Ser funcionario de gobierno en la Ciudad de México es garantía de que, aunque uno cometa algún delito, sin importar la gravedad de éste, no recibirá ninguna sanción y, mucho menos irá a la cárcel.
De acuerdo con un informe interno de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, al cual LA SILLA ROTA tuvo acceso, de diciembre de 2012 al 31 de marzo de este año, se recibieron en la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, un total de 27 mil 744 denuncias contra funcionarios capitalinos por la comisión de diversos delitos.
En este mismo documento se informa que la dependencia “tiene un total de 30 mil 668 denuncias en las que se propone el no ejercicio de la acción penal, Archivo Temporal y Reservas”.
Finalmente, esta fiscalía, a cargo de José Carlos Villarreal Rosillo, informó que, de todo ese cúmulo de denuncias, tan solo en mil 424 “se propone el ejercicio de la acción penal”; es decir, tan solo a 4 de cada cien servidores públicos que cometieron algún delito se les ejerce acción penal.
La lista de delitos cometidos por los servidores públicos de la ciudad es larga: abuso de autoridad, acoso sexual, allanamiento de morada, amenazas, coalición de servidores públicos, corrupción de menores, cohecho, despojo, discriminación, extorsión, fraude, intimidación, lesiones, peculado, robo, tortura y un largo etcétera.
Aunque en este informe no hay fechas precisas, no resulta complicado establecer que la mayor parte de estos delitos se cometieron durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno; sin embargo, sí resulta complicado establecer cómo es que uno de sus funcionarios, el propio José Carlos Villarreal Rosillo, que hoy propone el no ejercicio de la acción penal contra la inmensa mayoría de funcionarios que delinquieron, siga ocupando el mismo cargo que ocupó durante la pasada administración.
Pero ¿quién es José Carlos Villarreal Rosillo? Es el mismo que, el 19 de abril de 2004, siendo entonces agente del Ministerio Público Federal, de forma ilegal tomó declaración a Carlos Ahumada Kurtz, el empresario de origen argentino, propietario de Grupo Quart, que era investigado por una supuesta extorsión a funcionarios de la administración capitalina.
Carlos Ahumada
Resulta que, en vez de trasladar a Ahumada a la agencia del Ministerio Público –donde deben llevarse a cabo estas diligencias ministeriales-, Villarreal Rosillo lo declaró en el salón Reforma del hotel Presidente Intercontinental, ante representantes de la PGR, del Cisen y del entonces senador de la República Diego Fernández de Cevallos.
En su momento, el funcionario fue denunciado penalmente por delitos contra la administración de la justicia, ya que presuntamente había violado los artículos 16, 20 y 73 del Código Federal de Procedimientos Penales, los cuales precisan en dónde deberán realizarse las diligencias de índole ministerial y ante qué personas. La transgresión a esas normas legales prevé sanciones penales que van de los cuatro a los diez años de prisión y de mil a dos mil días de multa. Ninguna sucedió.
Más aún: Villarreal Rosillo fue denunciado penalmente por un grupo de diputados del PAN en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ante la propia PGJCDMX por la exoneración del entonces delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, quien fue acusado por extorsionar vía telefónica a un empresario, a quien le exigió una fuerte cantidad de dinero a cambio de que continuara con unas obras.
“Hemos leído con mucha preocupación que el interés de la Fiscalía Especializada de Servidores Públicos es decretar el no ejercicio de la acción penal, y dentro de lo que leímos, es que señalaban que no existían elementos para vincular a Rodolfo Reus (el empresario extorsionado) y a Mauricio Toledo. Cuando nosotros presentamos la denuncia, en febrero del año pasado, les solicitamos específicamente que practicaran diligencias, primero, para que solicitaran las conversaciones del (teléfono) BlackBerry, dejaron pasar un año, hicieron todo mal”, dijeron los panistas. Hoy, Toledo es diputado federal.
Otro caso de impunidad fue el protagonizado por los exdelegados en Coyoacán, Mauricio Toledo; de Benito Juárez, Jorge Romero; y de Álvaro Obregón, Leonel Luna, quienes, siendo diputados locales en la Asamblea Legislativa, desviaron recursos del Fondo de Reconstrucción que se había creado tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Mauricio Toledo
Tablets, tinacos, escobas y decenas de productos más fueron adquiridos por estos legisladores y utilizados en las campañas electorales de 2018. El escándalo fue tal que, incluso, el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ordenó quitar el control de esos recursos -que ascendían a ocho mil millones de pesos-, a estos legisladores.
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Sin embargo, el daño ya estaba hecho, de esos recursos, la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reportó que sólo se recibieron poco menos de cinco mil millones de pesos; es decir, la pérdida fue por tres mil millones.
Estos desvíos con fines electorales fueron denunciados ante las autoridades; sin embargo, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, tras un análisis del caso, determinó que estas asignaciones por tres mil millones de pesos “se ajustaron a las facultades de los legisladores señalados” y así, los tres, fueron exonerados.
IMPUNIDAD ES CORRUPCIÓN
Al respecto de la impunidad que goza la mayoría de los servidores públicos de la capital, José Fernández Santillán, sociólogo y profesor investigador de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), señaló que la impunidad de la mayor parte de los funcionarios públicos de la administración capitalina “es el reflejo de una profunda corrupción”.
Aseguró que “no se trata de la incapacidad de un gobierno de enjuiciar y en su caso encarcelar a aquellos de sus funcionarios que han delinquido, sino más bien es el reflejo de contubernios entre funcionarios que derivan en la impunidad de los infractores”
Así, advirtió que “estas conductas de proponer el no ejercicio de la acción penal en contra de aquellos funcionarios o empleados del gobierno que han delinquido tiene su reflejo real en los grupos delincuenciales que saben que la impunidad también los beneficiará y por eso se sienten alentados a seguir cometiendo actos delictivos, es una espiral de corrupción e impunidad que ya tiene cansada a la sociedad”.
UN RIESGO
Contrario a lo expresado por Fernández Santillán, Mauricio Merino, doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, señaló que “es muy riesgoso y un grave error meter a la cárcel a muchos para calmar las ansias de la ciudadanía”.
Señaló que “está bien aplicar castigos a quien se los merece, pero si sólo hacemos eso la gente va a pedir cada vez más y más venganza y no vamos a resolver el problema de la corrupción ni de la impunidad y vamos a caer en las mismas trampas en las que cayeron Brasil, Guatemala, Perú y Argentina, que los tenemos junto a nosotros y tenemos que aprender de ellos”
Señaló el caso de Perú, “en donde se ha metido a la cárcel, se ha llegado al suicidio o se han tenido que ir del país a diez de sus expresidentes y sin embargo la corrupción en ese país no ha disminuido y si aplicamos eso aquí vamos a terminar por instaurar los Comités de Salud Pública”.
Añadió que “si se sigue creyendo que acabar con la corrupción es simplemente meter gente a la cárcel vamos a dejar intacto el problema, entonces, aguas con la idea de tirar al niño con el agua sucia, porque podemos acabar exigiendo que metan a todo el mundo a la cárcel y eso no va a acabar con la corrupción”.
AJ