Main logo

Mexicanos temerosos de ser deportados y perder sus casas llenan consulados para pedir ayuda

En Phoenix, Arizona, abogados gratuitos atienden diariamente a decenas de connacionales que acuden para asesorarse sobre cómo evitar ser deportados

Escrito en ESPECIALES LSR el

Una tarde calurosa al estilo del desierto de Arizona, Jesús terminó su trabajo en la construcción  cuando sus compañeros lo invitaron a tomar una cerveza. Al principio dudó pero accedió a tomarse una o dos. "La segunda era de 24 onzas, más grande. Salí de ahí y al manejar a mi casa un trailer me sacó del camino y choqué con un carro estacionado", recuerda sobre ese día de junio del año pasado.

Cuando llegó la policía Jesús les confesó que había tomado dos cervezas. "Me hicieron la prueba del aliento, le soplaba a la maquinita pero no registraba, llegó una segunda patrulla y el policía dijo que yo no estaba cooperando y que me haría una prueba de sangre ahí mismo. Me negué porque no pensé que fuera segura la prueba en la calle; entonces me arrestaron y entre los cargos estaba uno por negarme a cooperar. Yo no sabía ni qué era eso", cuenta. Él, como una veintena de personas más, está sentado ahora en el consulado mexicano en la ciudad de Phoenix Arizona, donde vive desde 1996. Y él, como esa veintena más, aguarda un turno para ser atendido por un grupo de abogados que este y 49 consulados más instalaron en este país para dar asesorías a los mexicanos, principalmente a quienes teman ser deportados.

"El agente de migración me dijo que si no firmaba mi salida voluntaria podía pasar encerrado de seis meses a un año. Aún así no firmé y me dejaron salir a la semana", continúa. Jesús vino a esta cita solo, pero en las demás sillas se observan familias y parejas inquietas esperando ser atendidas por un asesor jurídico. Vestido de Jeans y camisa negra bien planchada, Jesús no deja de voltear al frente esperando, impaciente, que lo llamen.

En Arizona, estado situado en la frontera sur de Estados Unidos y colindante con Sonora, los migrantes sin papeles tienen razones para estar asustados.  Solo en Phoenix, la capital del estado, se estima viven cerca de 460 mil migrantes indocumentados. El temor creció después de que el pasado 9 de febrero Guadalupe García de Rayos, de 35 años de edad y madre de dos niños estadounidenses, fue deportada al intentar renovar sus papeles de residencia. El caso fue muy conocido en los medios de comunicación y el Estado Mexicano alertó de este cambio de políticas tras la llegada en enero del nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Entonces el 3 de marzo anunció una estrategia para atender a los connacionales en la que se incluiría una inversión de 50 millones de dólares para dar asistencia legal en los consulados a quienes teman una repatriación. Ahora cada consulado cuenta con un espacio especial de atención a migrantes que quieran orientación.

"Vine al consulado porque varios abogados por fuera  que vi que pueden ayudarme en promedio cobran 12 mil dólares por el caso. Y hay que pagarlo de un 'jalón', no vaya a ser que a uno lo deporten y ellos se queden sin el dinero", comenta Jesús. Esta mañana pidió el día libre en su trabajo para venir a estas oficinas.

En Phoenix ha llamado la atención la posición de su alcalde, Greg Stanton, quien ha declarado que no cooperará con las autoridades federales para acelerar deportaciones en una clara postura en contra de las políticas de Trump.

"Es escandaloso y es precisamente por eso que mientras yo sea alcalde, Phoenix no participará en el programa ni celebrará otro acuerdo con la administración Trump que tenga por objetivo avanzar en sus planes de deportación masiva", declaró a la prensa. Su visión totalmente distinta a la de las autoridades locales anteriores, sobre todo el Sheriff Joe Arpaio (quien fue despedido con la nueva administración) que abiertamente declaraba trabajar para detener al mayor número de inmigrantes posible.

 MIEDO A PERDER SUS PROPIEDADES

 Algunas de las dudas y miedos de quienes vienen aquí a pedir asesoría se relacionan a la posibilidad de perder sus propiedades ya sea pagadas o en curso con hipoteca. Vicky es una de ellas. Madre de tres niños y con dos casas compradas en Phoenix, sus dudas giran en torno a qué pasará con ese patrimonio.

"Tengo dos casas, en donde vivo y otra la rento a mi hermana; la mía ya está pagada pero no se qué pasaría si me mandan a México, imagínese que lo pierda", cuenta con su acento mexicoamericano.

Las autoridades mexicanas y organizaciones de defensa de migrantes han invitado a los indocumentados a informarse sobre sus derechos como consumidores. Éstos no acaban al salir del país, refieren, siempre y cuando sigan pagando su mensualidad al ente crediticio que les financió a compra.

En México casi la mitad de los migrantes tiene casa propia pagada o con hipoteca, dio a conocer la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

El gobierno mexicano ha declarado que las acciones para proteger estos bienes muebles, inmuebles y financieros de los migrantes se están intensificando con estas asesorías en el consulado, pero también dentro de territorio mexicano.

"TENGO MIEDO DE PREGUNTAR POR MI FAMILIAR DETENIDO"

Con voz baja, casi como para evitar que alguien más pueda darse cuenta que está hablando, Elisa cuenta que busca a su marido pero en realidad no lo ha buscado tanto. "Mi esposo tenía un negocio de yardero (jardinería) con cuatro empleados. Tenía su pickup 2008 y una 'trailita' (remolque para trasladar herramientas, basura, y escombros). Un día lo paró la policía porque la 'trailita'  no tenía una luz. Lo arrestaron y  no he sabido nada de él", explica.

Esto ocurrió hace dos semanas, pero por miedo a ir a preguntar a las autoridades y que la detengan también a ella y la deporten no tiene idea de dónde está su esposo. "Tampoco he sacado de donde estén el pickup y la 'trailita'", dice en tono de preocupación. Su esperanza la centra en los abogados pro bono del consulado de Phoenix, de quienes busca asesoría para saber cómo proceder sin arriesgar su estancia en Estados Unidos.

Organizaciones no gubernamentales han alertado del riesgo de que los indocumentados no denuncien delitos o no se acerquen a la policía en este tipo de casos por temor a ser detenidos.

"Ojalá me ayuden para ya saber qué hacer, mis hijos preguntan por él", dice Elisa cuando de pronto su nombre es pronunciado para que pase con el abogado que le corresponde. Se despide con una sonrisa que es tapada por sus manos que la tapan, en un gesto de emoción y suspenso.