NIÑOS MIGRANTES

Nohemí, el suicidio de una niña migrante ecuatoriana

Una niña bajo la tutela del Estado mexicano murió bajo el resguardo de funcionarios públicos luego de ser abusada sexualmente en Ciudad Juárez
Nohemí, el suicidio de una niña migrante ecuatorianaNohemí, el espejo del abandono, la simulación y la mentira de México con los niños migrantes. (Especial)

Ciudad Juárez, Chihuahua (La Silla Rota).-Nohemí terminó, hace tres horas, la valoración psicológica que le aplicaron. Ha andado más de seis mil kilómetros para llegar a este lugar. Todo viaje tiene un destino, el de ella está todavía tres mil kilómetros al norte. Son casi las dos de la tarde del 11 de marzo de 2014.  Camina hacia el baño. Lo que haga adentro cambiará la vida de muchas personas. La de ella, a sus 12 años, está rota. Ni la psicóloga, ni el trabajador social, ni la agente del Ministerio Público que la entrevistaron antes se dieron cuenta, o no les importó, pero estaba irremediablemente rota.

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Nohemí Álvarez Quillay está sola y muy lejos de lo que entiende como hogar y familia, en Ecuador. Está en uno de los lugares más hostiles con las mujeres. Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, es el municipio con más denuncias por violación del país; es, desde 1993, mundialmente conocido por los feminicidios; es el centro de explotación, de la mujer principalmente, como fuerza de trabajo en la industria maquiladora; es de las ciudades más violentas del mundo y es, todavía, un punto peligroso en la ruta de migrantes.

Nohemí es mujer, es niña, es extranjera, es indígena, es migrante, está sola y fue abusada sexualmente. Y acaba de dejar atrás a una psicóloga que no sólo no le ayudó sino que provocó un estado de alteración insoportable. Antes dejó atrás a una agente del Ministerio Público que le gritó al tomarle la declaración y que la despertó a las dos de la madrugada para que firmara el documento. Entra al baño. Cierra la puerta y le pone el pasador. Enreda la cortina de la regadera en su cuello y se cuelga del tubo de plástico. Nadie se preocupará por ella hasta alrededor de media hora más tarde.

Una niña bajo la tutela del Estado mexicano, a través del Estado de Chihuahua, a su vez a través de un albergue particular subrogado, muere bajo el resguardo de funcionarios públicos y entonces el cuerpo de Nohemí, colgando de un tubo, encarna la magnitud de las implicaciones de ser un menor en situación de migración no acompañado atravesando un país sin la capacidad de ayudar ni de enfrentar el problema, al contrario, con la habilidad de disparar la angustia y el miedo hasta el punto en que es mejor morir.

Buscar culpables

Cinco días antes, el 6 de marzo, según el parte policial, Domingo Fermas Uves orinaba en la vía pública junto a su camioneta, en medio de la oscuridad con que atrapa la noche a la colonia Rancho Anapra, falta de alumbrado público. Tres policías municipales lo vieron y detuvieron a las 22:08 horas y aseguraron a una niña que se encontraba con él pero que dijo desconocerlo y que mencionó que se encargaría de llevarla con sus padres a Estados Unidos, afirmaron los agentes en su parte y declaraciones posteriores.

Sin embargo, Nohemí declaró a la agente del Ministerio Público el 8 de marzo a las 15:30, después de pasar por Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y ya bajo custodia del albergue Esperanza,  que fue asegurada en la casa de Domingo Fermas y su familia (esposa y seis hijos), donde se había quedado a dormir en espera de continuar su viaje.

Esta declaración fue determinante, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no sólo por las contradicciones con la versión de la SSPM si no porque fue el detonante del estado emocional vulnerable que vivía Noemí, según el informe de la Comisión que tiene la declaración de una empleada del albergue que dijo:


Una licenciada de la PGR llegó con un doctor y una trabajadora social [...] me dijeron que se querían llevar a la niña para capturar los datos en la computadora pero yo les dije que no y ahí le estuvieron preguntando por el nombre de su papá, de su mamá, de sus abuelos..." "la forma en que la agente del Ministerio Público se dirigía era muy hostil, la niña se mostraba temerosa y se aferraba a mí [...] se le hostigó mucho al preguntarle el nombre de sus papás y hermano porque la niña no sabía cómo se llamaban fue aquí en donde le comenzaron a gritar [...] Una vez que terminaron la [agente del] Ministerio Público insistía en llevarse a la niña ya que en el albergue no teníamos una computadora disponible para que imprimiera la declaración. No le permití que sacara a la niña del albergue por lo que se molestó y comenzó a gritar, para después retirarse y decir que regresaría en 20 minutos para que firmara la declaración. [Sin embargo, AR1 no regresó] sino hasta las 2:00 horas de la madrugada [del 9 de marzo de 2014,] insistió en que la dejara pasar hasta los dormitorios cosa que no le permití [,] le dije que me dejara despertar a la niña, [lo que la] afectó mucho, ella esta (sic) con mucho miedo."

La agente a la que hacen referencia es María del Socorro Graciano Coronado, adscrita al Ministerio Público Federal. A través de una petición de información a la CNDH se constató que se determinó la consulta del no ejercicio de acción penal el 23 de enero de 2017. Por lo que la investigación no puede seguir y, oficialmente, queda fuera de cualquier indagación en su contra por ese hecho. Después de la muerte de Nohemí y con una carpeta iniciada en su contra, María del Socorro interpuso un amparo para seguir trabajando.

María del Socorro Graciano fue una de las 42 personas a las que se les formuló cargos y que el Estado mexicano anunció como logro contra criminales y funcionarios involucrados en el caso como respuesta para el gobierno de Ecuador, en la búsqueda de una justicia ejemplar y reparación del daño. Una de todas las que no se lograron.

Lorenza Lorena González Rivera, Subprocuradora auxiliar de Asistencia Jurídica y Social del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, del DIF Estatal, sigue con un proceso en curso que aún no tiene resolución, según la CNDH.

El mismo día que Nohemí se suicidó, según las investigaciones de la CNDH, de la PGR y de la Fiscalía del Estado, Domingo Fermas quedó libre al no poderse probar el delito de tráfico de personas.

Regresó a su hogar con los ojos puestos de los gobiernos de México, Estados Unidos y Ecuador encima y con el reflector de los medios informativos más importantes del mundo.

A partir de ahí, cuenta Francisco Chávez Flores, abogado defensor de Domingo Fermas, éste fue sujeto de persecución y amenazas por parte de las instancias de gobierno encargadas de investigar el caso. Cuatro veces fue detenido en un año y las cuatro liberado por no poder probarse el delito, hasta ahora que, cuenta el abogado, está libre y viviendo escondido temeroso de las autoridades.

Sin embargo, en la tercera ocasión que lo detuvieron, en diciembre de 2014, también se llevaron a la esposa y a otras 10 personas, cuenta el abogado, de las que cinco quedaron libres. María Isabel Padilla García, la esposa, tiene casi tres años detenida acusada de tráfico de personas y delincuencia organizada. Se encuentra en el penal de Tepic, Nayarit, con un estado de salud muy lamentable por su cáncer de estómago, según el defensor de Domingo Fermas.

Quien fue exhibido por el Estado como el principal responsable e importante traficante de personas está libre al no poderse comprobar la comisión del delito.

Por su parte, el 6 julio de 2017 la Fiscalía General del Estado de Ecuador publicó el logro de la obtención de una sentencia condenatoria contra una tercer persona  implicada en el traslado de Nohemí de Ecuador a Guatemala. Se trata de la mujer identificada sólo como Manuela A., quien fuera tía abuela de Nohemí. Se le sentenció a 12 años de cárcel por participar en el traslado de la menor.

Antes, el 3 de febrero de 2015 se sentenció al esposo de Manuela A., Raúl H., a 16 años de cárcel por el mismo delito. En esa ocasión también se le dieron 16 años al guatemalteco Manuel L.

Para la investigadora y especialista en migración de Ecuador, Gabriela Ruiz, se trata sólo de familiares que poco o nada tienen que ver con el tráfico de personas y quienes fueron sentenciadas por acompañar a la niña y hacer el trato con los "coyotes". Pero no se tocó ninguna estructura criminal importante en el tráfico de personas por América Latina hacia Estados Unidos, ni a los funcionarios públicos responsables, cuenta la investigadora ecuatoriana.     

´Desaparecer´ responsabilidades, el abuso sexual

La investigación independiente que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de su departamento de peritaje determinó que Nohemí Álvarez sufrió abuso sexual por dos heridas que tenía en el ano y que "databan de más de cinco días antes de su muerte, pero con una temporalidad científicamente inestimable".

La Procuraduría General de la República, que abrió dos investigaciones, una para los funcionarios y otra, a través de la Agencia de Especializada en Delitos de Alto Impacto para investigar la muerte, también determinó el abuso sexual pero de tres a cinco días antes de su muerte y con una temporalidad inestimable.

Alguien violó a Nohemí durante el tránsito desde Ecuador o estancia en Ciudad Juárez, desde que salió de la provincia el Cañar un mes antes, el 4 de febrero de 2014 y no existe manera de dar con el responsable. Y, según la CNDH, este abuso incidió de manera directa en la muerte de la niña.

De todas las notas que manejó la prensa de Ecuador sólo en una se hace referencia al abuso sexual y no en una versión impresa sino digital, según una investigación de la especialista Gabriela Ruiz.


La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que también inició otra investigación, negó en una primera ocasión la existencia de las heridas y, por lo tanto, el abuso sexual.

El fracaso de la justicia, incumplir a la CNDH

El gobierno del entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, recibió cinco recomendaciones por parte de la CNDH. Al día de hoy, quedan pendientes de cumplirse dos. Los responsables de hacerlas cumplir eran el entonces fiscal general del Estado, Jorge González Nicolás y el contralor Raúl Chávez Espinoza.

Las dos recomendaciones hasta ahora incumplidas son, según informó la CNDH en la petición de información:

1. Se elabore un protocolo de actuación con base en los estándares de protección especial de derechos humanos para NNA en migración no acompañados, así como los deberes establecidos en la ´Opinión Consultiva OC-21/14 sobre derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional´, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 19 de agosto de 2014, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

2. Instruya a quien corresponda para que se aporten todos los elementos necesarios en los procedimientos administrativos de investigación que se inicien con motivo de la denuncia que esta Comisión Nacional presente ante el Órgano Interno de Control en el DIF Estatal de esa entidad federativa, contra AR2, autoridad involucrada en los hechos de la presente recomendación, así como para que se investigue la posible responsabilidad respecto de la omisión en la supervisión y vigilancia que debe existir en los albergues con los que ha firmado convenios el DIF Estatal y del cumplimiento de las responsabilidades que tienen los directores, encargados, representantes legales, socios, titulares o responsables legales de los mismos por sí o por conducto del personal a su cargo, para garantizar la integridad física, psicológica y jurídica de los residentes mientras éstos permanezcan bajo su resguardo, al que debe agregarse copia de la presente recomendación y se informe a esta Comisión Nacional la determinación que en su momento se emita.


Mientras que la PGR no ha cumplido los siguientes tres puntos de las siete recomendaciones emitidas por la CNDH:

1. Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se proceda a la reparación del daño ocasionado a V2 y V3 que incluya la indemnización y la atención psicológica necesaria, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento. Esta medida deberá tomarse con las precauciones debidas que salvaguarden la seguridad y no afectación de las circunstancias de vulnerabilidad de V2 y V3.

2. Participe debidamente en las investigaciones derivadas de la denuncia que con motivo de los hechos presente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Procuraduría General de la República, por ser AR1 servidora pública federal y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

3. Instruya a quien corresponda para que se aporten todos los elementos necesarios en el procedimiento administrativo de investigación que se inicie con motivo de la denuncia que esta Comisión Nacional presente ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, contra AR1, involucrada en los hechos de la presente recomendación, al que debe agregarse copia de la presente recomendación y se informe a esta Comisión Nacional la determinación que en su momento se emita.

Entre ambas instancias alcanzan un cumplimiento del 58.3 por ciento del total de las recomendaciones emitidas y todas tienen que ver con funcionarios públicos que no hacen su trabajo o no han sido llevados ante la justicia.

En general, la postura del gobierno de México frente al caso, las promesas de justicia y reparación del daño, los discursos de apoyo a la población en migración, el combate a los grupos de traficantes de personas y a quienes los secuestran, roban y matan en su transito por el país, ha fracasado.

La situación actual en Ciudad Juárez

En Ciudad Juárez el albergue Esperanza, en el que fue hallada muerta Nohemí, dejó de colaborar con el Estado. Quien está a cargo de resguardar a los menores de entre 12 y 17 años en situación de migración y no acompañados por un adulto que por costumbre o de manera legal tenga su custodia, es el albergue México Mi Hogar del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal.


En los primeros seis meses del 2017 fueron albergados en el lugar 484 menores, entre extranjeros, nacionales y locales. Se entiende como locales o de circuito aquellos menores que viven en la ciudad y se encuentran en situación de migración, la mayor parte de las veces porque se dedican al "coyotaje" o tráfico de personas. Funcionan como guías para llevar a través del desierto, a grupos de migrantes.

Cuando son detenidos son regresados a Juárez y canalizados al DIF hasta que se contacte a los padres para que vayan por ellos. Son usados por los traficantes para llevar también armas y drogas ya que por no podérseles imputar delito por su situación de menores, Estados Unidos no puede encarcelarlos. Los extranjeros son los provenientes de otros países. Y los nacionales los que buscan cruzar a Estados Unidos y son originarios de otro estado de la República.

A pesar de que la CNDH recomendó que se hiciera un protocolo estatal de seguridad para niños, niñas y adolescentes en situación de migración no acompañados, el albergue no tiene uno y trabaja con el nacional, dijo en entrevista el director del mismo, Gilberto Solís.

El funcionario dijo que el albergue cuenta con seis psicólogos y nueve trabajadores sociales que se encargan de ver el perfil de los menores que llegan para saber qué tipo de ayuda le van a brindar.

Comentó que la población del albergue es de un promedio de entre 15 y 20 menores resguardados. De éstos considera que alrededor de un 25 por ciento es de Juárez, unos cuantos extranjeros y la mayoría de otros estados. Dice que el país del que provienen más extranjeros es Guatemala.

Pero estos son los menores que son detenidos y resguardados, el número de niños en tránsito es muy difícil de estimar.

Según la investigación La tragedia mediática de la migración infantil.?El caso de Joselyn Nohemí, de la investigadora Gabriela Ruiz, "sólo en 2014, se registraron 647 niños aislados en la frontera entre México y Estados Unidos que refirieron ser víctimas de extorsión, secuestro, abuso sexual, agresión física y psicológica". Y la muerte de Nohemí se dio en un contexto en el que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó que alrededor de 90 mil niños no acompañados cruzaron la frontera de manera ilegal en ese 2014, cita la investigadora.

Por su parte, la investigación Ni delincuentes, ni ilegales, realizada por Derechos Humanos Integrales en Acción y la Univesity of Texas at El Paso, determina la importancia de poner en la agenda a los menores migrantes porque es un problema que se ha venido ignorando, haciendo especial énfasis en los menores de circuito en Ciudad Juárez: "A pesar de que la migración es uno de los temas de más resonancia en la agenda nacional, estatal y municipal, su enfoque principal ha sido la dinámica de la migración irregular en tránsito concerniente a migrantes adultos. Asimismo, en el discurso cotidiano las trayectorias de las personas migrantes irregulares son constantemente descritas como ilícitas. Esto facilita por un lado la diseminación del discurso de los y las migrantes como delincuentes o "ilegales," y por otra la caracterización del flujo migratorio irregular como una actividad dominada por redes del crimen organizado internacional".

El retorno

Cuando Cipriano Quillay y María Guamán despidieron a su nieta el cuatro de febrero de 2014, no podían saber que viajaría de regreso desde la frontera norte del último país que debía atravesar para reunirse con sus padres en Estados Unidos. Imposible que supieran que viajaría en un avión desde Ciudad Juárez, México hasta Quito, Ecuador y después volvería al sitio de origen en un retorno estéril. Ellos en el poblado de Molino Huayco, Tambo, en la provincia del Cañar, al sur de Ecuador, qué podían saber, cuando la despidieron, que volvería el 14 de abril del mismo año, en un ataúd, a la sala de la casa de adobe que la vio partir, apenas un momento para despedirla y cobijarla bajo la tierra.

Ellos, que la cuidaron casi desde que nació el 30 de mayo de 2001, la recibieron dos meses después de su partida.

José Álvarez y Martha Violeta Quillay, se fueron de la provincial del Cañar cuando su hija tenía un año, para buscar un mejor futuro económico en Estados Unidos. Se establecieron en Nueva York y 11 años más tarde, con las posibilidades económicas, decidieron llevar a su hija. Pagaron 15 mil dólares por el traslado. Pasaron cinco días incomunicados de la niña, hasta que se dieron cuenta en las noticias que su hija se había colgado en el baño de un albergue en Ciudad Juárez, el último punto antes de llegar a Estados Unidos.

José Álvarez  llamó por teléfono a su suegro, Cipriano, el 12 de marzo y dijo "Nohemí se murió", según registros periodísticos. La niña que cruzaría 9 mil kilómetros para conocer a sus padres, se quitó la vida en un escenario al que están expuestos los niños migrantes de un continente que en diversos países los expulsa por la violencia, marginación y pobreza y cuyos gobiernos los abandonan a lo largo de su camino en busca de "un sueño" en el que una vida mejor sólo es posible sufriendo un viaje cruel en el que no hay ley, ni justicia... no todavía.

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