Como parte de su plan de austeridad, el Senado planteó estudiar la duplicidad de funciones y cargos; eliminar los que resultaran excesivos o inútiles; reducir plazas para economizar, y cubrir con recursos humanos los servicios de apoyo más elementales del trabajo legislativo.
Sin embargo, aunque dio de baja a 501 personas en el periodo septiembre-enero, y pagó 63 millones 633 mil 834 pesos por término de relación laboral, contrató a mil 934 más para sus áreas parlamentarias, lo cual representa cuatro empleados dados de alta por cada uno de los que fue removido. Los salarios, según un informe de la Secretaría General de Servicios Administrativos que LA SILLA ROTA obtuvo por medio de transparencia, oscilan entre los 11 mil y “más de 90 mil pesos”, lo cual supera el de gobernadores de estados con altos índices de marginación.
De las 501 personas dadas de baja, 103 recibieron una liquidación. La más alta corresponde a Enrique Montes Sánchez, quien estaba adscrito a la Dirección General de Proceso Legislativo, dejó de laborar el 30 de noviembre y recibió 3 millones 371 mil 893 pesos.
Ese mismo día dejaron sus plazas en la Coordinación del Cuerpo Técnico Profesional de Apoyo y Enlaces de Grupos Parlamentarios Luis Manuel Montaño Ramírez y Alfonso de Atocha Araujo López, quienes cobraron 2 millones 812 mil 973 pesos y 1 millón 112 mil 627 pesos.
Las bajas, no obstante, comenzaron desde el 30 septiembre, mes en el que los actuales senadores rindieron protesta. Un ejemplo de ello es Paola Rosete del Río, quien dependía de la Consultoría Jurídica Legislativa y recibió una liquidación de 1 millón 210 mil 415 pesos.
Un mes después, el 31 de octubre, Crispín Fernando Córdoba Tapia y Claudia Luna Martínez dejaron sus cargos en la Dirección General de Contabilidad y recibieron 1 millón 350 mil 898 pesos y 1 millón 11 mil 787 pesos, respectivamente. Ellos se encuentran entre los que recibieron las cantidades más altas por personal dado de baja en la actual legislatura.
En conjunto, las 103 personas recibieron 59 millones 829 mil 34 pesos cuando dejaron de prestar servicios. El Senado, en la documentación que proporcionó con el oficio de respuesta SGSA/DGRH/LXIV/1429/2019 –firmado por el director de Recursos Humanos, Eduardo Mendel Quiroz– no precisa por qué no todos los exempleados tienen montos por fin de relación laboral.
Además de ésta, la cámara proporcionó una segunda lista de otras 349 personas que laboraron por honorarios y fueron dadas de bajas; de ellos, sólo 23 obtuvieron un pago al retirarse, que en conjunto asciende a 3 millones 804 mil 800 pesos.
La mayor cantidad, 333 mil 114 pesos, la obtuvo Enrique Efrén Martínez Mayorga, quien laboró en la Coordinación de Comunicación Social hasta el 31 de octubre.
La Dirección de Recursos Humanos especificó que a los prestadores de servicios profesionales por honorarios les otorgó un apoyo económico al concluir su relación contractual, no una liquidación, debido a que la legislación vigente no lo prevé.
En cuanto a las mil 934 altas, 72% (mil 409) fueron en el Órgano de Gobierno, Comisiones y Apoyos Legislativos. Los sueldos de este personal de recién ingreso van de los 11 mil pesos a “más de 90 mil”. Este último monto lo perciben nueve trabajadores; no obstante, tres ganan entre 81 mil y 90 mil pesos –más que el gobeArnador de Chiapas, Manuel Velasco (80 mil 77 pesos, de acuerdo con el tabulador de sueldos de su portal de transparencia) –; 25 entre 71 mil y 80 mil –que pueden superar los 75 mil 339 pesos que gana Omar Fayad, mandatario de Hidalgo–; 12 entre 61 mil y 70 mil pesos, y 41 entre 51 mil y 60 mil pesos, por ejemplificar los más onerosos.
Por su parte, Grupos Parlamentarios reportó la contratación de 361 empleados, de cuales, 28 tienen una dieta catalogada como “más de 90 mil pesos mensuales”; seis más reciben entre 81 mil y 90 mil pesos, y tres entre 71 mil y 80 mil pesos.
Ademán, en el Área Administrativa ingresaron 163 más, 13 con ingresos superiores a los 90 mil pesos mensuales.
De los tres sectores, Órgano de Gobierno, Grupos Parlamentarios y Administración, 50 tienen una remuneración superior a los 90 mil. Si se considera el mínimo, es decir, 90 mil, son 4 millones 500 mil pesos cada 30 días, que equivalen a mil 250 becas de 3 mil 600 pesos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
JGM