En 1983 fue fundada la primera dependencia encargada de combatir a funcionarios corruptos, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, cambiando de nombre en dos ocasiones, sin lograr grandes resultados. Especialistas consultados dudan que la creación de una Fiscalía sobre el tema arroje resultados diferentes.
Para 1994 se convirtió en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y en 2003 en la Secretaría de la Función Pública. Treinta dos años y 12 titulares después, el debate sobre su funcionalidad y eficacia continúa.
En poco más de dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, al menos cinco escándalos de corrupción han estallado, cuatro que involucran a actores de del Partido Revolucionario Institucional.
Prometida por el presidente Peña Nieto desde su época de candidato, la lucha contra la malversación de recursos públicos y el tráfico de influencias, no sólo no ha iniciado, sino que todo indica que no es una prioridad.
Sin el nombramiento un Fiscal Especial Anticorrupción, sin la legislación de un Sistema Nacional en la materia y con una Secretaría de la Función Pública revivida y subordinada al Ejecutivo Federal, el país se encuentra en un limbo en el combate a la corrupción.
El viernes 30 de marzo de 2012, Enrique Peña Nieto arrancó su campaña rumbo a la Presidencia de la República en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, Jalisco. Allí firmó los tres primeros compromisos (de 100) que, dijo, cumpliría una vez que ocupara el cargo de primer mandatario de la nación.
El primero, el más importante, era el de un mal ligado históricamente con su partido: la corrupción.
“…Crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Se trata de una Comisión Autónoma, que a partir de las denuncias ciudadanas podrá investigar cualquier irregularidad en cualquier nivel de Gobierno”, dijo en aquella ocasión entre ovaciones.
“Ya me conocen, se los firmo y se los voy a cumplir", remató el candidato puntero en las encuestas, imagen del nuevo PRI.
Desde aquella fecha han transcurrido 35 meses y el primer compromiso del mexiquense no se ha cumplido.
En 2013 México ocupó el lugar 109 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), con una calificación de apenas 34 puntos de 100 posibles, es decir que si México fuera un alumno, estaría reprobado.
La lucha contra la corrupción no sólo no es la prioridad del actual gobierno federal, sino que, todo indica, es algo de lo que preferirían prescindir, asegura el ex funcionario federal Agustín Basave.
En dos años y dos meses de gobierno, los escándalos por corrupción han golpeado y tambaleado al gobierno peñista como a ninguna otra administración federal en tan poco tiempo:
A finales de septiembre de 2014, el país amaneció con la noticia de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Normal Rural de Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa. Las investigaciones revelaron a que policías municipales de Iguala y Cocula fueron los encargados de levantarlos –por órdenes de alcalde de Iguala, José Luis Abarca (PRD), coludido a su vez con el grupo criminal de los Guerreros Unidos.
La danza de las casas
En noviembre de 2014, salió a la luz que Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera eran dueños de la llamada Casa Blanca en Sierra Gorda 150 de las Lomas de Chapultepec (con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares). La propiedad era originalmente de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que forma parte del Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien desde hace 12 años habría recibido contratos por 23 mil millones de pesos del gobierno del Estado de México y en el gobierno Federal acumula contratos por 53 mil millones de pesos.
En diciembre de 2014, el diario The Wall Street Journal, publicó que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso también adquirió una casa – por 7.5 millones de pesos (unos 581,000 dólares) en octubre de 2012– a Bienes Raíces H&G SA, propiedad de Juan Armando Hinojosa.
Sólo unos días después, estalló el escándalo por el automóvil Porsche valuado en 100 mil dólares, que Heliodoro Carlos Díaz Aguirre, subdirector jurídico corporativo de Liconsa supuestamente regaló a su hijo Heliodoro Díaz Escárraga, funcionario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Hace unos días, The New York Times reveló una investigación en la que señala que el ex gobernador de Oaxaca, uno de los estados más pobres del país, es dueño junto con sus familiares cercanos de al menos seis propiedades en Estados Unidos.
Pero los escándalos no han sido suficientes, opina Basave.
“A este gobierno no le interesa combatir la corrupción, si ni siquiera aclaran sus propios conflictos de interés, los tapan, se niegan a que se forme una comisión de legislativo para investigar. Más claro ni el agua”, explica.
El 15 de noviembre de 2012, ya como presidente electo, Enrique Peña Nieto envió al Congreso la iniciativa para la Comisión Nacional Anticorrupción, y así darle cumplimiento a la primera de sus promesas de campaña.
No fue sino hasta el 1 de diciembre de 2013, cuando el Senado presentó el pre dictamen en el que se definió que la Comisión debía de ser un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con facultades para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en materia administrativa cometidos por servidores públicos, así como por particulares, ya sean personas físicas o morales.
Sin embargo el desencuentro fue por la integración –contemplada en el la iniciativa– de un Consejo Nacional para la Ética Pública, que preveían la participación del Presidente de la República, gobernadores y otras autoridades. Además del nombramiento de sus cinco comisionados, que vendría por parte, también del titular del ejecutivo federal.
“La Comisión Nacional Anticorrupción era una cosa absurda, era encargarle a un subordinado que investigue al jefe, como pasa con la recién revivida de facto Secretaría de la Función Pública”, apunta el ex diplomático sobre la iniciativa que quedó empantanada y dio paso a otra propuesta más integral, la del Sistema Nacional Anticorrupción, del PAN.
La iniciativa, a discutirse en la Comisión de Puntos Constitucionales a partir del próximo 16 de febrero para luego pasar al pleno de la Cámara de Diputados, corre el riesgo de quedar “descafeinada”, prevé el maestro Sergio Bárcenas Juárez, del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey.
“Entre otras cosas, el Sistema Nacional (Anticorrupción) busca darle autonomía a la fiscalía y darle más dientes. El PRI lo que ha buscado es limar esas posibilidades, tiene miedo de que sea tan poderosa que pudiera resultar una amenaza”, afirma.
Y es que, de acuerdo con el especialista, la propuesta de un Sistema Nacional ha sido más integral y saca de órbita el control del Estado sobre la lucha contra la corrupción al proponer un observatorios Ciudadanos con capacidad de denuncia; el fortalecimiento del secretario de la Función Pública, que sería ratificado por el Senado y ya no sólo nombrado por el presidente; además, dotar de más y mejores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación.
A la par y al menos en lo propuesto en la Cámara baja, se busca que los contralores no sean más empleados del presidente, de los gobernadores o alcaldes, sino que sea un tribunal federal autónomo y el propio Poder Judicial de la Federación los encargados de sancionar actos de corrupción
“Al gobierno lo que menos le conviene es desgastar el asunto porque eso le va a dar mayor escrutinio desde la sociedad”, subraya el académico.
Óscar Arredondo Pico, abogado especialista del Centro de Análisis e Investigación Fundar, no es muy optimista en cuando a lo que le espera al país en materia de combate a la corrupción. Al menos no en lo que se refiere a la creación de una Fiscalía Anticorrupción y al nombramiento de su titular.
Y es que el especialista recuerda que en diciembre de 2012 se reformó, por iniciativa del presidente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con lo que se modificó el artículo 37 el que le daba sustento a la existencia de la Secretaría de la Función Pública.
“En un artículo transitorio de esa misma reforma decía que atribuciones y facultades de la SFP se mantendrán mientras no se cree la Fiscalía Anticorrupción”, detalla y agrega lo que le genera suspicacia:
“Si ahorita se nombra un Fiscal Nacional Anticorrupción –como lo han adelantado los senadores– quedaría directamente subordinado al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, un subordinado del presidente. Por lo que no habría una autonomía para poder investigar los actos del ejecutivo”, alerta.
Según el experto, incluso con la transformación de la PGR en la Fiscalía General de la Nación “lo más probable es que quien quede al frente sea Murillo porque así lo señalan los artículos transitorios. Tendríamos a este señor hasta 2024”, subraya.
Por otro lado, opina Arredondo Pico, se puede vaticinar que el recién nombrado Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, “no llevará a buen puerto las investigaciones” por el conflicto de interés en el primer círculo del Gobierno de la República.
“Van a exonerar al presidente y sus secretarios y no es por la relación que tiene con Virgilio, sino porque el presidente no está sujeto de responsabilidad, porque el artículo 108 de la Constitución estipula sólo puede ser juzgado por delitos graves, no por cuestiones de conflicto de interés o por violaciones a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos”, destaca.
Para Oscar Arredondo, no sólo la poca voluntad política entrampa el combate a la corrupción sino también la debilidad en el marco legal.
“Estamos en un escenario en el que hay un limbo sobre el combate a la corrupción”, lamenta.
En el mismo sentido opina el politólogo Agustín Basave y agrega que no habrá un combate a los actos de malversación de recursos públicos si antes no se jubila la Constitución.
“Tenemos una Constitución de 98 años que la han operado más de 500 veces, le duele todo y nadie le quiere dar cristiana sepultura. Necesitamos una con normas eficaces, nos urge una nueva Constitución más realista y funcional, eso sería atacar el problema de raíz”, finaliza.
Luego de que el grupo de trabajo encargado de la redacción del dictamen en la Cámara de Diputados recabe, el 16 de febrero, las propuestas de modificación o las iniciativas de decreto del Sistema Nacional Anticorrupción, se elaborará un documento que contenga las coincidencias en el tema de combate a la corrupción, y se espera que antes del martes 24 el dictamen ya haya sido votado en la Comisión de Puntos Constitucionales para de inmediato turnarlo a la Mesa Directiva de la Cámara.
La iniciativa, de Acción Nacional, es lo más cercano a lo que la madrugada del 30 de marzo de 2012 prometió el entonces candidato a la presidencia Peña Nieto, un compromiso firmado pero que no ha cumplido.
LOS TITULARES
Secretaría de la Contraloría General de la Federación
Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982 - 1988)
(1983 - 1987): Francisco Rojas Gutiérrez
(1987 - 1988): Ignacio Pichardo Pagaza
Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 - 1994)
(1988 - 1994): María Elena Vázquez Nava
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 - 2000)
(1994 - 1995): Norma Samaniego
(1995 - 2000): Arsenio Farell Cubillas
Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000 - 2006)
(2000 - 2003): Francisco Barrio Terrazas
Secretaría de la Función Pública
(2003 - 2006): Eduardo Romero Ramos
Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006 - 2012)
(2006 - 2007): Germán Martínez Cázares
(2007 - 2011): Salvador Vega Casillas
(2011 - 2012): Rafael Morgan Ríos
Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 - actualidad)
(2012 - 2015): Julián Olivas Ugalde, Subsecretario encargado del despacho
(2015 - Actualidad): Virgilio Andrade Martínez