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Van a prisión 126 opositores de Moreno Valle

Con esta cifra, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, ya rebasa a los casos del sexenio de Mario Marín, refiere ONG

Escrito en ESTADOS el

(Especial de e- consulta).- Por oponerse a obras estatales, encabezar protestas masivas o rechazar reformas legales, 126 poblanos han sido detenidos durante la administración gubernamental de Rafael Moreno Valle Rosas.

Con esta cifra, Moreno Valle Rosas supera -en la mitad de su mandato- a todos los presos políticos del sexenio de Mario Marín Torres, pues el Nodo de Derechos Humanos (Nodho) contabilizó 78 personas encarceladas por su participación en luchas sociales durante el anterior gobierno estatal.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa se considera “preso político” a las personas detenidas por el ejercicio de derechos relacionados con la participación política como la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación de pensamiento.

 

(Marcha en contra del gobernador Rafael Moreno Valle, tras el caso Chalchihuapa. Crédito: Cuartoscuro)

 

Inicio represivo del sexenio

El 23 de agosto de 2011, durante su primer año de gobierno, Moreno Valle encarceló a 31 personas en el municipio de Chignahuapan, debido a que ocuparon predios que supuestamente pertenecen a los políticos priístas Amado y Lorenzo Rivera Sosa, este último actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Puebla.

Los 22 hombres y nueve mujeres, pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) salieron de prisión tras pagar una fianza de 12 mil pesos por los delitos de despojo, invasión de propiedad ajena, asociación delictuosa y amenazas.

Mientras que el 5 de septiembre de 2012, 26 pobladores de Francisco Z. Mena fueron detenidos por tomar una carretera estatal en protesta contra Petróleos Mexicanos porque incumplió con un compromiso para reparar los caminos de la comunidad.

Los 25 hombres y una mujer fueron liberados tras el pago de una fianza de 50 mil pesos, impuesta por los delitos de ataques a las vías de comunicación y motín.

Cabe mencionar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) emitió una recomendación al respecto contra el entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Ardelio Vargas Fosado, cuyo expediente es el 14/2013.

El 3 de mayo de 2013 fueron arrestados tres jóvenes, supuestamente por planear un atentado contra el presidente Enrique Peña Nieto, durante su visita para encabezar el desfile del 5 de mayo.

En tanto que el 10 de octubre fue aprehendido Delfino Flores Melga, de 90 años de edad, por el delito de despojo de un terreno ubicado en ampliación Xilotzoni. El activista murió en prisión el 25 de junio de 2014.

 

(Protestas contra el gobernador de Puebla. Crédito: Cuartoscuro)

 

Arrecian detenciones en 2014

Aunque en 2013 la cifra de detenidos por causas políticas disminuyó, para 2014 creció hasta los 63 casos, por oponerse a proyectos gubernamentales.

El 6 de febrero de 2014 se arrestaron a 20 hombres por cerrar la autopista Siglo XXI, al inconformarse con los resultados por la elección de la presidencia municipal de Atzitzihuacan. Una parte fue asegurada al salir de las oficinas de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y otra en la cabecera municipal.

Los agraviados recuperaron su libertad tras pagar una fianza de 15 mil 800 pesos, ya que fueron acusados por los delitos de ataques a las vías de comunicación y delitos cometidos contra funcionarios públicos. Tres por lesiones y uno más por portación de arma prohibida.

Los días 6, 7 y 8 de abril fueron arrestados Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, respectivamente. Los dos primeros se opusieron a la construcción del gasoducto Morelos y el último al Libramiento Poniente de la ciudad de Puebla.

De ellos sólo Abraham logró salir de la cárcel tras pagar una multa de 57 mil 700 pesos, esto por faltas como privación ilegal de la libertad, amenazas e ilícitos contra funcionarios públicos.

Enedina Rosas está bajo arraigo domiciliario acusada de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública; mientras que Juan Carlos aún está en prisión por delitos contra la infraestructura hidráulica, motín, despojo, extorsión, robo, obstrucción de obra pública y privación ilegal de la libertad.

El 16 de junio mototaxistas cerraron la autopista Puebla-México para protestar contra los operativos de la Secretaría de Transportes que buscan retirarlos de la circulación. Fueron detenidos en ese momento ocho hombres por daño en propiedad ajena, resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos y motín.

Salieron bajo caución tras pagar 300 mil pesos cada uno.

Cinco días después ocho manifestantes contra el deficiente servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) fueron asegurados en Cacalotepec; se les imputaron los delitos de daño en propiedad ajena, resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos y motín.

Para dejar la cárcel tuvieron que pagar una fianza de 170 mil pesos cada uno.

El 7 de octubre fueron apresados Adán y Paul Xicale, así como Albino y Primo Tlachi, por oponerse a la construcción del Parque Intermunicipal en terrenos aledaños a la Pirámide de Cholula.

Los delitos por los cuales se les inculpa son motín, delitos contra el orden constitucional, daños a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena y privación ilegal de la libertad.

 

Conflicto en juntas auxiliares

 

(Protesta contra el gobierno de Puebla por la muerte de un niño en la represión policiaca contra una manifestación. Crédito: Cuartoscuro)

 

En diciembre de 2013 el Congreso del estado aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal para que las juntas auxiliares se convirtieran en órganos desconcentrados de sus ayuntamientos, con lo que el servicio de Registro Civil sólo se proporcionaría en las cabeceras municipales.

Además eliminó las figuras de la policía comunitaria, jueces de paz y Ministerio Público adjunto.

Esta situación generó que el 1 de julio de 2014 habitantes de Tehuacán se manifestaran en el Centro Integral de Servicios (CIS), por lo que ocho pobladores fueron detenidos por los delitos de motín, lesiones y daños en propiedad ajena. Todos ellos salieron tras pagar fianzas de 17 mil a 20 mil pesos.

Para el 9 de julio, habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan cerraron la autopista Puebla-Atlixco por el mismo motivo.

En ese momento fueron reprimidos por policías estatales, quienes arrojaron gas lacrimógeno y uno de esos cartuchos causó una herida en el cráneo del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, por la cual falleció diez días después. Al verse agredidos, los pobladores respondieron con palos y piedras.

 

(Funeral del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien fue herido por un proyectil de policías estatales. Crédito: Cuartoscuro)

 

En el momento se arrestaron a cuatro hombres por ataques a las vías de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte, lesiones, motín, privación ilegal de la libertad tentativa de homicidio y robo. Luego los liberaron con una fianza de 7 mil pesos al comprobarse que fueron detenidos aún antes de que ocurrieran los hechos violentos.

Por el desalojo policiaco la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014 por violaciones graves a las garantías de los pobladores.

El 18 de octubre fueron detenidos cinco habitantes de Chalchihuapan en cumplimiento a dicha recomendación, según lo argumentó el propio gobierno del estado. Sólo dos de ellos salieron bajo caución tras pagar 42 mil y 46 mil pesos de fianza.

 

(Liberación de detenidos del caso Chalchihuapan. Créditos: Cuartoscuro)

 

Y el 21 de noviembre se apresó al presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, bajo este mismo argumento. Los delitos que se le imputan son tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación.

De igual forma dos de los ediles adjuntos que interpusieron amparos contra la reforma a la ley orgánica fueron detenidos.

Leonardo Sabino Báez Serrano, de La Resurrección, el día 17 de octubre por ejercicio indebido de funciones, usurpación de funciones, resistencia de particulares. Mientras que Raúl Pérez Velázquez, de San Miguel Canoa, fue arrestado el 31 de octubre por amenazas, usurpación de funciones, robo agravado y privación ilegal de la libertad.

 

Fecha

Lugar

Número de encarcelados

Razón de encarcelamiento

Agosto de 2011

Municipio de Chignahuapan

31

Por ocupar predios que prensuntamente pertenecían a priístas

Septiembre de 2012

poblado de Francisco Z. Mena

26

Protesta contra Pemex en carretera estatal

Mayo de 2013

Previo a desfile del 5 de Mayo

3

Por presuntamente planear un atentado contra EPN

Octubre de 2013

Ampliación Xilotzoni

1

Por despojo de un terreno

Febrero de 2014

Municipio de Atzitzihuacan

20

Cierre de la autopista Siglo XXI

Abril de 2014

Ciudad de Puebla

3

Por oponerse a obras en el estado

Junio de 2014

Puebla

8

Protesta en la autopista Puebla-México

Junio de 2014

Cacalotepec

8

Protesta contra el transporte

Octubre de 2014

Cholula

4

Protesta contra construcción cercana a la Pirámide de Cholula

Julio de 2014

Tehuacán

8

Protesta en Centro Integral de Servicios

Julio de 2014

San Bernardino Chalchihuapan

4

Protesta en autopista Puebla-Atlixco

Octubre de 2014

San Bernardino Chalchihuapan

7

En atención a una recomendación de la CNDH

Noviembre de 2014

San Bernardino Chalchihuapan

1

En atención a una recomendación de la CNDH

 

Una muestra de la intolerancia del gobierno

La vocera del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social, Carolina González Barragán, comentó la situación en Puebla refleja a un gobierno ajeno a las demandas y necesidades de la población, así como a un mandatario "muy intolerante" y "autoritario".

El comité de presos está conformado por académicos, estudiantes, activistas y artistas mexicanos, como Rosario Ibarra, Damián Alcázar, Jesusa Rodríguez, Eduardo del Río (Rius), Rafael Bajaras (El Fisgón), Daniel Giménez Cacho, Gabriel Macotela, Elena Poniatowska y Dolores Heredia.

"La mayoría de ellos (los presos) tiene una característica, y es que pareciera ser que son disidentes a algunas de las propuestas gubernamentales, o bien por el hecho de que se encontraban manifestándose en contra de alguna de las decisiones del gobernador", dijo González Barragán.

Para la representante del Comité para la libertad de presos políticos el gobierno poblano con sus proyectos pasa por encima de los pobladores, por eso son muchos los casos por los cuales las personas han sido detenidas.

Ante esta situación recomendó a los pobladores que se mantengan unidos, "porque si lo que busca el gobierno es intimidar y lograr la imposición (de los proyectos) a través de la intimidación de los pobladores, es muy importante mantenernos unidos, mantenernos fuertes y en una actitud de denuncia constante".

 

Gobernador tiene política represiva

Por su parte Simón Hernández León, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), destacó que son delitos comunes los que se imputan a los luchadores sociales o defensores de derechos humanos, como daño en propiedad ajena, resistencia de particulares, delitos contra funcionarios públicos, motín y despojo.

La mayoría de los 126 presos políticos en Puebla son acusados de esas faltas.

De acuerdo con el abogado del Centro ProDH, para que sean acusados de esos delitos sólo basta que se les impute desde la autoridad o la policía, porque los jueces le dan más peso a las acusaciones que sean hechas por "funcionarios públicos".

La acumulación de estos delitos "políticos" puede generar condenas desde un mes hasta tres años, para los delitos no graves, y de hasta 12 años si se consideran graves.

Con respecto a la cantidad de presos políticos, Hernández León refirió que obedece a "prácticas autoritarias y represivas" impulsadas por el gobernador Moreno Valle Rosas, frente a una ciudadanía que defiende de múltiples formas sus derechos.

"La administración de Moreno Valle no se distingue del modelo priísta: la estructura política mantiene una alta concentración de poder en la figura del Ejecutivo que domina a los otros poderes del Estado y se caracteriza por el ejercicio vertical del poder y por enfrentar las problemáticas sociales mediante la utilización desviada del poder punitivo del Estado", sostuvo el abogado del Centro ProDH.

Por ese motivo hizo un llamado al Poder Judicial a que actúe con imparcialidad y de manera independiente al Ejecutivo estatal, para que se tomen en cuenta las pruebas de inocencia que se han aportado a favor de los 126 presos políticos que hay en la entidad.

 

 

 

lrc