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Guerra Sucia de los 70, ¿reparación del daño?

En los setenta, el Estado Mexicano comenzó una ofensiva letal e incompasiva contra los detractores políticos de su régimen naciendo así la llamada "Guerra Sucia"

Escrito en ESPECIALES LSR el

A casi 50 años de la “Guerra Sucia” de los setenta la impunidad prevalece en uno de los pasajes más oscuros del México contemporáneo.

El Estado Mexicano, aunque lo ha intentado, ha sido incapaz de reparar el daño a las víctimas y familiares de las mismas.

Pero, ¿qué es la “Guerra Sucia”? Durante prácticamente todo el siglo XX, en el México postrevolucionario, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó sin interrupciones, pero sí con entes políticos que buscaban quitar a la llamada “Dictadura Perfecta” del poder.

Por ello, durante la segunda mitad del siglo pasado, particularmente en la década de los setenta, el Estado Mexicano comenzó una ofensiva letal e incompasiva contra los detractores políticos de su régimen naciendo así la llamada “Guerra Sucia”.

Policías y militares tenían la orden de desaparecer y asesinar a personas inmiscuidas en movimientos sociales y políticos, la mayoría de ellos armados, principalmente de izquierda y con pensamientos cercanos al comunismo, en un contexto donde la Guerra Fría prevalecía en todo el mundo.

Aunque la “Guerra Sucia” habría comenzado a principio de la década de los setenta, se cree que esta comenzó en los cincuenta y que hechos como la “Matanza de Tlatelolco” efectuada en 1968 son antecedentes.

El Ejército Mexicano y la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) fueron las principales dependencias encargadas de la “Guerra Sucia”.

Durante el gobierno de los presidente Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo fue cuando esta serie de violaciones a los derechos humanos se agudizaron.

Incluso, desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) informaba sobre líderes comunistas y guerrilleros en México.

En su momento poco se supo de esta ofensiva del Estado Mexicano debido a que se hacía en secrecía, no fue hasta el nuevo milenio y la llegada de la alternancia en el 2000 cuando los hechos comenzaron a darse a conocer.

Con la llega de Vicente Fox en los 2000, se creó la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado instancia que buscaba esclarecer los hechos y darle justicia a las víctimas de la “Guerra Sucia”, pero poco se dio a conocer al respecto y la impunidad prevaleció.

 

Tan poca es la información oficial al respecto que sólo se conocen 480 víctimas de desaparición forzada del 1 de enero de 1969 al 13 de septiembre de 1999 como consecuencia de la “Guerra Sucia”, según informó la Procuraduría General de la República (PGR).

El estado que más padeció la “Guerra Sucia” fue Guerrero, desde donde operaba el Partido de los Pobres, un grupo guerrillero liderado por Lucio Cabañas.

El Partido de los Pobres nació como un movimiento social, sin embargo, tomó las armas cuando sucedió una matanza en la comunidad de Atoyac ordenada supuestamente por el cacique local Juan García Galeana, dueño de una ferretería.         

Como consecuencia, los guerrilleros secuestraron al entonces senador y candidato a la gobernatura de Guerrero, Rubén Figueroa, durante dos meses. Luego, cuando éste llegó a gobernador, comenzó una cacería contra Cabañas, apoyado por el Gobierno Federal.

Hasta que una madrugada de diciembre de 1974, el Partido de los Pobres fue sorprendido por el Ejército, emboscando a los guerrilleros asesinando así a Lucio Cabañas.

Otro de los grupos contra los que fue víctima de la “Guerra Sucia” es “La Liga 23 de Septiembre”, fundado en Guadalajara, Jalisco, de ideología marxista con organización político y militar.

Considerada por el Estado Mexicano como un grupo terrorista, “La Liga 23 de Septiembre” cometió varios delitos que puso los ojos del gobierno encima, por ejemplo, el asesinato de Eugenio Garza Sada, empresario hijo del fundador de la Cervecería Cuauhtémoc, cuando intentaron secuestrarlo.

Un plagio que sí consumaron fue el de Anthony Duncan Williams, cónsul de Gran Bretaña y, Fernando Aranguren, joven empresario de la región. Para liberarlos exigían la entrega de 5 millones de pesos, y la libertad de 51 presos políticos. El gobierno de Echeverría negó las peticiones y estos liberaron a Duncan Williams, pero asesinaron a Aranguren.

El Estado Mexicano no buscaba que estos fueran detenidos por los delitos que cometían, sino que daban la orden de asesinarlos. Por ejemplo, Salvador Corral García e Ignacio Olivares Torres, a quienes se les acusó el secuestro y asesinato de Aranguren, fueron detenidos y brutalmente asesinados por el Ejército.

Corral García fue encontrado en Guadalajara con hematomas en el cuerpo, huesos rotos, clavos de viga en las rodillas y hombros, quijada quebrada y masa encefálica expuesta; a Olivares Torres se le encontró en Monterrey, con múltiples fracturas, había sido seriamente lastimado antes de morir.

Sin embargo, las víctimas no se limitaban a quienes militaban en la guerrilla, sino también a sus familiares y a políticos, así como jóvenes estudiantes, con pensamiento de izquierda que no estaban involucrados en movimientos armados. Es decir, la “Guerra Sucia” dejó en su mayoría inocentes.

Uno de los principales militares señalados por cometer y ordenar atroces crímenes durante la “Guerra Sucia” fue Mario Arturo Acosta Chaparro.

Él fue el encargado de encabezar las operaciones que terminaron con la vida de Lucio Cabañas, hecho que siempre presumió, además, lo señalaron de cometer los llamados “vuelos de la muerte”, donde subían a los cuerpos sin vida de los detenidos para arrojarlos al mar.

Acosta Chaparro fue detenido acusado de tener nexos con el crimen organizado, particularmente con el Cártel de Juárez, pero fue exonerado, para luego ser asesinado el 20 de abril del 2012 en las calles de la Ciudad de México.

Pese a tener la acusación formal por la desaparición de 123 personas, Mario Arturo Acosta Chaparro murió sin ser juzgado por los crímenes que cometió durante la “Guerra Sucia”.

A la llegada de José López Portillo a la Presidencia de la República, se impulsó la llamada reforma política en 1977, promovida por el historiador y político Jesús Reyes Heroles, quien era secretario de Gobernación que buscó pasar de un sistema de partido hegemónico a un pluripartidismo. Ello derivó que en las elecciones intermedias de 1979 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibiera el 69.84% de los votos (le correspondieron 296 diputados) y perdiera, en manos del Partido Acción Nacional, cuatro diputaciones de mayoría relativa. Este último obtuvo 10.79% de los sufragios, lo que se tradujo en 42 diputados plurinominales, siguiéndole el Partido Comunista Mexicano con 4.97% (18 diputados) que dejó la clandestinidad; el Partido Popular Socialista con 2.59% (12 diputados); el Partido Socialista de los Trabajadores con 2.12% (12 diputados); el Partido Demócrata Mexicano con 2.05% (10 diputados); y, por último, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana con 1.81% (10 diputados).

fmma