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Empresas hidalguenses salpicadas por escándalo de Odebrecht

La firma cedió a subcontratistas toda la obra para la modernización de la refinería de Tula; dos de las beneficiadas pertenecen a Carlos Aniano

Escrito en ESPECIALES LSR el

Cuatros empresas hidalguenses, una inmersa en un proceso por presunto robo de hidrocarburo y dos propiedades de un empresario cercano al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, fueron subcontratadas por Odebrecht, cuyos ejecutivos admitieron ante una corte federal de Nueva York, en diciembre de 2016, haber sobornado con 10.5 millones de dólares a funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a cambio de contratos.

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Con base en documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a los cuales hace referencia Reforma, Odebrecht cedió a subcontratistas toda la obra que Pemex le asignó en diciembre de 2013 para la modernización de la refinería de Tula, y entre las empresas beneficiadas estaban dos que pertenecen a Carlos Aniano Sosa Velasco, casero del exgobernador de Hidalgo.

Grupo Constructor Tulancingo y Construcciones Sky Universal fueron subempleadas por la firma brasileña para un contrato por 2 mil 686 millones de pesos (folio PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-414), cuyo expediente, afirmó MCCI, fue turnado por la petrolera a la Procuraduría General de la República (PGR) para integrarlo a la investigación del caso.

Construcciones Industriales Tapia (Citapia), asentada en el Parque Industrial de Atitalaquia, Hidalgo, también fue ligada a la red de sobornos de Odebrecht con Pemex, por declaraciones juramentadas del exejecutivo Luis Alberto de Meneses Weyll.

La compañía erige la estructura metálica de la Torre de Control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, subcontratada por Grupo Aldesa, consorcio que, a través de Aldesem SA de CV, edificó el Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, donde dos personas perdieron la vida al caer en un socavón, el pasado 12 de julio.

Contra la firma la Procuraduría General de la República (PGR) inició la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/000397/2017, después de que agentes de la Policía Federal intervinieran en un operativo el 10 de marzo en el que detectaron una toma clandestina que, aseguraron, conectaba, mediante una manguera, a un predio de la constructora.

La Citapia negó que el ducto ordeñado desaguara en sus instalaciones y acusó que “unas cinco empresas”, que compiten con ellos como proveedores de Pemex, son responsables de lo que denominó “guerra sucia”, por la disputa de contratos, la cual, consideró, se avivó la segunda semana de julio cuando recibieron un pedido por 66 millones de pesos por la instalación de un tanque en el complejo Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Aunque reservó el monto del contrato por la Torre del NAICM, la compañía, que patrocinaba al club de futbol Pachuca y a Julio César Chávez Jr., refirió que lo obtuvo de la española Aldesa, a quien, vía Aldesem, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México le asignó la edificación del inmueble que regirá el tráfico aéreo, en conjunto con Jaguar Ingenieros SA de CV, por mil 242 millones de pesos, sin incluir el pago por Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Además de Citapia, Grupo Constructor Tulancingo y Construcciones Sky Universal, Cooperativa Cruz Azul también es investigada por subcontratos de Odebretch.

Tras la revisión a la cuenta pública 2016, cuyo segundo informe entregó el 31 de octubre a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que Constructora Norberto Odebrecht firmó con Pemex dos contratos, el 9 de julio y el 18 de noviembre de 2015, para incrementar en 879 millones 283 mil 600 pesos el contrato que le fue adjudicado, sin competir con otra empresa, para el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas en la Refinería Miguel Hidalgo.

El costo inicial, refirió la Auditoría, fue de 1 mil 436 millones 398 mil 600 pesos (contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14), de los cuales la compañía brasileña recibió un anticipo de 20 por ciento para instalaciones temporales, movimiento y traslado de maquinaría el 27 de noviembre de 2014.

Pese a ello, confirmó, en agosto de 2017 no se había realizado el acta de extinción de derechos y obligaciones por los servicios.

En la planta procesadora de crudo de Salamanca, la ASF detectó que Pemex pagó 52 millones 706 mil pesos más “por no haber realizado el mercadeo de la mano de obra que permitiera asegurar la obtención de las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento y oportunidad”.

Ese contrato, con número DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14, también fue otorgado a Odebrecht, por adjudicación directa.

En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados, Alejandro González Murillo, sobrino del exprocurador Jesús Murillo Karam, aseguró que no hay un elemento que acredite beneficio a empresas cercanas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su familia mediante contratos de obra pública.

 “¿Hay algún elemento de liga, de justificación (o) de nexo? No hay ninguno”, declaró el legislador, quien afirmó que la empresa Itrio Arquitectos, que preside su hermana Patricia González Murillo, en la cual, al ser fundada, él tuvo participación, tienen 20 años de antigüedad e, insistió, “no ha crecido en ningún sexenio ni bajo la sombra de nadie”.

Para el representante plurinominal, que presento su segundo informe de labores en Pachuca, el tema se debe al escenario preelectoral, y a la víspera de la nominación del candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Es evidente que hay una guerra sucia porque el señor (Osorio Chong) lidera las encuestas, (por)que tiene posibilidades de ser candidato, (por)que tiene posibilidades de ser presidente”, dijo.

No obstante, no refirió quién, de acuerdo con su señalamiento, es el responsable de lo que denominó guerra sucia.

Asimismo, indicó que Sosa facilitó la residencia, en 2012, y luego le adjudicaron obras, los cuales llegan hasta los 269 millones de pesos.