SAN FELIPE.- Marivy Yaribel Marfil Pomol inició la construcción de su casa en esta zona prohibida, en este municipio ubicado al norte de Yucatán. La necesidad la llevó a asentarse ahí, dentro de un Área Natural Protegida de la Reserva de Dzilam, zona que fue declarada Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) en el 2000.
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Al igual que Marivy, otros habitantes se instalaron ahí, de manera irregular, por la necesidad de un hogar.
“Somos muchas personas que necesitamos una vivienda digna, un terreno. Fue la necesidad de nosotros, es importante el mangle, pero también tener un techo para nosotros. Sabemos que no solo es talar, tenemos consciencia”, dice Marivy.
La importancia del lugar radica en la barrera natural contra huracanes que conforma el manglar y en la riqueza de faunística que representa. Según datos de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado, habitan alrededor de 290 especies asociadas a más de 300 especies de flora pertenecientes a cinco tipos de vegetación.
Crisis de vivienda
Los pobladores de San Felipe se ven ante la falta de espacios permitidos para construir viviendas. Ello los impulsó a organizarse y pagar el ingreso de la maquinaria que taló el manglar.
Luis Valdemar Pérez Díaz, otro habitante del puerto, acusa que se trata de una respuesta ante la omisión de las autoridades federales y estatales, quienes durante años ignoraron las necesidades del pueblo.
Ya llevamos bastantes años en este lugar y la gente aumenta, el pueblo no crece actualmente. Es bastante la comunidad y no hay donde vivir. Se tomó esta iniciativa de la gente por la necesidad que tenemos
Pero la destrucción del manglar no es un problema nuevo. En noviembre de 2018, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) informó, en un comunicado de prensa, que realizó una denuncia penal por las actividades de derribo de manglar y relleno de humedal en San Felipe.
En aquella ocasión, señaló al actual Síndico del Municipio, Antonio Marrufo López, y otras personas, como presuntas responsables por estos los delitos. También en 2019, la senadora del Partido Acción Nacional, Cecilia Patrón Laviada, denunció en dos ocasiones la destrucción de la reserva de Dzilam Bravo ante PROFEPA.
Y a pesar de que el municipio ha sido multado en tres ocasiones con más de un millón y medio de pesos, los trabajos de construcción no se detienen.
Ecocidio “sin permiso”
Respecto al tema, la alcaldesa del municipio, Juana María Baltazar Ceballos, aseguró que el Ayuntamiento nunca ha otorgado los permisos para derribar y construir en la reserva protegida.
“La gente se organizó, se puso de acuerdo para juntar dinero y pagar la maquinaria. Y como nunca otorgamos los permisos, decidieron hacerlo por cuenta propia, porque necesitan dónde vivir. Entendemos, como dicen PROFEPA y SEMARNAT, es un área natural protegida, no tenemos derecho de cortar el manglar, pero también tienen que entender que la gente quiere un espacio donde vivir”.
Incluso ha solicitado a las delegaciones de PROFEPA y SEMARNAT entablar un diálogo con la ciudadanía para buscar una solución al problema.
En el pasado, los pobladores afrontaron la falta de tierra donde levantar nuevas casas y construían habitaciones independientes en sus patios para las nuevas generaciones. Situación que se puede observar a simple vista caminando por el municipio.
Por ejemplo, Fátima Esmeralda Escamilla Avilés hizo su vivienda en la parte trasera de la casa de sus suegros, que colindaba con la reserva natural. Pero después de que los padres de su esposo murieron, iniciaron otros problemas, ya que la propiedad fue vendida y los nuevos dueños amenazaron con cerrarle la entrada de la calle principal.
No había en aquel entonces estos árboles, entonces construimos la casa al fondo. Cuando vendieron las casas de aquí enfrente, pues ya no había donde pasar, entonces empezamos a hacer un camino de piedras para salir
Un problema federal
En lo que refiere a la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, su titular Sayda Rodriguez, manifestó que es un tema que corresponde únicamente a la autoridad federal.
En este caso, en específico, por el tipo de problemática con el manglar, es completamente federal; lo que hacemos es canalizarlo en la Profepa, dejemos que la Federación actúe
Aunque resolver el problema de la vivienda podría ser difícil, no es imposible. La doctora y especialista en ecología y taxonomía de macroalgas marinas, Ileana Ortegón Aznar, planteó que una opción es llevar a cabo un estudio de impacto ambiental que determine si existen partes del manglar con un daño permanente donde quizás podrían construirse zonas habitacionales.
“En un momento dado, si lo que se requiere es un espacio para habitación, lo óptimo es un estudio del sistema, una valoración y en la zona donde se pueda ver y generen menor impacto, es decir, donde ya esté impactado por otra zona habitacional construir. Y sino, pues (hay) que hacer edificios, que crezcan para arriba”, puntualiza.
Desafortunadamente, la falta de soluciones de las autoridades estatales y federales ha despertado la inconformidad en los habitantes de San Felipe, quienes en el intento de tener su propio hogar y espacio, vigilan el área para evitar la clausura de obras y no permiten se acerquen personas desconocidas.
Esta situación los obligó a que en noviembre del año pasado bloquearan la salida del puerto para evitar que el delegado federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, detuviera los trabajos en el manglar. Hecho que fue descartado al día siguiente por el mismo funcionario.
Sobresale que las calles y caminos que ahora construyen por cuenta propia fueron solicitados desde 1998, según un documento del propio municipio. Y en tanto no exista una respuesta se seguirá devastando el manglar, hogar de cientos de especies.