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La red de lavado de la Unión de la B

Fundaciones, agencias de publicidad, universidades, abogados y hasta cirujanos plásticos, dentro de la red donde el grupo de “El Betito” blanqueó recursos

  • ANTONIO NIETO
  • 25/03/2019
  • 20:30 hrs
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La red de lavado de la Unión de la B

El grupo criminal La Unión de la B lavó millones de pesos, producto del narcomenudeo y extorsiones, a través de una red nacional que incluye fundaciones, agencias de publicidad, universidades, comercializadoras, abogados y hasta cirujanos plásticos.

La Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR) desentramaron dicha red, la cual incluye a unas 45 personas clave que, según las investigaciones asentadas en dos informes, de casi 100 páginas cada uno, tienen nexos con miembros del PRI y un ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

ASÍ COMENZÓ EL RASTREO

Un edificio de apartamentos en la colonia Narvarte, alcaldía de Benito Juárez, era vigilado por agentes federales.

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Asentado en Eje 6 Sur Ángel Urraza y Uxmal, el inmueble había sido puesto como domicilio de José Alberto Maldonado López “El Betito”.

Acorde con las pesquisas de SSP y PGR, el 13 de febrero de 2017 abrió una cuenta en un banco del Pedregal, donde presentó una credencial del INE real, con su nombre verdadero y la dirección en la Narvarte.

Quedaron como sus dos referencias su hermano, José Arturo y su novia, Sara M.

Policías de Inteligencia montaron guardias para observar los movimientos que había en el apartamento 503, donde se suponía habitaba “El Betito”.

Esperaban que no viviera ahí, pero aún así continuaron su trabajo hasta el grado de entrevistar a una mujer que entraba y salía del 503.

Todo era una fachada. La mujer no estaba relacionada con actos delictivos, pero la cuenta bancaria y la credencial del INE con la que “El Betito” abrió la cuenta eran reales.

La cuenta era la que usaba “El Betito” para pagar un seguro de vida, colegiaturas de familiares y retiros en cajeros, la mayoría cercanos a la zona del Pedregal.

Su saldo no bajaba nunca del millón de pesos.

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Esto condujo a los investigadores a cientos de cuentas desde donde se transferían y recibían grandes cantidades de dinero, como 6 millones 148 mil pesos a una cuenta a nombre de Marco Antonio C.

Este hombre es rector de un instituto de medicina cuyo nombre se omite por formar parte de la indagatoria; además, está al frente de una fundación con sede en Puebla y que supuestamente ayuda a niños de escasos recursos.

El análisis de los movimientos bancarios llevaron a las autoridades a descubrir también la cuenta de David García Ramírez “El Pistache”, segundo al mando de la organización criminal y encargado del narcomenudeo y extorsiones en Condesa, Roma y Polanco.

Este hombre la abrió en un banco de Patriotismo, el 13 de diciembre de 2016 y de igual forma utilizó una credencial del IFE real, con su nombre verdadero y con el domicilio de una familiar.

LA RED

La mayoría de las personas claves para el lado de dinero de la Unión están identificados plenamente.

Con base en el informe “Estructura Financiera de la Unión”, elaborado por la SSP y compartido con la PGR, que aportó otros datos fundamentales, los principales personajes son Marco Antonio C., rector de una universidad, Alejandro V., dueño de agencias de publicidad; las abogadas Rebeca M., María Helena G., y el empresario Carlos D.,

Este último individuo se dedica a exportar todo tipo de insumos y productos; en sus redes sociales presume viajes por todo el mundo y artículos de lujo.

Asimismo, en la red participaron grupos de cirujanos plásticos, algunos dueños de hospitales privados y clínicas en Morelia, Tijuana, Cancún, Estado de México y CDMX.

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Destacan el doctor Luis Enrique M., que posee una clínica en la colonia Del Valle, CDMX y que era socio de un table dance cerrado en 2013.

Asimismo, el doctor Jeremías F., que realizó cirugías estéticas a gente del medio del espectáculo y tiene una fábrica en Tepito.

El doctor Jeremías Flores Felipe envió una carta a LA SILLA ROTA fechada el 11 de abril de 2019 donde niega las aseveraciones y vinculos. En la nota original no se rebelan apellidos del quejoso.

Rubén S., presuntamente ligado con un senador priista y con Marco Antonio C., rector de una universidad y vinculado a un ex gobernador de Veracruz.

Otro es Raúl A., propietario de una clínica en Tijuana y sobrino de un ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se suman a la red contadores públicos, licenciados en mercadotecnia, socios de despachos de abogados y parejas sentimentales de los cabecillas de la Unión.

En los expedientes de SSP y PGR se tienen cientos de movimientos bancarios, algunos de los cuales terminaron en una comercializadora con base en Ecatepec.

Un rasgo que une a la mayoría de los testaferros del grupo criminal es que cuentan con varios domicilios, cambian constantemente de coche y tratan de esconder sus actividades delincuenciales con empresas legales.

La PGR es la que ha dado seguimiento al dinero de la Unión, a la cual considera un cártel de alcances nacionales surgido en CDMX.

A través del rastreo de cuentas, la dependencia federal se hizo de números telefónicos, muchos de los cuales han conectado a “El Betito”, “El Pistache” y otros líderes de la Unión con sus lavadores.

Ambos se encuentran en prisión y bajo proceso penal por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

AJ