CIUADAD DE MÉXICO (La Silla Rota)- Desde finales de noviembre, el Senado analiza una iniciativa ?que ?crea la Ley General de Archivos para garantizar la preservación del patrimonio documental de la Nación, la cual fue rechazada por académicos y organizaciones de la sociedad civil al calificarla de dañina y de debilitar los avances legislativos en materia de transparencia y anticorrupción.
Uno ?de los expertos que lanzó una alerta por el contenido de la iniciativa? ??-que fue presentada ?en noviembre pasado por ?los senadores del ?PRI, PAN y PRD?- es el coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, quien no duda en señalar que con la aprobación de esta propuesta, como viene planteada, se corre el riego de borrar la memoria histórica del país y debilita seriamente el recién estrenado Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes en materia de transparencia.
En entrevista con La Silla Rota, el académico del CIDE explicó que ?el control sobre los archivos públicos no debe recaer en la Secretaría de Gobernación como propone el texto legislativo, además de que la redacción propuesta permitiría a los gobernantes en turno o funcionarios públicos de alto nivel “depurar”, sin un control técnico, documentos de gran valor social.
Agregó que la iniciativa de ley introduce un factor político de revisión de todos los documentos públicos que originalmente no estaba pensado en el sistema nacional de transparencia, ni en el de combate a la corrupción.
Luego de presentar la iniciativa, la cual fue impulsada por los panistas Laura Rojas y Héctor Larios, el perredista Zoe Robledo y la priísta Cristina Díaz, la Cámara Alta organizó audiencias públicas, donde la constante fue el rechazo ?principalmente de organizaciones académicas y civiles que advirtieron el retroceso en el tema.
En las audiencias, el propio Mauricio Merino explicó que es un gran error que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos, pues se entiende como otorgarle el control político de la memoria histórica del país, por lo que se pronunció para que el Archivo General de la Nación tenga autonomía técnica del tema.
¿Dónde están los principales problemas de esta ley?
Hay un factor político inadmisible ¿Y en qué consiste este control político? Pues en la entrada de la Secretaría de Gobernación, como cabeza del sistema nacional de archivos, para revisar prácticamente todos los archivos del país, obviamente con criterios que no tienen garantía de ser técnicos, ni archivísticos.
Por su propia naturaleza, la Segob tiene como función primordial la seguridad interior y la política interior, por lo tanto no se le pueden pedir peras al olmo.
Y no es que la Segob sea en automático perversa, esa no es la lectura correcta, lo que sucede es que este tema, el del cuidado de los archivos de un país, no es su función.
Ni mucho menos es su función intervenir en el acceso pleno de la información pública de todos los archivos del país, ni mucho menos es su función garantizar plenamente que los documentos que tienen valor histórico puedan ser consultables de manera abierta.
Lo que vemos en esa iniciativa es una anomalía teórica y práctica que tiene que ser corregida.
¿Entonces uno de los riegos de este tema es que quede en manos que no tengan buenas intenciones?
Si no se cuida este asunto con pinzas y no se le da la importancia que se merece, entonces cabe un riesgo muy alto de que personas sin suficiente capacidad archivística o sin conocimiento de la historia, como disciplina científica, tengan el ánimo de desaparecer documentos, de borrar evidencias o simplemente de meterlos en procesos de criterios burocráticos.
Es decir, existe el enorme riesgo de que se deshagan de documentos que consideren papeles inútiles, pero que tal vez tenga enorme valor testimonial o sirvan para construir evidencias de casos delicados, de desviación de recursos, o que destruyan parte de nuestra memoria o sólo por el ánimo de despojarse de papeles.
Así que de buena y mala fe existen razones para oponerse con absoluta franqueza a la idea de que sea la Segob quien controle todos los archivos del país. Esto simplemente es inaceptable.
¿Cómo debe ser una buena Ley de Archivos?
Una en la que se verifiquen los valores exactamente opuestos a los que acabo de mencionar. Una en la que se entienda que hay archivos de trámite que se componen de expedientes, que a su vez son las historia de los asuntos públicos.
En todos los países civilizados, después de un periodo razonable que fluctúa entre 30 y 70 años, los documentos se convierten en archivos históricos y en consecuencia son abiertos.
Estos archivos históricos son los que hoy están en riesgo tanto como los archivos de concentración o los de trámite, porque los lineamientos correspondientes –para los tres tipos de archivos-- los emitiría la misma Segob.
¿Cuál sería el llamado para los legisladores?
No deben permitir que se apruebe este atropello.