OAXACA (La Silla Rota).- De tanto golpe que recibió, toques eléctricos en los testículos y amenazas con hacerle daño a su familia, Marcelino Mejía García, indígena de la región de la Costa, terminó por aceptar "firmar" una hoja en blanco. Así se "confeccionó" su responsabilidad en un homicidio que no cometió, aseguran sus abogados y familiares.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, informó que en los 16 penales con los que cuenta la entidad hay una población de alrededor de 4 mil personas privadas de su libertad, la mayoría su origen es de algún grupo étnico, de las cuales el 50% se encuentran sujetas a procedimientos con el sistema tradicional o en prisión preventiva en el nuevo sistema de Justicia Acusatorio Adversarial, es decir sin sentencia.
La historia de Marcelino inició hace 8 años en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional. Una noche de mayo se registró un asesinato a balazos. Marcelino percibió el ruido de los disparos, en la zona del camino que tomaba diariamente rumbo a su trabajo. Corrió para ver qué había sucedido y alcanzó a ver la espalda de una persona yéndose y del cuerpo tirado en la tierra sobre un charco de sangre, según consta en su declaración.
No fue su día de suerte: agentes estatales de Investigación llegaron al lugar, y lo detuvieron como el presunto responsable.
En el informe policial, los agentes involucraron a Marcelino, ya que -según ellos- lo encontraron corriendo, y supuestamente al revisarlo le hallaron dos armas de fuego.
Sin saber hablar bien español, y sorprendido por lo ocurrido, Marcelino fue presentado a la agencia del ministerio público. Ahí comenzó su tortura física y psicológica hasta que finalmente firmó. "Sí, firmó su sentencia sin saberlo, podemos decirlo así porque no sabía leer ni escribir", señala su abogado, Gerardo Martínez.
La supuesta declaración bastó para que el juzgado Mixto de Pinotepa Nacional lo procesara y condenara a 30 años de prisión; desde entonces su vida está encerrada en el penal de Santa Catarina Juquila.
Teodora García Hernández, es la mamá de Marcelino, también le cuesta expresar palabras en castellano porque en su comunidad habla mixteco y necesita de un traductor. En entrevista, dice que ha padecido la ausencia de su hijo que fue encarcelado y sentenciado por un crimen del que es inocente.
"Él se iba temprano a trabajar, era su ruta diaria, solo iba pasando cuando ocurrió el asesinato, los policías lo vieron que iba pasando, lo agarraron, lo metieron a la camioneta y se lo llevaron, ¿qué podía hacer?, nada ya estaba ahí",
El indígena hablante de mixteco de la Costa, escasamente entendía algunas frases en castellano, pues él y sus hermanos no pudieron seguir en la escuela porque su papá murió y desde muy pequeños tuvieron que ponerse a trabajar para llevar el sustento familiar.
Teodora, inclina la cabeza tratando de escoger el llanto, el paso del tiempo y los años que ha luchado por ver a su hijo en libertad lo denotan las canas que han invadido su cabellera y las arrugas en el rostro. Solo pide seguir con vida para poder verlo libre.
"Queremos que lo liberen, que se conozca que no es un asesino, él no mató a nadie, pero esta ahí preso pagando por un delito que no cometió".
La mujer exige a las autoridades del Poder Judicial del Estado voltear los ojos para el caso de Marcelino y pueda recobrar su libertad para que regrese a los brazos de su familia.
"Nosotros conocemos varios casos, la policía agarra a las personas sin cometer ningún delito y los encierran, porque así actúan ahí (su comunidad) y pues nosotros no podemos hacer nada porque las autoridades nos ignoran".
El abogado de Marcelino, integrante de un organismo civil dedicado a la asesoría legal de indígenas, detalla que en la declaración los agentes mencionaron que al revisar al hombre le encontraron dos armas y él les dijo que las llevaba por si una fallaba. También que cada una la adquirió por tres mil pesos. "Totalmente incongruente cuando un indígena de escasos recursos que sobrevive con lo mínimo, de dónde va a sacar seis mil pesos".
A Marcelino se le violó su debido proceso, pues al principio de su juicio no tuvo traductor para entender por qué estaba siendo procesado. Actualmente con el apoyo del Centro de Profesionalización Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C. da seguimiento al caso y lleva su defensa en busca de conseguir su libertad.
UNA LUZ EN EL CAMINO DE LOS INDÍGENAS
El Centro de Profesionalización Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C (Cepiadet) es una agrupación que fue constituida en el 2005 por jóvenes de diversas comunidades indígenas del estado. La omisión persistente por parte del Estado para garantizar los derechos lingüísticos de las personas, específicamente en el tema del traductor e intérprete en lenguas indígenas en procesos judiciales, impulsó su creación.
En el caso de la defensa legal de personas indígenas, esta organización actualmente lleva dos casos: el de Marcelino Mejía, indígena costeño y de Adela García Carrizosa, indígena mazateca presa en el penal de Tanivet, Tlacolula. En ambos casos se les violó su debido proceso por falta de un traductor.
Tomás López Sarabia , presidente del Consejo Directivo de la organización, comenta que los casos llegaron a sus manos por el trabajo que hacen en las comunidades indígenas, y en ambos observan graves violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, puesto que no hubo un traductor por ser hablantes de una lengua y en el caso de Marcelino la tortura.
"En el caso de Marcelino se ordenó una investigación, así como la aplicación del Protocolo de Estambul, situación que hasta el momento no se ha cumplido", señala.
Para Tomas López, en general hay un problema estructural en el sistema de justicia, ya que sí se ha logrado avanzar en el tema de formación de intérpretes y generar distintos padrones en dependencias, pero desafortunadamente no existen a nivel local las condiciones para cubrir los gastos de un traductor, desde el traslado a los juzgados o penales, la alimentación u hospedaje y el pago de honorarios, "eso dificulta mucho el acceso a la justicia".
Menciona que quienes deben estar auxiliando a indígenas en su juicios tienen que estar acreditados y certificados, pero en Oaxaca solamente se cuentan con 72 traductores con estas características, lo que representan el 13% de las 176 variantes lingüísticas que se hablan en la entidad y si a eso se le agrega la falta presupuesto, el escenario que se tiene es que no se están logrando los objetivos para la defensa de los derechos de los pueblos.
Solo en el tema de presupuesto para cubrir intérpretes en materia penal se requeriría de 35 mil pesos para cada juicio donde participe un hablante de lengua indígena, los cuales si se multiplica por los presos que atiende el poder judicial local se requeriría más de 42 millones pesos, cifra que representa solo 3.03% del presupuesto total que recibe tanto la fiscalía como el poder judicial.
"La pregunta es si es más importante garantizar los derechos de la gente que más lo necesita o el Estado prefiere gastarlo en publicidad oficial", dijo Tomas y añadió que de acuerdo con datos del FUNDAR, centro de investigación y análisis, para este año se estima una inversión de 260 millones de pesos para gastos de publicidad.
En Oaxaca más de la mitad de la población en penales son de origen indígena y sin sentencia.
Juan Rodríguez Ramos, visitador general de la DDHPO, mencionó que hay personas privadas de su libertad con procesos que han rebasado los términos de ley a efecto de que se le dicte una sentencia ya sea en forma absolutoria o condenatoria.
La Defensoría actualmente tienen registradas al menos 10 quejas, sobre todo por la dilación en sus procesos, lo que representa una grave violación a sus derechos de acuerdo a la Constitución, porque se atenta contra el principio al derecho de una justicia pronta y expedita.
"También se violenta sus derechos humanos a la seguridad jurídica, es decir en que toda persona debe tener certeza que los servidores públicos van a actuar de acuerdo a lo que establece la ley; en el caso de los indígenas se viola sus derechos lingüísticos en caso de no tener un traductor y se viola el derecho de la víctima porque también tienen derecho a una justicia pronta".
Rodríguez Ramos indicó que la población presa indígena ha sido la más afectada por su condición, además de la falta de recursos no les permite acceder a un abogado privado, y los abogados de oficio no les garantizan prontitud para avanzar en su defensa, "su condición de pobreza y marginación les ha afectado mucho, además sabemos que aunque sí hay traductores, las diligencias se difieren o se retrasan porque no existe el perito en la lengua que se requiere se traduzca, y en otros suspenden los términos constitucionales".
El visitador señaló que por falta de un traductor se han tenido que reponer los procedimientos, pues los imputados al no ser asistidos por un traductor, la sala penal ordenar volver a empezar. "Increíble se pasan años en la cárcel en espera de su sentencia".
Por otro lado, hay casos de tortura, maltrato y otras violaciones que atentan contra la dignidad humana de las personas que están privadas de su liberad
En tanto que un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2015 revela que hasta noviembre de ese año había 8,412 indígenas en los centros penitenciarios del país.
El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Horario Mendoza informó que ha propuesto un punto de acuerdo en la LXIII legislatura local para prevenir, investigar y sancionar los casos de tortura que se registran en el estado dentro y fuera de los penales.
"Al hacerse una detención, los policías u agentes violan los derechos humanos cuando presentan la indiciado, por eso estamos impulsando que se garanticen los protocolos en el tema de no ser violentados, ni que se recurran a prácticas de tortura para arrancarles una declaración de culpabilidad".
Se busca que se regule o se sancione a cualquier autoridad, judicial o administrativa, cuando ponga a disposición a algún detenido o indiciado.
Adela García, la indígena procesada por asesinato sin cometerlo
Originaria de San Lucas Zoquiapan, región Cañada, Adela García Carrizosa, fue condenada a 20 años de prisión acusada del delito de homicidio calificado contra su cuñado.
Adela -hablante de mazateco- también firmó documentos en blanco sin saber ni entender qué pasaba, dos años después de permanecer presa, la necesidad la obligó a aprender castellano, fue así como entendió de qué se le acusaba y por qué estaba en la cárcel, además de la ayuda de un traductor del CEPIADET, quien también tomó su defensa en el 2013.
La mujer fue detenida en mayo del 2009, señalada de matar con su marido al hermano de este, Artemio Rosas Rosas García. En los documentos que firmó, ella acepta haber participado en el crimen y apoyar a su marido para enterrar a su hermano.
En la versión de Adela, lo que pasó en realidad fue que estaba en su hogar, reponiéndose de una cesárea practicada dos meses antes de su segundo hija y además cuidaba al primera de dos años, cuando a su casa llegó su cuñado quien la atacó para abusar sexualmente de ella. En ese instante, llegó su marido y empezó a pelear con su hermano, Adela asustada de lo que pasaba tomo a sus hijos en brazos y salió de su vivienda; su esposo en defensa de su familia terminó por matar a su hermano.
Adela y su esposo fueron detenidos, en el caso de ella fue recluida en el penal de Tanivet, Tlacolula, en su caso se le acusa del homicidio cuando pudo haber hecho más para evitar el asesinato, mencionó Tomas López, de la organización que llega su defensa.
La mujer no solo ha padecido la condena de un crimen que no cometió, según su defensa, también fue separada de sus dos pequeñas hijas quienes quedaron a cargo de sus abuelos, personas de la tercera edad y de muy bajos recursos. Por su condición no pueden visitarla en el reclusorio y desde hace más de un lustro no ve a sus pequeñas de casi 10 y 8 años de edad.
jamp