Vanessa era una niña de 14 años cuando salió de su casa el miércoles 21 de junio de 2010. Caminó por las calles de terracería en una de las zonas más peligrosas de Ciudad Juárez, cuando precisamente ésta era la más violenta del mundo.
Era una niña en Loma Blanca, que además es la entrada a El Valle de Juárez, zona que quedó en calidad de pueblo fantasma, ya que el 75% de la población huyó después de la violencia que desató el supuesto enfrentamiento entre cárteles por el control de la plaza y el combate de las fuerzas policiacas federales, estatales y municipales, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, llevado cabo a partir de marzo de 2008, por el entonces presidente Felipe Calderón.
Desde ese momento, los homicidios en esta frontera se incrementaron en un 470% (160 asesinatos) en comparación con los de un mes anterior y siguieron al alza hasta dejar más de 10 mil muertos en 3 años, según datos del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas.
“Esta crisis de seguridad surgió de manera paralela a la decisión del gobierno durante el periodo 2007-2012 de empeñar los recursos de todo tipo con que cuenta el Estado para lanzar una ‘guerra’ en contra de las drogas y del crimen organizado. Desafortunadamente, esta ‘guerra’ no ha logrado contener el avance de la delincuencia y sí, en cambio, ha traído consigo otra crisis igualmente grave, que es la del incremento en las violaciones a los derechos humanos”, concluye el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Adolescentes, Vulnerabilidad y Violencia.
Un dato
Vanessa era una niña que no sabía que estaba a punto de involucrarse en un secuestro. Luego se convirtió en un dato: uno de los 14 menores procesados por privación ilegal de la libertad en 2010 y una de las 161 adolescentes presas en el país, apenas 4 por ciento del total de reclusos, los otros 3 mil 600 son hombres.
Luego saliendo, un adulto. Misma situación de más de 100 expresos que cumplieron la mayoría edad en el encierro y que quedaron libres luego de la reforma al Código Penal para Adolescentes Infractores, que entró en vigor a mediados del año pasado, que da una pena máxima de 5 años y que antes era de 15.
Hay 11 millones de adolescentes entre 14 y 18 años en el país y poco más de la mitad de ellos vive en pobreza, lo que los pone en una situación vulnerable y difícil para acceder a servicios públicos, salud, educación, entre otros, según el mismo informe de la CNDH.
Vanessa tiene ahora 21 años y toda la incertidumbre que queda luego de pasar una cuarta parte de su vida en una celda de un penal que no prepara a los menores para enfrentar una realidad en la que la reinserción parece un imposible y aun así lo intenta con todas las desventajas que eso implica. Ella lo intenta, no todos tienen esa persistencia.
Vanessa estuvo casada. Cuando salió del penal se juntó con otro adolescente que estuvo en cautiverio por homicidio. Apenas unos meses después de la libertad de ambos y del matrimonio, él -cansado de la vida miserable de ser ayudante de mecánico- la dejó para reintegrase a las filas del crimen organizado. Ese fue el argumento que le dio antes de salir dejándole las deudas que no terminaron de pagar juntos y a las que, Vanessa, con un sueldo de 700 pesos por semana en una maquiladora, no alcanza a ver el final.
En la disyuntiva de tomar uno de los dos caminos, el crimen o la maquiladora, que se les presentan al momento que salen del Tribunal, se encuentran alrededor de 116 menores que fueron liberados luego que el 14 de junio de este año entró en vigor la reforma al Código Penal para Menores Infractores que se hizo a nivel federal y que impactó al del estado de Chihuahua que daba una pena máxima de 15 años a los menores de edad y que cambió a cinco. La población del Cersai 3 de Ciudad Juárez se redujo de 225 a 109 en un mes y seguirá bajando según la vocera de la Fiscalía General del Estado, Alexandrina Saucedo Hernández.
Hay una ola de menores a los que nadie preparó, que no están listos para reintegrarse a la sociedad. Y una sociedad que los ve como una amenaza.
Hay, además, un sistema carcelario que no sirve, según comenta Salvador Salazar Gutiérrez, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez especialista en el sistema carcelario y autor del libro La cárcel mi vida y mi destino Producción sociocultural del castigo La vida del joven en prisión.
“Desafortunadamente, también ha sido una constante que, en los países en situación de postguerra, la justicia juvenil y las políticas de apoyo a los jóvenes no han sido una prioridad pues a menudo las autoridades se hallan ocupados en atender lo que para ellos constituyen temas más urgentes”, cita el informe.
Loma Blanca, el poblado donde creció Vanessa, queda en el costado poniente fuera de Ciudad Juárez. En el 2010 toda esa zona estaba resguardada por militares y agentes federales, y, sin embargo, era más violenta que la ciudad. Tan violenta que sus habitantes se empezaron a ir.
El Valle tomó protagonismo mediático por asesinatos, secuestros, masacres, desapariciones, extorciones, narcofosas, incendios. La violencia era lo cotidiano. Lo que Vanessa aprendió a ver como normal.
El secuestro y la prisión
El miércoles 21 de junio de 2010 Vanessa se peleó con su mamá. Se salió de su casa con la disposición de no volver que te da los 14 años. Su mejor amiga hizo lo mismo y se fueron a casa de otra amiga que era mayor y vivía sola. Ahí durmieron esa noche. Al día siguiente se levantaron tarde, salieron a caminar y pasaron toda la tarde en la calle. Cuando llegaron en la noche se metieron al cuarto de su amiga a platicar. Escucharon que varias personas entraron. Que se metieron al otro cuarto y entonces su amiga les explicó que traían a una mujer secuestrada que estaría ahí sólo un par de días, la cosa pareció normal y siguieron platicando.
El viernes en la mañana, cuando Vanessa entró al baño, supo que ahí en la regadera, estaba la mujer secuestrada. Abrió la cortina, le quitó la venda de los ojos y le dijo que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien. La bañó, el cabello negro largo pegado a su espalda, ondulándose con la caída del agua, le recordó a su madre. Cuando la terminó de bañar metió un ventilador, el calor de julio se puede volver insoportable cuando estás en un baño cerrado y lleno de vapor. Cuando salió uno de los que trajo a la mujer, otro menor, le dijo en tono de reclamo si ella se haría responsable de cuidarla. Vanessa dijo que sí antes de detenerse a pensarlo un momento.
Más tarde le llevó de comer. Platicaron, la mujer le contó de sus hijos. Sus hijos de la edad de Vanessa. Y después otra vez el rito de ponerle la venda que le había quitado. Cuando hubo que cobrar el rescate, se quedaron en la casa un menor, Vanessa y su mejor amiga. Y sólo el menor sabía que se iba a cobrar un rescate en ese momento. Lo demás es lo que se ve en las películas. Un oficial tira la puerta, entran apuntando a todos lados gritando que todos al suelo. Golpes, patadas. El suelo frío de un camión de la Policía Federal. Y a pesar del miedo, Vanessa cuenta que sintió algo de alivio por la mujer y que, equivocadamente, ella no tenía de qué preocuparse porque no había hecho nada malo.
Sin embargo 6 meses después fue hallada culpable de secuestro y sentenciada a 8 años de cárcel, junto con los dos menores que estaban con ella y un mayor, que fue al que agarraron al momento de pedir el rescate. Otro que estaba ahí huyó, era el líder. Y así de absurdo fue el primer y último secuestro de Vanessa, por el que no cobró nada ni había pensado en hacerlo. A pesar de eso, no se queja de los cinco años que pasó presa.
Cuenta que conoció a las personas que considera sus verdaderas amigas, con quienes convivió todos los días durante ese tiempo. Terminó la secundaria, luego la preparatoria. Acudió a talleres de literatura, de música. Participó en el coro. Se acercó a la religión. Lo que se acabó cuando la administración municipal de lo que era la Escuela de Mejoramiento Social para Menores México pasó a manos del Estado, en ese momento se convirtió en el Centro Especializado en Reinserción Social para Adolescentes Infractores y todo eso se acabó.
Entonces con el cambio Vanessa perdió el sueño porque en las madrugadas, a veces, los oficiales que dejaron de llamarse oficiales para ser Zeus, según su rango Zeus 1, Zeus 2, o Zeus 3, entraban a los módulos a mojarlas o a gasearlas o a decirles que se levantaran, que nadie se iba a sentar hasta que ellos dijeran. Así llegaron los especialistas en reinserción y se fueron el padre y la biblioteca con su bibliotecaria y los talleres de artísticas, con sus maestros de artísticas. Los libros los llevaron a una bodega y así abandonaron dos aspectos clave de la reinserción, la parte espiritual y la cultural.
“La biblioteca, me dijo una empleada que todavía está ahí que, la quitaron y la deshicieron, desgraciados, es que son unos salvajes, son una horda de salvajes, la quitaron para hacer dormitorios y le pregunté por los libros y dijo que se los llevaron a un salón. Le dije que si le habían avisado a Conaculta porque es una biblioteca pública. Toda la parte artística la quitaron”, cuenta Graciela Delgado, trabajadora social que estuvo en la Escuela de Mejoramiento Social durante 10 años y se fue unos meses después del cambio a Cersai.
Después del padre, de la biblioteca y la bibliotecaria, se fue Vanessa a enfrentar una realidad para la que no se sentía preparada.
“Cuando estás ahí adentro por ejemplo lo que sientes es que nunca has estado afuera, como si nomás lo tuvieras en tu mente, pero nunca hubieras estado. Es el sentir del tiempo”, lo dice ella que pasó cinco años, una cuarta parte de su vida, en un búnker tras una reja y ahora está frente a un lago de uno de los parques más grandes de la ciudad.
“No existe ningún recurso legal, ningún recurso normativo para el seguimiento a una persona que acaba de cumplir una sentencia y que eso lleva a que se cuestione el concepto de reinserción. La realidad de lo que vemos aquí es simplemente que desde que se está cumpliendo una sentencia no le importa a nadie lo que pasa con estas gentes. Al final de cuentas al salir de cumplir una sentencia quedan simplemente en una situación muy vulnerable, muy precaria. Entonces realmente no hay ninguna posibilidad de que ellos logren encontrar algún espacio para insertarse”, asegura el investigador Salvador Salazar Gutiérrez.
“Experimentar una combinación de discriminación y pobreza significa que los adolescentes son excluidos. Esta exclusión está impidiendo que millones de adolescentes accedan a la salud, la educación, el empleo y la protección que requieren”, refiere el informe de la CNDH.
Las reformas
En 2005 se aprueba una reforma a la ley para menores infractores, se llama Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. En el país entra en vigor el 12 de marzo de 2006. En el estado, cuenta Jorge Gutiérrez, juez especializado en menores infractores en la Ciudad Judicial del Distrito Bravos, en 2008.
La reforma consiste en lo siguiente: “A partir del 2008 con la reforma del 2005 los menores de edad ya cometen delitos. Donde está usted ahorita es el juzgado especializado en adolescentes porque todos, porque todos tenemos la especialidad en procesar a un menor de edad y sentenciarlo por el delito que cometió. Ahora sí ya hay proceso, hay abogado, hay un delito y van a recibir una pena, cuya pena máxima es de hasta 15 años de prisión. Pero la reforma habla de una reinserción social familiar, social y familiar”, explica. “En materia de adolescentes no hay un seguimiento porque no hay una ley, tendría que crearse esa ley para que obligue al Estado dar seguimiento a partir de la fecha o el día en que terminan su internamiento para saber qué están haciendo”, dice. Entonces tenemos que el sistema que castiga no sabe qué pasa con los menores que cumplen una sentencia.
Antes de la reforma la pena máxima para un menor era de 5 años. Se incrementó 10 años. La parte de las condenas se aplicó como dice la reforma. Lo que no se aplicó es el proceso de reinserción basado en una educación integral. Esa parte que es la que garantiza a la sociedad que los sujetos que salen están listos para reintegrarse o se les olvidó, o no han podido, o no han querido aplicarla.
“Desde el cambio de dirección, desde el cambio de oficial de seguridad, desde el cambio de oficiales, desde los horarios de oficiales de 24 por 48, cómo puede ser posible que tú atiendas las necesidades de un sujeto a tus 22 horas de trabajo, no puede ser. Otra cosa, la familiaridad, la familiaridad pues ya crea abusos porque bajas disciplina, en ese sentido no tienes la solidez tampoco para sostener una perspectiva de formación al sujeto. Es importantísimo una reforma en todo lo que es el sistema penitenciario”, explica el presbítero Roberto Luna, quien trabajó con adolescentes infractores durante 12 años para atender la parte espiritual de los internos.
Pero entonces el Cersai aún no era un Centro Especializado, era, a pesar del internamiento, más bien, una escuela. O eso intentaban que fuera. Se llamaba Escuela de Mejoramiento Social para Menores México y entonces el nombre no llevaba incrustada la promesa de la reinserción y, sin embargo, se intentaba, cuenta el padre Beto.
Se intentaba a través de una educación integral que abordaba el punto académico, el cultural, el psicológico y el espiritual. Desde que llegó el Cersai al padre Beto no le gustó la manera en que se manejaban y delegaban responsabilidades, por eso decidió irse y desde entonces, casi 2 años han pasado, no ha llegado otro presbítero a remplazarlo. La parte espiritual también está descubierta.
“El objetivo es común, porque lo realizamos en el 2005, el objetivo fue ese, o sea crear… y precisamente se despierta el sentimiento de culpa y se va creando conciencia de pecado porque algunos no tenían conciencia de pecado pero el rollo religioso les servía para eso… es importante para ese aspecto, para un sentimiento de culpa, pero bien integrado en todo el proceso de readaptación, no como un rollo aislado porque el sistema penitenciario actual es un rollo aislado, ‘atiéndalo, atiéndalo, haga lo suyo’. No, no, es que así no va a funcionar, por eso dejé de ir. Porque a mí no me convenció el nuevo sistema pedagógico, ‘ayúdenos’, y luego, no, no, no, es que no se trata de una aspirina, no, o sea, es un rollo integral, así básico, trabajar de una forma coordinada y organizada no de una forma aislada sin una solidez. El sistema penitenciario actual no ofrece ninguna garantía en la solidez”, explica.
Luego, el presbítero deja ver algo de culpa cuando dice: “Sí, yo sí los tengo abandonados. Pero tú no puedes cargar con la conversión de todos, porque si el Estado no descubre que es un rollo de ellos, empiezan a dejar a otros lo que él tiene que hacer”.
A la pregunta: ¿No sería importante darle seguimiento a los menores dado que regresan a las mismas condiciones de las que surgió la conducta violenta, es decir, la colonia, la pobreza? El juez contesta despacio: “Indudablemente”. Pero no se hace.
“Nuestro estudio nos permitió concluir que, una buena parte de los adolescentes que escuchamos, atravesaron por experiencias difíciles y dolorosas que les han producido daños importantes y que ellos, a su vez, han replicado en los demás. Desafortunadamente, los elementos que les brindan los centros de internamiento, no siempre les permiten hacerse cargo de su responsabilidad, comprender a fondo su situación y estar en condiciones de reparar los daños físicos y emocionales que han sufrido y que han hecho padecer a otros”, refiere el informe para pasar a explicar que para tratar de entender el fenómeno de los menores infractores es necesario entender el contexto de violencia en el que crecieron y se desarrollaron.