá de los jóvenes acusó que, a cambio de un acuerdo para que fueran liberados en tres meses mediante un amparo, la representante del PT les pidió una carta en la que ellos dijeran que el presidente municipal fue quien los mandó, además de pedirles 300 mil pesos como reparación del daño.
Asimismo, afirmó que le solicitó retirar la defensa que tiene, la cual sería sustituida por una que ella iba a asignar. Los presuntos responsables, posteriormente, serían trasladados a Pachuca para que estuvieran seguros debido a su intervención.
Martínez Hernández relató que la carta original está escrita en hojas verdes y la tiene Marroquín Bayardo, quien, afirmó, hizo referencia a ella en una audiencia, aunque, acotó, en ese momento reconoció que no tenía la certeza de que la hubieran escrito los jóvenes.
La misiva tiene una supuesta firma de Gabriel. Este recurso, indicó la defensa, es un acto incriminatorio que no se puede presentar.
La mujer de 52 años añade que una abogada de Marroquín Bayardo redactó una nueva misiva en la que sus hijos decían ser culpables y enviados del alcalde, pero que ellos se negaron a signarla.
Ángel, quien insiste no arrojó los pasteles, sufre de parálisis facial. Además, aunque existen órdenes de aprehensión contras tres personas más, sólo los hermanos han sido detenidos.
OTRA CARPETA, MISMA TESTIGO, MISMO MP, MISMO AGENTE
La ministerio público Daniela Vigueras Hernández, que tuvo la investigación de los pastelazos en mesa sin detenido, tiene también la carpeta 18-2016-0556 por homicidio calificado, en la que no había probable responsable por un crimen cometido en la Central de Abastos Pifsal, en Tulancingo, pero, tras actos de investigación supuestamente realizados, identificaron a uno: Gabriel, el mismo del caso de los pasteles.
Esto, según la autoridad, fue posible porque el 19 de enero de 2017 una señora de nombre María Eva N le dio una entrevista al policía investigador Erick Arriaga Martínez en la que “aportó información” para identificar al supuesto homicida. El documento, no obstante, fue recibido el 12 de marzo de 2018, cuando ya se le iniciaba la carpeta por el caso de los pasteles, según la familia.
Ella, en su testimonial, afirmó que trabaja con Marroquín Bayardo desde hace tres años, y que volvió a ver a Gabriel “cuando quiso matar a Diana”, en su boda. Aunque remarcó que lo conocía desde niño y lo identificaba plenamente, en la diligencia de reconocimiento, cuando tuvo a cinco hombres para señalar al supuesto agresor, ella se dirigió a otro, no a Gabriel, en el primer intento; en el segundo, cuando rotaron los números para que ninguno portara el mismo, también erró.
La testigo, de acuerdo con fotografías que posee la defensa, aparece en marchas organizadas por Diana Marroquín.
Pero no sólo la ministerio público tiene bajo su responsabilidad ambas carpetas: el policía investigador Erick Arriaga Martínez también aparece en las dos como el encargado de recabar información e integrar evidencia. La defensa dio a conocer que contra él se inició un proceso (carpeta 18-2019-952) por posibles omisiones en el caso de los pasteles y la supuesta tentativa de homicidio, porque acusan que no entregó evidencia: el audio de la llamada al C4 sobre el incidente.
El 24 de mayo de 2019, catorce meses después de que Gabriel fue detenido, su madre Cecilia Martínez presentó una denuncia en el Centro de Atención Temprana de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales Región Oriente por extorsión, calumnias y difamación contra Diana Marroquín Bayardo, registrados en el Número Único de Caso (NUC): 18-2019-1719.
Por el actuar del ministerio público que consideró ha tenido una tendencia a favor de la representante del PT pese a inconsistencias que, insiste, han existido en el proceso, solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien informó por escrito las posibles irregularidades en el proceso contra sus hijos.