Los tres hermanos Rodarte Leal trabajaron para el gobierno federal, y los tres -coincidencia o no-, pasaron por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en diferentes momentos y cargos. El primero, José Antonio, fue quien más destacó en la administración pública debido a su cargo como exdirector de los centros SCT en el país, durante la administración de Gerardo Ruiz Esparza. Aunque fue por ese cargo que hoy es investigado por la Unidad de Inteligencia y Fiscalización (que encabeza Santiago Nieto); además de la Fiscalía General de la República.
Como publicó LA SILLA ROTA ayer, fuentes gubernamentales de primer nivel confirmaron que dicha investigación documenta un probable desvío de recursos públicos ya que se presume que desde su cargo, José Antonio aprobaba contratos millonarios en todos los estados de la República para el desarrollo de infraestructura carretera y caminos; esto, extralimitándose de su función al ordenar al centro SCT de alguna entidad, asignar directamente determinados contratos a contratistas específicos, independientemente de que fueran o no, buenos en su desempeño.
Según esto, cada contrato incluyó una comisión económica que debía entregarse en efectivo, aunque aún no se ha determinado si tal cantidad era desviada para enriquecimiento personal o campañas políticas del PRI.
El segundo hermano y exfuncionario federal es Arturo Gerardo -el menor de los Rodarte-, que según la información entregada a La Silla Rota, tenía como función recibir personalmente la comisión económica que el contratista debía entregar en efectivo a José Antonio. Aunque no alcanzó el nivel de su hermano, también fue funcionario dentro de la SCT.
El tercero y último es Carlos Alberto -segundo de los hermanos-, quien se desempeñó en la misma dependencia, pero principalmente en el área de Servicio Postal. Según la información obtenida, él sería el único de los Rodarte Leal que podría no estar bajo investigación.
De Tamaulipas al Estado de México
Los hermanos Rodarte Leal nacieron y vivieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y pese a que sus cargos públicos fueron principalmente en el Estado de México, CDMX y Jalisco, un recorrido por sus respectivas declaraciones patrimoniales en Declaranet deja entender que no abandonaron del todo su entidad de origen por ser paso con la frontera sur de Estados Unidos.
El caso de José Antonio (expuesto a detalle en la investigación publicada ayer), indica que por su trabajo en la SCT mexiquense junto a Ruiz Esparza, se le confunde como oriundo de aquel estado aunque no era así. Fuentes cercanas a la SCT federal consultadas para este reportaje -y que solicitaron omitir su nombre- aseguran que él asentó en territorio mexiquense una parte de su patrimonio; y otra más en Houston, aunque el registro público de ese estado norteamericano no señala ninguna propiedad; al menos, a nombre suyo.
Arturo Gerardo Rodarte Leal, en sus declaraciones patrimoniales como servidor público, señaló ser licenciado en Derecho como egresado del Instituto Cultural Isidro Fabela que según una búsqueda en internet, se localiza en Toluca, Estado de México. Dentro de la SCT tuvo su primer empleo entre 1998 y 1999, como secretario particular del entonces presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones Javier Lozano Alarcón, entonces político priista.
Después dejó la Cofetel para irse con Lozano a la secretaría de Gobernación, quien había sido nombrado subsecretario de comunicación social entre 1999 y 2000. La llegada del PAN a la Presidencia de la República, naturalmente, causó que muchos priistas quedaron sin empleo; entre ellos Javier Lozano quien aprovechó los siguientes cinco años para establecer su despacho de abogados; mientras que Arturo Gerardo migró a la iniciativa privada en Ericsson Telecom, como director red de distribuidores de 2000 a 2001, según precisó en Declaranet. En cuanto a bienes y propiedades, Arturo Gerardo siguió los pasos de su hermano José Antonio al citar “El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales. Toda la información fue capturada directamente por el servidor público”.
En otra de sus declaraciones precisó que entre 2004 y 2008, se desempeñó como presidente de su propia empresa en Estados Unidos, bajo el nombre de “Martasa, LLC” aunque no precisó el giro mercantil de la misma. LSR buscó información de ésta, pero internet no arroja ningún dato excepto el nombre de otra empresa similar de nombre “Martesa” en Nueva Jersey. Un portal informativo de empresas en Estados Unidos, cita textual, refiere que “Martesa” está “categorizado en Servicios empresariales (sin clasificar). Las estimaciones actuales muestran que esta compañía tiene un ingreso anual de menos de $ 500,000 y emplea a un personal de aproximadamente uno a cuatro.
Gerardo Arturo reaparece como funcionario público en marzo de 2008 en Fonacot (Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores), con el cargo de director de área en la oficina de Torreón, Coahuila donde desempeñaba las siguientes funciones, según él mismo precisó: administración de bienes materiales; atención directa al público; labor de supervisión y manejo de recursos financieros.
(Arturo Rodarte Leal)
Medio año después aparece en la Secretaría del Trabajo junto a su entonces titular, Javier Lozano quien ya era miembro activo del PAN. Arturo Gerardo se integra primero, al equipo de asesores de Lozano. Luego en 2009 asume el cargo de delegado federal de esa dependencia en su natal Tamaulipas, aunque en Ciudad Victoria. Allí permanece hasta 2011 y meses después, en abril de 2012, llega a la ex Procuraduría General de la República con el cargo de secretario particular, para después salir en enero de 2013. Según Declaranet ahí concluyó su carrera como servidor público, al mismo tiempo que su hermano José Antonio asumía su cargo como director de los centros SCT.
Un exfuncionario de la SCT narró a LA SILLA ROTA, las historias que le confiaron algunos contratistas. En todas, los detalles son los similares. “Después de haber pactado un contrato con José Antonio, Gerardo Arturo se comunicaba con ellos y los citaba en un hotel ya fuera del Estado de México o de la CDMX. Ahí, ya fuera en uno de las habitaciones o un privado, les decía en qué otros centros SCT del país le ‘ayudarían’; y pactaban entonces detalles de cómo y cuándo se verían de nuevo para entregarle la comisión acordada en efectivo”.
A decir de este testimonio, no todos los centros SCT aceptaron las condiciones impuestas por José Antonio. “Hubo, aunque fueron los menos, quienes se negaron a ser parte de tales manejos, y lo hicieron porque contaban con un respaldo político de alguien que, en ocasiones, estaba por encima del propio Ruiz Esparza. Y eso fue un blindaje para ellos porque, si no lo hubieran hecho así, se los comían”.
Terminado el sexenio peñanietista, nada se volvió a saber de Gerardo Arturo. Su cuenta de Twitter da cuenta de varios retuits dados a la cuenta de su ex jefe, Javier Lozano.
El tercero de los Rodarte Leal, Carlos Alberto, se desempeñó durante once años casi dos sexenios (de 2007 a 2017), en el Servicio Postal (Sepomex). Según asentó en Declaranet, estudió comunicación en Nuevo León, específicamente en la Universidad Regiomontana. Su primer cargo público fue en el Instituto Nacional de Migración de 1995 a 1996 como delegado en Chiapas.
Su carrera política es más breve, pues al ingresar a Sepomex fue asignado a la oficina regional en Jalisco donde, él mismo describió sus funciones bajo el cargo de gerente estatal, según una plataforma virtual para empleo. “Responsable de dirigir y supervisar once estados del país, 500 oficinas, más de 4 mil empleados a mi cargo, englobando todos los campos administrativos, ventas de operación y logística”, escribió.
El último año del sexenio calderonista, se desempeñó en la Segob dentro de la Comisión Nacional de Seguridad, en el área de administración de bienes. En su última declaración de bienes, siguió los mismos pasos de sus hermanos y cita textual, señaló “El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales. Declaración de posible conflicto de interés: no estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés. Toda la información fue capturada directamente por el servidor público”.
(diego joaquín)