CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Contradicciones legales, abusos de agentes de seguridad, impunidad y fallas en el debido proceso son alguno de los obstáculos que encontró el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, para prevenir y erradicar las prácticas de tortura en México.
El Relator Especial visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, y en su informe señaló que la tortura es generalizada en México y que ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición.
En La Silla Rota te presentamos 8 puntos clave del Informe del Relator Especial de la ONU.
1. Obstáculos legales
Detectó varias trabas y contradicciones legales que impiden prevenir y sancionar la tortura a pesar de que México firmó convenios y tratados internacionales para cumplirlo. Por ejemplo:
México ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aunque estableció en el artículo 21 de la Constitución que “el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”. Esta condicionante impide la plena colaboración con la Corte y contraviene las normas del Estatuto que establecen la jurisdicción ipso iure (de pleno derecho) de la Corte y obstaculizan toda reserva o declaración interpretativa.
2. Quejas por violaciones a los derechos humanos
De un sexenio a otro, la ONU encontró un aumento de más de 600 por ciento el número de quejas por tortura y malos tratos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los años previos al inicio de la “guerra contra el narcotráfico” el organismo nacional recibía un promedio de 320 quejas al año, pero a partir de 2007 fueron creciendo de manera considerable, tan sólo en 2012 se presentaron 2 mil 113 quejas.
3. Tortura generalizada
El informe del Relator Especial señala que la tortura y los malos tratos son generalizados en México. Indica que las comenten policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas. La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada.
Indica que la tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria.
El documento revela que México carece de un Registro Nacional de Casos de Tortura, lo que dificulta establecer el número real de casos, además que entre las autoridades mexicanas existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad.
El Relator Especial observó “inquietantes” coincidencias entre testimonios consultados, las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Además de casos donde las víctimas fallecieron a causa de las torturas padecidas, y casos donde la tortura acompaña ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Expone que en general las víctimas de torturas y maltratos son personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados.
4. Militarización de la seguridad pública
"México atraviesa una compleja situación de seguridad pública", señala el Relator Especial de la ONU y que la militarización de la seguridad pública se mantiene como estrategia, ya que más de 32 mil militares cumplen tareas propias de corporaciones civiles. También se incorporaron militares retirados o en licencia a corporaciones civiles de seguridad y se creó una Gendarmería con entrenamiento militar, lo que compromete los principios que deben regir la fuerza pública y las garantías de los detenidos.
El informe revela que en algunos casos de tortura también participó personal castrense después de hacer una detención: “Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas, que combinan: golpes con puños, pies y palos; ‘toques’ con dispositivos eléctricos (‘chicharra’), generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca (waterboarding); desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos. En oportunidades transcurren días sin que se informe del paradero de la persona o se la presente ante la autoridad ministerial o judicial. Repetidamente, las víctimas fueron presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria, lo que constituye en sí trato degradante”.
La CNDH informó de 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014, aproximadamente mil 451 por año, que representan 4 quejas diarias.
5. Violencia sexual como forma de tortura
En el informe el Relator Especial manifestó su preocupación el uso de la violencia sexual como forma de tortura, principalmente respecto a mujeres detenidas: desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en genitales y violación sexual reiterada y por varias personas.
Alertó sobre la impunidad en estos abusos, “la mayoría de estos casos no han sido investigados ni sancionados, o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad, y presentan retos particulares para las víctimas, quienes son frecuentemente revictimizadas cuando presentan denuncias o se someten a exámenes médicos”.
6. Impunidad en casos de tortura
“El Gobierno (de México) informó de sólo cinco sentencias condenatorias de tortura entre 2005 y 2013”, expone el informe de la ONU. Y agrega: “Ante 11 mil 254 quejas de torturas y malos tratos recibidas entre 2005 y 2013, la CNDH emitió 223 recomendaciones, sobre las cuales no existe una sola sentencia penal”.
A nivel local también sucede, por ejemplo en el Distrito Federal se reportaron 388 averiguaciones previas iniciadas desde 2008 por tortura, solo dos acciones penales iniciadas y 121 en trámite.
Las fallas también están en la estructura judicial a nivel federal y estatal señala el informe, el Relator Especial conoció casos donde jueces no ordenaron al ministerio público iniciar una investigación luego de recibir quejas de la víctima. Cuando las investigaciones se ordenaron, fueron lentas y sin debido seguimiento, convirtiéndose en mera formalidad.
7. Fallas en el debido proceso
El Relator Especial observó una tendencia a detener para investigar, en lugar de investigar para detener. También constató diversos casos en los que las víctimas de tortura y malos tratos no accedieron pronta y confidencialmente a una defensa adecuada desde la detención, conoció casos en los que las declaraciones inculpatorias del detenido fueron realizadas en presencia de agentes policiales o ministeriales pertenecientes a los cuerpos responsables de cometer o tolerar la tortura. Observó un uso “expansivo” del arresto en casos urgentes, así como un uso laxo e indebido del concepto de flagrancia.
Juan E. Méndez consideró que el arraigo en México viola el derecho de libertad personal, el debido proceso, y el principio de presunción de inocencia, y expone al detenido a posibles torturas, por lo que llama enérgicamente al Estado a eliminarlo inmediatamente.
En ocasiones los jueces admiten pruebas obtenidas con tortura o malos tratos o postergan la decisión de su admisibilidad para el dictado de sentencia final bajo el argumento de la “inmediatez procesal”.
lrc