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La Cruzada es aspiracional: Auditoría

Esta es la primera de tres entregas de la investigación sobre los resultados de La Cruzada contra el Hambre
La Cruzada es aspiracional: AuditoríaCruzada Nacional contra el Hambre (Foto: Cuartoscuro / Archivo)

En cinco años, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no acreditó que la estrategia de la  Cruzada Nacional contra el Hambre constituyera una solución para superar el problema de la Pobreza Extrema Alimentaria, pues en ese tiempo no se monitoreó su avance y no se comprobó en qué medida se atendieron las carencias de cada una de las personas en esa condición, ni que su atención haya permitido que abandonaran dicha situación, concluyó la Auditoría Superior de la Federación, en el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2017.

Por lo tanto, recomendó corregir, modificar o suspender la Cruzada porque no ha demostrado el cumplimiento del objetivo para el que fue creada.

La Cruzada inició con 70 programas y concluyó con 30, pero desde el primer año, 32 de los 70 programas fueron sustituidos, "lo que refleja que las acciones de la estrategia no se ordenaron con base en un diagnóstico".    

Después de que desde 2013 la ASF comenzó a auditar la estrategia, aseguró que entre 2013 y 2017 no fue posible acreditar el avance del objetivo establecido en el decreto por el que se lanzó la estrategia y en el que se estableció la meta de "Cero Hambre" a 2018.

Aunado a ello, destacó que el 7 de mayo del 2015, se sustituyó el compromiso CG011 del "Programa Nacional México sin Hambre" de "erradicar la pobreza alimentaria" por el de "atender a la población que se encuentre en Pobreza Extrema Alimentaria". Pese a ello, la Sedesol no acreditó que el cambio de "erradicar" por el de "atender" tuviera un sustento técnico y metodológico que lo justificara.


La Sedesol ya no pretendió medir su incidencia", sostuvo la ASF.

Consideró además que las normas en las que pretendió basarse son de orientación "aspiracional", debido a que no se desarrolló una legislación secundaria que reglamentara el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, ni que coordinara las acciones de cada institución participante.

Destacó que desde 2013 hasta 2017, la Sedesol nunca reportó en las Cuentas Públicas de esos años información sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en el decreto.  Y de la misma manera, entre 2013 y 2017, ninguna de las dependencias y entidades participantes reportaron cuántos recursos se aplicaron para la ejecución de los programas incluidos en la Cruzada.

Los programas se siguieron aplicando como lo hacían previo a la Cruzada, "lo que reveló carencias en la coordinación de la Cruzada y beneficios marginales en la atención y solución del problema público".

Además, los programas participantes no han establecido a la PEA como su población objetivo y no hay una alineación clara sobre qué carencia atiende cada programa, por lo cual su operación puede incidir o no en dicha población. "La operación de los programas ha sido inercial y tangencial", expuso la ASF.

Desde 2013 y hasta 2017, no se identificó claramente cuál era la población objetivo a la que estaba dirigida la Cruzada y ante la ausencia de un padrón confiable, tampoco se supo, en ese plazo, a quiénes estaban llegando realmente los apoyos.

Las cifras entre Sedesol y Coneval sobre población en situación de pobreza extrema alimentaria registraron diferencias notables, sin que Sedesol explicara los motivos.

"Los programas participantes no han establecido a la PEA como su población objetivo, por lo cual su operación puede incidir o no en dicha población. La operación de los programas ha sido inercial y tangencial", reportó la ASF.

La ASF recomendó desde 2013 también definir la relación y los objetivos de cada institución participante. Pero a 2017 no se cumplió.


Ha carecido de un ordenamiento jurídico en el que se defina la población objetivo, se mandaten y homologuen los apoyos a otorgar y se regule la transversalidad de la política pública, a fin de coordinar a las dependencias, gobiernos locales y municipales, estableciendo funciones y responsabilidades", concluyó en 2017.

En este reportaje, que consta de tres entregas, participaron  Paris Alejandro Salazar, Alondra Olivera, Margena de la O, Axel Chávez, Eduardo de la Rosa y Sandra Romandía (La Silla Rota). Carolina Torreblanca (Data Cívica); Rafael López Méndez, Vanessa Job, Rafael Montes y  Melissa Del Pozo y Juan Pablo Becerra-Acosta M. (MILENIO)

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