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El conflicto interno en L2 del Metrobús que ya afecta a los usuarios

La deuda creciente ha obligado a la operadora a circular con solo 17 unidades en la ruta de Tacubaya a Tepalcates

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Escrito en ESPECIALES LSR el

A 10 años de que iniciara en la Línea 2 del Metrobús el servicio de la empresa Corredor Oriente Poniente de S.A. de C.V. (Copsa), que va de Tacubaya a Tepalcates, ésta atraviesa un conflicto interno entre dos grupos de socios. Ambos se acusan de malos manejos durante su gestión en el Consejo de Administración.

El grupo encabezado por Encarnación Juárez acusa que la presidencia del Consejo de Administración de Copsa vendió 2 unidades del Metrobús, propiedad de la empresa y que estaban fuera de operación, sin consultar a los 82 socios y a otra concesionaria que también recorre la Línea 2.

También señalan que en lo que lleva la actual administración a los socios no se les han repartido los dividendos, es decir, las ganancias de la empresa.

En tanto, Juan Manuel Martínez Herrera, actual presidente del Consejo de Administración y Nicolás Vázquez, comisario de Copsa, señalan que recibieron una empresa con adeudos que hasta el momento ascienden a 40 millones de pesos.

Mientras no paguen lo que deben no podrán pagar los dividendos a los socios, así como no podrán comprar 8 unidades para aumentar el parque vehicular, que actualmente es de 17 camiones en circulación más 8 que están en el patio de encierro.

En relación a los dos vehículos que denuncia Encarnación Juárez, dice que se vendieron en lo “oscurito”, aunque Juan Manuel Moreno reconoce la venta y argumenta que en una reunión informativa con los socios se les notificó.

Debido a la deuda, Moreno acepta que sí impacta un poco en el servicio, ya que no pueden rehabilitar más autobuses ni por el momento comprar nuevos. Sin embargo, garantiza que con las unidades que tienen brindan el mejor servicio que está a su alcance.

EL MEDIADOR Y CONCILIADOR

A pesar del conflicto interno en la empresa Copsa, el servicio de la operación en toda la Línea 2 no está en riesgo ni se suspenderá, aseguró a LA SILLA ROTA Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Metrobús.

Agregó que es un problema interno entre particulares y que no les afecta ni en la operación ni en las finanzas. En lo que resuelven sus diferencias, el Metrobús funciona sólo como mediador y conciliador. 

“Es una disidencia minoritaria, con problemas internos por la administración de la empresa, y en ningún momento está en duda o riesgo la operación y no nada más porque la empresa no suspenderá el servicio, sino también porque Metrobús le ha estado pagando todas las semanas a Copsa su kilometraje, que es la parte de los contratos contractuales”.

Señaló que la concesionaria no tiene por qué dejar de prestar el servicio, pero en el caso remoto de que no lleguen a un acuerdo y que el grupo disidente pare en protesta, Metrobús tiene reservas para sustituir esas unidades y no afectar a los usuarios.

El director del sistema de transporte agregó que de incumplir con el contrato o que haya alguna interferencia en la operación, Metrobús podría sancionar a la empresa.

“Lo que estamos haciendo es ser mediadores y conciliadores entre las dos partes para que lleguen a un entendimiento. Lo que se están disputando es la presidencia del Consejo de Administración, ese es el trasfondo del problema”.

EN EL CONFLICTO, Y ¿DE QUÉ SE ACUSAN?

Encarnación Juárez relató que después de junio de 2017 que Juan Manuel Martínez Herrera y su equipo tomaron posesión del Consejo de Administración, a petición de ellos realizaron una Fe de Hechos en presencia de notario público para constar el estado físico en cómo la pasada administración entregaba “el parque vehicular, así como el inventario de las herramientas, equipo de oficina y papelería en general que fue asignado a la empresa”, indica el documento.

En la Fe de Hechos se detalla el estado de las 27 unidades, propiedad de la empresa. Se informa cómo se encuentra el motor, carrocería y el interior de cada camión. En el momento de la entrega, aseguró Juárez, 17 estaban en operación y 10 en el patio de encierro que por su antigüedad estaban fuera de servicio.

Después de cuatro meses, en octubre de 2017, el equipo que estaba antes en el Consejo de Administración se enteró que presuntamente la presidencia de la empresa vendió “por debajo del agua” las unidades 378 y 386, las cuales estaban registradas en la Fe de Hechos que entregaron en junio de ese año.

De acuerdo con Encarnación Juárez, la actual administración vendió las unidades a una empresa,  ésta al comprarlas las desmanteló en el mismo patio de encierro, las trasladó a sus instalaciones y las utilizó para reparar sus vehículos.  

“Cuando Juan Manuel vende recibe el dinero al contado y no es a nombre de la empresa. Además con eso ocasionó daño patrimonial, abuso de confianza, engaño a los socios”.

Ellos al enterarse de la supuesta venta visitaron el patio de encierro y comprobaron que hacían falta esas dos unidades.

Juárez afirmó que desconocen de cuánto dinero pudo haber sido la transacción. Sin embargo,  estimó que sería de la mitad de lo que costaron originalmente, alrededor de 2 millones de pesos por cada vehículo. En la factura de la compra de una de una de las unidades, el 22 de diciembre de 2008, se especifica que el costo total fue de 4 millones 297 mil 682 pesos.

Debido a toda la situación interpondrán una demanda penal, pues de “octubre de 2017 a la fecha no ha pagado a la empresa el costo de los camiones que vendió. Él lo vendió (Juan Manuel) y no ha reportado ni un solo peso”.

“NOS DEJARON UNA DEUDA MILLONARIA”

Por su parte, Juan Manuel Martínez Herrera, presidente del Consejo de Administración de Copsa, refirió que a partir del 25 de mayo de 2017 que tomó posesión comenzó a detectar con su equipo parte de las deudas que habían heredado de la gestión anterior, tanto con gobierno como proveedores particulares.

 

Se dieron cuenta desde el inicio que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tenía congeladas las cuentas con la empresa debido a la falta de pagos, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaba por cancelar el contrato por la misma razón.

A pesar de que la pasada administración entregó el parque vehicular, herramientas y papelería, Martínez Herrera afirmó que hasta el momento no han recibido documentos relacionados con las finanzas ni los libros contables.

Sin embargo, se percataron de las deudas porque los acreedores y prestadores de servicios les solicitaron los pagos no realizados, incluso tienen demandas por contratos incumplidos. Además pidieron información al SAT. Debido a ello, interpusieron un juicio para que por medio de la ley la anterior administración esté obligada a brindar la documentación requerida.

A un mes de estar al frente de la presidencia, en junio de 2017, el actual Consejo de Administración convocó a los 82 socios a una Asamblea para informales varios asuntos, entre ellos, el estado en cómo encontró la empresa y sus finanzas. Ahí notificaron que habían detectado una deuda de más de 24 millones de pesos.

No obstante, durante este año el Consejo de Administración se ha percatado que esa deuda asciende a 40 millones de pesos, “ya que han ido saliendo más acreedores y creemos que saldrán más”.

Este tiempo han saldado la mitad, es decir, que por el momento deben alrededor de 20 millones de pesos. También han recuperado las cuentas y convenios que habían sido cancelados.

Martínez Herrera añadió que debido a la fuerte cantidad que todavía deben de saldar no han podido generar dividendos ni pagar ganancias a los socios, situación que, dijo, se les avisó en la Asamblea de junio de 2017 y ellos aceptaron.

En octubre de 2017 estaban obligados a pagar una deuda de acuerdo con un convenio que establecieron con un proveedor. El problema, explicó Martínez Herrera, es que luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 y de la semana en que se subsidió al Metrobús, ellos tuvieron que subsanar los gastos y se quedaron sin dinero.

Comentó que se vieron obligados a tomar una decisión deliberada y sin consultar en Asamblea  vendieron las unidades 378 y 386 que estaban inservibles, y que desde 2016 se le notificó al Sistema Metrobús que salían de circulación.

Después de la transacción, dijo, se les informó a los socios. “Ese dinero se ocupó para pagar parte de la deuda y nosotros contamos con comprobantes que demuestran para qué se usó”.


AJ