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Ven censura a medios en ley que protege a niños

La iniciativa preferente presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, prevé multas millonarias contra los medios que publiquen información de menores sin previo consentimiento

Escrito en ESPECIALES LSR el

Con multas millonarias o penas de cárcel por dar a conocer casos relacionados con menores de edad, restricciones para la publicación de historias y la ambigüedad en sus términos legales, la iniciativa de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el Ejecutivo, abre de par en par la puerta para la censura y la autocensura de los medios de comunicación, coincidieron especialistas.

Dicha Ley fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto como iniciativa preferente al Senado, que tendrá hasta el 30 de septiembre para concluir su análisis y enviarla a la Cámara de Diputados para hacer lo propio en 30 días naturales.

Aunque fue ostentada como una ley que contiene mecanismos fuertes para procurar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, dicha Ley General contiene disposiciones que podrían provocar que desaparezcan de la escena pública temas que afecten a este sector de la población.

 

Las restricciones a los medios de comunicación

La iniciativa presidencial establece multas de más de 9 millones de pesos en caso de que, por ejemplo, los medios de comunicación manejen información con datos explícitos de menores de edad por considerar que se trata de una violación a su intimidad.

En el capítulo XV de la Ley, referido al Derecho a la Intimidad, la iniciativa contempla todas las medidas que limitan a los medios de comunicación.

En el artículo 87, se establece que “se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión, así como medios impresos, sin que obre autorización por escrito de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, o que aun existiendo dicho consentimiento, pueda implicar menoscabo de su honra o reputación”.

Para Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos por la Infancia en México (REDIM), la medida es “preocupante”, pues con ella se puede desaparecer a los menores de edad del panorama nacional.

“Nos preocupa especialmente en el caso de los niños víctimas, porque esto podría significar que queden fuera de los medios de comunicación. Pensemos en los casos de niños que estaban en el albergue de Mamá Rosa, en Michoacán, y que la tutora de esos niños era precisamente la victimaria; y, por supuesto, los medios no recibirían la autorización para poder tomar este caso”, sostuvo el activista.

En caso de que se publique una historia sin la autorización escrita correspondiente, la ley impone multas de hasta 140 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir, hasta 9 millones 420 mil pesos; más 20 mil días de salario —un millón 345 mil pesos— por cada día que la información continúe disponible en medios electrónicos.

El artículo 137 indica que al editor o empleado de medio de comunicación que cometa violaciones a estas disposiciones se le impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión y de 15 mil (más de un millón de pesos) a 40 mil días (más de 2.6 millones de pesos) de salario mínimo de multa. El doble de pena será para el directivo del medio o para quien autorice la publicación.

Para Edgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, éste es un tema que puede pasar fácilmente de un mecanismo de protección a la niñez y la adolescencia a uno de censura.

“Frente al riesgo que pueda representar una sanción exorbitante, lo que podría ocurrir es que mejor no se dé la información y esto actuará directamente en detrimento de la libertad de expresión.

“Esto se podrá dar en dos vías: una, la del derecho de los medios a la difusión de su trabajo, de sus investigaciones; y la segunda afectación sería directamente en el derecho de la población a estar informada”, indicó Cortez.

Areli Rojas, directora de la Fundación “¿Y quién habla por mí?”, reprobó que la iniciativa presidencial solo prevé sanciones, pero no se dan las herramientas necesarias para garantizar que se siga con la labor periodística.

“La iniciativa se queda muy corta porque no le dice a los medios a qué protocolo o a qué tratados internacionales remitirse para poder hacer una nota de este tipo.

“Eso lo debería dar la iniciativa, porque tanto es derecho de los medios hablar de esos problemas, como también es su responsabilidad informar sobre lo que ocurre en el país, y no se le va a permitir hacerlo”, consideró Rojas.

 

Términos ambiguos, otro peligro

Además de las sanciones millonarias, la iniciativa de Ley General contiene apartados con términos legales ambiguos con múltiples posibilidades de interpretación, lo que podría ser utilizado por las autoridades para aplicar sanciones.

En su artículo 79, por ejemplo, se establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información, y las autoridades “promoverán la difusión de material que tenga por finalidad asegurar su bienestar social y moral”.

En el artículo 82, se señala que los concesionarios de radiodifusión deben abstenerse de “difundir o transmitir información, imágenes o audios que tengan influencia nociva o perturbadora al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”.

Para Leopoldo Maldonado, abogado de la organización Artículo XIX, además de las sanciones millonarias, el uso de términos ambiguos en la Ley puede representar un peligro para la censura o autocensura de los medios de comunicación e inhibir así que se dé a conocer información que afecte a la niñez.

“Todos esos términos  son muy amplios y ambiguos y pueden tener muchas interpretaciones y prestarse al control de las autoridades. ¿Influencia nociva o perturbadora? ¿Qué es eso? ¿Bienestar moral? ¿Ausencia de valores?

“Para eso hay muchas interpretaciones, el Estado no puede tener una sola idea de la ética o la moral. Esto es aberrante y establece parámetros prácticamente de la Edad Media. Son muy conservadores y por supuesto que se van a prestar a todo tipo de arbitrariedades contra los medios”, expuso.

Maldonado señaló que hay preocupación de que las medidas establecidas en la Ley puedan utilizarse para otros fines, como el control de los medios, so pretexto de proteger a la niñez.

“No estamos diciendo que haya una total libertad y que no se necesite una salvaguarda. El problema es que las que están poniendo en esta Ley General son excesivas, son ambiguas y establecen infracciones desmedidas, que lo único que van a generar es una incertidumbre a todos los comunicadores que inhibirá la libertad de expresión”, destacó el activista.

Otro efecto, previó, será que algunos problemas sociales se vuelvan invisibles a los ojos de la ciudadanía, con lo que desaparecerían del debate público.

El Congreso de la Unión tendrá hasta el 30 de octubre para culminar con el proceso legislativo de la iniciativa y, en el camino, la iniciativa presidencial podría tener modificaciones.

lrc