CIUDAD DE MÉXICO.- Historias sobre desapariciones, sangre y muerte han rodeado los últimos años al estado de Guerrero. La llamada 'guerra sucia' entre los años 1969-1979 dejó decenas de testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos.
Las matanzas de Aguas Blancas y El Charco, así como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa son los casos más recientes.
Como un reclamo y una exigencia de justicia para los sobrevivientes, las familias y las comunidades se creó la Comisión de la Verdad (Comverdad) en Guerrero para intentar resarcir un poco el dolor por las atrocidades cometidas desde y con el amparo del poder.
La Comisión de la Verdad se formó como un instrumento de justicia alternativa porque no han funcionado los sistemas de resolución de conflictos en la sociedad mexicana. Un ejemplo son las madres que buscaron a sus desaparecidos no fueron atendidas por las autoridades, como era su deber legal.
El más reciente informe de la Comisión de la Verdad reúne las diversas voces que dan cuenta y documenta las diversas violaciones a los derechos humanos de la población de Guerrero, la desaparición forzada, la ejecución arbitraria, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la detención arbitraria y desplazamientos forzados.
A principio de los años setenta el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Hermenegildo Cuenca Díaz, instruyó a sus órganos internos, con riguroso carácter secreto el Plan “Telaraña” que tuvo como misión la erradicación de la guerrilla a la que por conveniencia, a fin de no deteriorar la imagen de México, se le dio el nombre de maleantes o gavilleros.
Se acreditó que a partir de 1971, en el estado de Guerrero, especialmente en las regiones Centro, Costa Grande y Costa Chica existió represión masiva y sistemática.
Ejecuciones arbitrarias
El informe señala que el caso de la guerra sucia las ejecuciones arbitrarias fueron realizadas por motivos políticos dada la persecución a la guerrilla y a las personas que el Ejército y las policías locales consideraban que eran simpatizantes o apoyaban de cualquier forma a la guerrilla.
Las ejecuciones registradas por la Comverdad, indica el documento, fueron realizadas en un contexto antidemocrático, autoritario, bajo condiciones en las que las fuerzas de seguridad y en especial el ejército contaban con facultades ilimitadas que representaron un obstáculo a quienes deseaban ejercer sus derechos.
Sobresale el caso de la ejecución en la comunidad de los Piloncillos, municipio de Atoyac, donde en abril de 1973 el Ejército llegó por la mañana, los soldados sacaron a los hombres de sus casas y los llevaron a la cancha; los militares ejecutaron a Saturnino Sánchez, Margarito Valdez, Santos Álvarez, Cescencio Reyes Díaz, Toribio Peralta Rivera y Eliazar Álvarez de 16 años.
Desapariciones forzadas
El informe de la Comverdad expone que existen los elementos de convicción para asegurar que el Estado mexicano, en especial la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conoce el destino final de todas y cada una de las personas desaparecidas en la guerra sucia en Guerrero, puesto que tanto de los testimonios de las personas sobrevivientes y testigos de los hechos, como de los documentos consultados en el Archivo General de la Nación se sabe que el Ejército y los cuerpos de seguridad federales y locales llevaban un registro de las personas a ubicar, localizar, detener o exterminar y de las personas que ingresaban a las instalaciones militares.
La gran mayoría de las personas detenidas eran llevadas a instalaciones militares o cárceles clandestinas. Hubo un gran número de personas, incluso menores de edad, trasladadas al Campo Militar Número 1 y algunas de ellas permanecieron ahí solamente por ser familiares de líderes guerrilleros, en especial Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.
Un ejemplo que cita la Comverdad es el informe de la Dirección Federal de Seguridad del 9 de septiembre de 1972: “seis detenidos que se encuentran en la 27 zona militar han sido interrogados por el Agente del Ministerio Público federal, Wilfrido Ortiz Melgarejo, y a pesar del trato que se les ha dado insisten en su inocencia”.
Criminalización
Se documentaron casos en los que las personas fueron objeto de desaparición forzada pero tiempo después aparecieron puestas a disposición de la autoridad judicial o recobraron su libertad.
De la información recabada se concluyó que muchas de las personas que fueron sometidas a proceso primeramente sufrieron detención arbitraria, tortura, desaparición forzada transitoria y posteriormente se violaron sus derechos a un debido proceso.
Una de las características de aquella época fue la impunidad. Las víctimas de desaparición forzada transitoria no confían en el sistema de justicia, ni en la policía o las fuerzas armadas.
De los datos obtenidos en el AGN ahora se comprueba que en 1974 empezaron a aparecer los cuerpos sin vida de personas visiblemente torturadas, desfiguradas y quemadas, a quienes se trataba de señalar como delincuentes o relacionar con el hampa, pero que, según un informe de la DFS, en realidad se trataba de personas relacionadas con Lucio Cabañas.
“En fechas recientes, tanto en el puerto de Acapulco como en poblaciones cercanas al mismo, en diferentes lugares han venido apareciendo cuerpos sin vida de personas no identificadas.
“Los cadáveres presentan impactos de arma de fuego, señales de haber sido torturados y desfiguraciones en el rostro y otras partes del cuerpo, producidas por quemaduras”.
“De ello ha tomado conocimiento el Agente del Ministerio Público del Fuero Común y al no ser identificada la víctima, ni reclamado el cuerpo, se ha ordenado la inhumación en la fosa común del panteón correspondiente, en el de Las Cruces cuando es perímetro de Acapulco”, expone un informe.
En Guerrero, la impunidad e inseguridad ocasionaron que la población tuviera el temor fundado sobre hacer cualquier denuncia, ya que se tienen testimonios que dan cuenta de familiares de personas detenidas que al tratar de localizarlos fueron a su vez detenidas.
Así fue que en la administración de Rubén Figueroa (1975-1981) creció la impunidad y se creó otro grupo de represión al margen de la ley que solamente informaba al gobernador o en ocasiones al Comandante de la Zona Militar en Acapulco. Este grupo cometió desapariciones forzadas de manera indiscriminada contra personas de las cuales habría que vengar insultos al gobernador, o personas con “problemas con el Ejército” o narcotraficantes con los que presumiblemente no hubo arreglo. Este grupo fue dirigido por el capitán Francisco Javier Barquín.
Desplazamiento forzado
Se acreditó que hubo personas que fueron desplazadas por persecución, inseguridad y temor a la represión generalizada que existió en aquella época, lo hicieron dejando sus viviendas, sus parcelas de cultivo.
De las comunidades afectadas hubo desplazamientos forzados donde sobresale Corrales de Río Chiquito –donde fueron detenidas más de 30 personas- que poco a poco ha venido repoblándose.
Incluso algunas comunidades fueron desaparecidas por el ejército, como es el caso de El Potrero o Valle Florido, en el municipio de Acapulco y la Peineta en el Municipio de Atoyac.
Violaciones a los derechos humanos
La Comverdad expone que se localizaron documentos relacionados con varios hechos que demuestran la impunidad con la que actuaron los cuerpos de seguridad y el ejército en Guerrero, además que refuerzan el carácter de represión generalizada que existió en la época de la guerra sucia.
Por ejemplo, se ordenó investigar a los agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección General Adjunta de la Coordinación General de Investigación – sin que se conozcan los resultados – un caso en que se habría detenido a 13 guerrilleros en un cuartel militar y habrían sido arrojados al mar.
Otro caso es el de una ejecución y sepultamiento clandestino en el cuartel de Atoyac de 200 campesinos en venganza del fallecimiento de 50 militares; donde la Converdad se pidió investigar “si un capitán y 10 soldados pertenecientes al 27º batallón de infantería, vestidos de civil, se hicieron pasar como guerrilleros aliados a Lucio Cabañas, invitaron a campesinos de la comunidad de ‘El Piloncillo’ o los Piloncillos del municipio de Atoyac, ofreciéndoles armas y dinero, logrando reunir aproximadamente a 25 campesinos los cuales fueron posteriormente formados y ametrallados por los militares”.
Los ejemplos son múltiples, la Comverdad reunió diversos testimonios que relatan la realización de vuelos al mar para tirar los cuerpos de personas ejecutadas previamente en la base militar de Pie de la Cuesta, Acapulco, con los que se corroboró tanto el carácter masivo de la represión como su carácter sistemático.
Uno más es el Plan Atoyac que contempló el control de la población civil por medio de “cartillas de identificación indicando desde luego las actividades a las que se dedica su portador con su fotografía” y el control de los abastecimientos, principalmente víveres.
“Está documentado que no sólo se trató de un ‘exterminio de la guerrilla’ sino que, como se señaló anteriormente, la represión y exterminio fue masivo”, se asegura en el Informe de la Comverdad.
srv