El 29 de noviembre de 2011, el entonces comandante de la II Zona Militar de Tijuana, Gilberto Landeros Briseño, posó para las cámaras de televisión frente a mil 68 paquetes cuadrados de mariguana. Lo flanqueaban dos soldados con los rostros cubiertos y cuyas manos asían con fuerza los fríos cuerpos metálicos de dos fusiles de asalto.
Landeros, de rostro regordete y gafas pequeñas, sonreía. Era una sonrisa de satisfacción porque el Ejército había dado un duro golpe al narcotráfico, para beneplácito del gobierno de Felipe Calderón, desgastado en su imagen por una lucha declarada al crimen organizado que había provocado más muertes que una epidemia.
Eran 3.9 toneladas de mariguana empacadas y listas para ingresar a los Estados Unidos. El decomiso por sí solo hubiera sido una impactante noticia, pero lo que vino enseguida dejó atónitos a muchos.
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Por afuera, era la fachada normal de una bodega, una construcción hueca, con portón de metal, tan alto para el paso de los camiones. Por adentro, el pasadizo subterráneo hacia el otro lado de la frontera.
En la calzada Fuerza Aérea, del centro urbano 70-76, esta bodega había pasado desapercibida. Era, como la mayoría de las construcciones en esa zona, un receptáculo de productos y tráileres que llegaban a Tijuana por montones. Además estaba cerca del aeropuerto y de una base aérea militar.
Una llamada anónima puso en alerta a las fuerzas armadas de México. Era la clara denuncia de que en esa bodega había un túnel que conectaba a Tijuana con Otay Mesa –una comunidad de almacenes y comercios de San Diego, California– y que servía para el tráfico de drogas, personas, armas y dinero.
Sigilosamente, policías y soldados iniciaron una investigación que los llevó a constatar, meses después, lo que la persona de la llamada anónima les había dicho. Así fue que el 29 de noviembre de 2011 implementaron un operativo y se metieron, literalmente, a las entrañas de la frontera.
Esta acción quedó constatada en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información pública enviada al portal de transparencia del gobierno federal.
No se trataba solamente de uno de los 39 túneles asegurados durante el mandato calderonista: era el mejor y el más sofisticado.
“Contaba con revestimiento de madera, un elevador rústico metálico accionado por un sistema eléctrico, un sistema de rieles sobre el cual se desplaza una plataforma eléctrica, con iluminación, acondicionado con ventilación por medio de un extractor de aire”, dice el informe. Una descripción corta para lo que realmente representaba ese túnel.
Al fondo de la bodega, en una oficina, estaba camuflado a ras de suelo el acceso principal. Era un agujero cuadrado por el cual se desplazaba, a una altura de ocho metros y medio, un elevador de metal accionado a través de un sistema eléctrico con interruptores de colores.
El descenso era lento. Los ojos, a través del elevador, captaban las imágenes de un amplio cuarto subterráneo construido con bloques de cemento y perfectamente iluminado. En una de las paredes estaba el acceso al túnel.
En casi la totalidad de sus 572 metros de largo, el agujero horizontal de 1.20 metros de ancho y 1.40 metros de alto estaba revestido con madera en las paredes y el techo. Era imposible un derrumbe. Debajo, en el suelo, un sistema de rieles alojaba una base metálica que se movía con electricidad de un extremo al otro y soportaba cargas pesadas. El extremo final era otra bodega en Otay Mesa, en el lado estadounidense.
A lo largo del túnel había un sistema de cables y focos de 60 watts que acababan con la oscuridad propia del subsuelo. La electricidad también permitía accionar un sistema artificial de aire. Fue, sin duda, un lugar de lujo para trabajar, en comparación con las minas subterráneas que se han ganado las portadas de los periódicos por sepultar a trabajadores tras los derrumbes.
¿Quién había solicitado la construcción de este túnel? El general Gilberto Landeros Briseño no se atrevió a decirlo, aunque sus características fastuosas sólo podrían ser atribuidas a un hombre, cuya preferencia por los túneles fue evidenciada tras su detención en febrero de 2014: Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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Del 19 de septiembre de 2007 al 20 de noviembre de 2012, el Ejército Mexicano aseguró 39 túneles en las fronteras de Baja California con California y de Sonora con Arizona.
El glosario del crimen organizado los llama “narcotúneles” y es imposible cuantificar cuánta droga fue transportada en ese periodo a través de la frontera subterránea que comparten México y Estados Unidos.
Lo que sí se sabe es que su proliferación es producto de tres factores inseparables: la corrupción que impera en ambos lados de la frontera, la cercanía entre las ciudades y la deficiente atención por parte del gobierno de Estados Unidos.
José María Ramos, investigador del Departamento de Administración Pública de El Colegio de la Frontera (Colef), dijo que los “narcotúneles” son tan sofisticados y profundos que incluso para los sistemas electrónicos modernos resulta complicado detectarlos.
“Una mayor cantidad de descubrimientos de esa naturaleza implica contar con equipo especializado y una mayor capacidad de las policías federales, tanto de México como de Estados Unidos, y en el caso de Estados Unidos su participación ha sido muy limitada o no ha sido su prioridad, contrariamente, sabiendo que a través de túneles se trafica con drogas y personas”, señaló.
También es complicado detectarlos visualmente porque están escondidos, camuflados o protegidos a través de una red de corrupción que involucra al narcotraficante y al policía, sea mexicano o estadounidense.
Ramos afirmó que la suntuosidad de los túneles del narco refleja una necesidad de modernización e innovación para facilitar el tráfico hacia el país del norte, principal consumidor de las drogas que se producen en territorio mexicano.
“En la medida en la que existe la demanda de drogas a Estados Unidos, los grupos delictivos van a invertir en las mejores tecnologías precisamente para garantizar el flujo. Eso de alguna manera refleja el dinamismo de que a pesar de que la Política de Seguridad Fronteriza de Estados Unidos se ha reforzado, no se ha reducido el tráfico de drogas, quizá por la corrupción que impera”, planteó.
Actualmente, las zonas fronterizas con más aseguramientos de “narcotúneles” son Tijuana-San Diego, Mexicali-Caléxico, Nogales-Nogales, San Luis Río Colorado-Yuma y Agua Prieta-Douglas, todas entre Sonora y Baja California, del lado mexicano, y Arizona y California, en el otro extremo.
En la frontera comercial que comparten Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas, el paso de drogas ocurre a través de los camiones de carga. Se estima que el 60 por ciento de las exportaciones comerciales de México hacia Estados Unidos ocurre a través de esta zona y, de este total, entre un 5 y un 8 por ciento corresponde a lo que el investigador llama “mercancía secundaria”.
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Dieciocho metros abajo, un túnel con altas especificaciones se abría paso entre San Luis Río Colorado, Sonora, y el pequeño pueblo de San Luis, Arizona. Debió costar más de un millón y medio de dólares al responsable de su construcción, dijo el agente especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Doug Coleman.
El túnel: un metro de ancho, revestimiento de madera y sistema eléctrico para el funcionamiento del equipo de ventilación e iluminación.
Del lado sonorense, la gente creía que era un negocio para la venta de agua purificada y hielo, llamado “Ice Land”, amplio, de paredes azules, con cisternas de plástico en las que reposaban miles de litros de agua. Del lado arizonense, una bodega en el 508 de la calle Archibald.
En una oficina, debajo de un trozo de piso falso, aparecía el acceso, un hueco vertical con escalones metálicos que conducían al túnel de 230 metros y paredes revestidas en madera. Coleman estimó al menos un año en su construcción y dijo que había elementos suficientes para creer que le pertenecía a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La construcción de túneles cada vez más sofisticados para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos es considerada por el comunicador e investigador de temas de seguridad, Jorge Medellín, como una obra de ingenieros, arquitectos y especialistas en manejo de suelos. Los albañiles, por sí solos, no tendrían la capacidad para hacerlo.
¿Y cómo ha conseguido el narco a estos especialistas? Medellín afirmó que han sido secuestrados o reclutados, en el mejor de los casos, según ha logrado documentar en sus investigaciones.
“Los narcotúneles comenzaron a ser artesanales hace 15 años, pero en la medida en que se dieron deserciones en las fuerzas armadas, los grupos como el Cártel del Golfo y los Zetas iniciaron con el secuestro de ingenieros, técnicos y expertos en telecomunicaciones para que hicieran sus sistemas de radio con el que operan.
“Después, otros cárteles les copiaron, pero sobre todo la gente del ‘Mayo’ Zambada en Baja California y los Arellano Félix hicieron lo mismo: secuestran gente especializada y los obligan a que les hagan sistemas muy complejos tanto de comunicación como de paso, en la frontera”, aseguró.
Hasta ahora, dijo, son 10 u 11 topógrafos que están desaparecidos. “Los han reclutado en universidades, en empresas, porque es la forma en la que ellos van armando sus equipos de técnicos para conocer el subsuelo, la zona de paso, la vigilancia”, agregó.
También el narco se ha aprovechado de las deserciones de miembros del Ejército que tienen alguna experiencia para la construcción de los túneles.
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2012 –el periodo calderonista– desertaron de las filas del Ejército 49 mil 471 efectivos, según un informe entregado por la Sedena a través de su portal de transparencia, aunque evidentemente no todos se sumaron a las actividades del crimen organizado.
De acuerdo con Medellín, 39 “narcotúneles” encontrados en el periodo de Felipe Calderón es una cifra muy baja.
“Oficialmente hay pasos fronterizos, pero se calcula que hay el triple de túneles en la frontera de Sonora y Arizona y hacia Tijuana”, dijo.
Detectarlos es complicado no sólo porque a más de 12 metros de profundidad resultan invisibles para los sistemas electrónicos con los que cuenta el gobierno, sino porque existe corrupción. “Dónde están, quiénes los operan, cómo, son situaciones que deben investigarse muy a fondo. Eso implica una cadena de complicidades”, señaló.
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Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto también se han encontrado “narcotúneles”. El informe de la Sedena indica que son diez y uno es el más largo de todos los que han sido asegurados por el Ejército durante el sexenio anterior.
El 30 de octubre de 2013, en Tijuana, fue detectado un túnel de 800 metros de largo. La dependencia describió que “cuenta con soportes de madera, sistema de ventilación e iluminación, instalación de rieles sobre los que se desplaza una plataforma”.
Aunque no hubo personas detenidas, fueron asegurados 2 mil 473 kilos de mariguana en su interior.
El 31 de marzo de 2014, el más reciente túnel asegurado en ambos lados de la frontera involucró a una abuela de 73 años. Glennys Rodríguez, una notaria radicada en San Diego, California, rentaba el inmueble en el que desembocaba el “narcotúnel” en el lado estadounidense.
El investigador Jorge Medellín aseguró que mientras continúe la corrupción entre las autoridades y el narco, persistirá el tráfico de drogas, armas, personas y dinero a través de la frontera subterránea.