Después de una larga travesía por la ciudad, Alejandro Corona encontró lo que pensó que sería su hogar: un acogedor departamento con dos recamaras, un baño y medio, sala comedor, cocina integral y lugar de estacionamiento, construido en un terreno de 60 metros cuadrados en la colonia Nueva Santa María de la delegación Azcapotzalco.
Se enteró del inmueble a través de una hoja de papel colocada en una cabina telefónica afuera del metro, con la leyenda: “Se renta departamento por la zona. 2 recámaras. Trato directo”. Estaba anotado un número telefónico.
Al comunicarse, un hombre con voz amigable, llamado Julio César Gutiérrez, quien aseguró ser el propietario del lugar, pedía por el inmueble 5 mil pesos de renta y un depósito; posteriormente acordaron una cita para conocer el departamento.
En el lugar, al ver su interés, el casero le pidió un apartado equivalente al depósito, a fin de dejar de anunciar el inmueble. El futuro inquilino accedió. Al día siguiente le entregaría el dinero en efectivo con la promesa de firmar contrato unos días después.
Llegado el día del trámite, Alejandro intentó comunicarse con el casero, pero al marcar al número celular se encontraba fuera del área de servicio, al acudir al edificio y preguntar a los vecinos por el supuesto casero, nadie lo conocía.
El caso de Alejandro se suma a los múltiples fraudes inmobiliarios que se han presentado a partir de la gran demanda de inmuebles en alquiler en la Ciudad de México.
En entrevista con La Silla Rota, María del Carmen Loera, consejera nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C., organización encargada de agrupar a la mayoría de las inmobiliarias a nivel nacional, afirmó que existen distintos tipos de fraudes de los que el futuro inquilino puede ser víctima.
INMOBILIARIAS SIMULADAS
Loera explicó que es necesario informarse sobre la persona que está rentando la propiedad, la supuesta inmobiliaria, las personas o firmas deben tener un registro, o al menos deben estar validadas por una asociación “que garantice confiabilidad”.
“El mayor riesgo que existe es que se tope con algún arrendatario que no exista”, comentó, por lo que es necesario, dijo, “verificar que la inmobiliaria esté certificada o acreditada”.
Generalmente las inmobiliarias no solicitan dinero para apartar el lugar, ya que “muchas veces el presunto agente inmobiliario puede desaparecer con el apartado”.
Sin embargo, en caso de que se le pida, se tiene que hacer un cheque o una transferencia a nombre del propietario del inmueble, nunca a nombre de otra persona. Además, se debe firmar un contrato con el afianzador donde se establece que no se puede hacer uso del apartado.
PROPIEDADES SIN DUEÑO
La inmobiliaria debe comprobar que la propiedad tenga dueño, es decir, que la casa o departamento esté a nombre del propietario y que el arrendador pueda comprobarlo.
“En ocasiones hay hermanos que son dueños de la propiedad y quien la está rentando es otro hermano, se debe definir quién realmente es el propietario”, comentó.
En este sentido, la especialista abundó que “debe quedar estipulado en el contrato el nombre de la persona que recibirá el dinero de la renta o las personas autorizadas”.
“Hay mucho riesgo de entregar nuestro dinero a alguien que no se le pueda ostentar sus credenciales como inmobiliaria, siempre es mejor tomar precauciones, pues es un riesgo darle nuestro dinero a una inmobiliaria improvisada, y no porque no sea honorable, sino porque puede no estar capacitada”, agregó.
VICIOS OCULTOS
Muchos arrendatarios, a fin de garantizar la venta, suelen omitir problemas o proporcionan mala información relacionada con el inmueble. Estos pueden ser desde problemas de inseguridad, vecinos indeseables, problemas de servicios o cuotas de mantenimiento que no estaban especificadas.
“Por razones no éticas resulta que no le dijo que no pasaba la basura, o que el vecino hace mucho ruido, o que hay problemas de mantenimiento y el arrendatario termina viviendo un calvario”.
En este sentido, recomendó que antes de rentar se hagan cuestionamientos sobre todos y cada uno de los servicios, que haya un mínimo de conocimiento sobre el dinero que va a dar para vivir en un lugar que finalmente se convertirá en su hogar.
Adicionalmente, quienes rentan una propiedad deben de tomar en cuenta requisitos que las mismas inmobiliarias o caseros solicitan.
GASTOS DE INVESTIGACIÓN
Habitualmente las arrendadoras solicitan cuotas que van desde los 500 pesos hasta los 2 mil 500 por gastos de investigación. Esas cuotas no son reembolsables y no deben superar el 20 por ciento del valor de la renta, explicó la Carmen Loera.
Ahora existe “una lista negra de malos inquilinos”, también conocida como buró de arrendadores.
De acuerdo con la especialista, “las inmobiliarias tienden a solicitar este requisito para comprobar que el prospecto a inquilino no se encuentre en el buró de arrendadores o en el buró de crédito”.
Aunque aseguró que dicha lista no aparecen personas que perdieron su trabajo o que bien dejaron de pagar por una circunstancia transitoria, sí se enlistan las personas que ya se les tiene identificados como defraudadores o que han presentado papeles falsos.
“Es una forma de protegerse de los defraudadores”, dijo.
Para las cuotas de investigación, las inmobiliarias buscan empresas especializadas en investigar a las personas y “garantizar que la persona es solvente y que en todo sentido no dará problemas”.
EL FIADOR
Una práctica recurrente es solicitar un fiador, una persona que avale al nuevo inquilino para rentar un inmueble.
El fiador debe poseer una propiedad en la misma ciudad donde se va a rentar.
Aseguró que la principal razón para solicitar un fiador es que éste se vuelve la única posibilidad legal que tendría el propietario de poder recuperar el inmueble rentado, en el caso de que haya daños, o en el caso de que haya rentas por cobrar.
“Se pide que tenga un inmueble porque en determinado momento, si el inquilino no cubre los daños al inmueble o las rentas vencidas, la propiedad va a quedar retenida”, dijo.
Generalmente se solicita que sea en la misma región para que esté dentro de la misma jurisdicción y así se pueda presionar en caso de que el inquilino no cubra con los gastos, si no su inmueble quedará gravado hasta que las rentas faltantes sean pagadas.
jqf