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Ciudad de las Mujeres, el proyecto inconcluso; podría abrir en tres meses

El 19 de agosto de 2016, 18 días antes del cambio de poderes, el Ejecutivo otorgó un contrato para la construcción de la segunda etapa de este proyecto

Escrito en ESPECIALES LSR el

HIDALGO (La Silla Rota).- Seis meses después de su inauguración, la Ciudad de las Mujeres en Tepeji del Río, Hidalgo, no atiende a víctimas de violencia de género ni ofrece servicio médico gratuito.

La infraestructura, cuyo costo ascendió a los 90 millones de pesos y fue entregada por el presidente Enrique Peña Nieto el 2 de septiembre de 2016, tres días antes del relevo gubernamental en el estado, es inoperante.

 

Ninguna mujer ha recibido tratamiento de salud o protección como medida cautelar para evitar que continúen agresiones en su contra debido a que la obra física sigue inconclusa. Un número menor del personal contratado, asimismo, fue destituido, según testimonios de impulsoras de este centro de atención, quienes no continuaron tras ser víctimas de lo que combatirían: violencia, en su caso, laboral.

 

El político mexiquense proclamó en Tepeji, durante su discurso, que con acciones como esta “el futuro de México se cimienta en la posibilidad de mayor desarrollo, de mayor realización plena para las mujeres”; no obstante, un día después de que Omar Fayad Meneses rindió protesta como jefe del Ejecutivo, el personal se presentó a laborar, pero, en lugar de prestar servicios, tuvo que limpiar la periferia. Con su propio dinero compraron detergente, cloro, escobas, entre otros insumos, “ya que tanto el Estado Mayor como el Ejército dejaron un desastre”, y no contaban con intendencia.

 

“Estuvimos preparando y haciendo simulacros, y semana y media después ya estábamos operando con lo que podíamos y teníamos a la mano. Fue entonces cuando todo empezó a venirse abajo” narró a La Silla Rota una de las funcionarias cuyo contrato fue rescindido y de quien se reserva identidad para evitar represalias.

 

El argumento de funcionarios del gobierno fue que “no se mandaban solas”, ya que no habían recibido el permiso del nuevo gobierno para abrir las puertas de Ciudad Mujer. En la ceremonia que encabezó el presidente, Fayad Meneses, entonces gobernador electo, no estuvo presente.

 

Consultado al respecto, Simón Vargas, secretario de Gobierno, informó que la Ciudad de las Mujeres aún no cuenta con los permisos para operar. La obra, recordó, fue entregada con un avance de 50% y actualmente registra un avance del 80%. El funcionario adelantó que las puertas de este centro podrían abrir en tres meses, siempre y cuando el gobierno pueda adquirir un equipo médico de alta tecnología.

 

Respecto al personal despedido, Vargas subrayó que la administración anterior contrató 100 personas, entre personal médico, de enfermería y administrativo, de las cuales 17 fueron cesadas, debido a que su alta nunca fue validada.

 

 

Cuando el ex mandatario del Estado de México entregó la obra, sin embargo, aún no estaba acondicionada para su funcionamiento. La empresa encargada de construir la segunda etapa fue Operadora Mersi S.A. de C.V., propiedad de Ernesto del Blanco Arjona, operador financiero de la campaña de José Francisco Olvera Ruiz a la gubernatura hidalguense, y beneficiado con 906 millones 818 mil 904 pesos en el quinquenio pasado, por trabajos de infraestructura.

 

El 19 de agosto de 2016, 18 días antes del cambio de poderes, el Ejecutivo otorgó un contrato (NOR-2016-ADEF-FGPARSOPOT-EPR-003) por 64 millones 623 mil 913 pesos para la construcción de la segunda etapa de este proyecto, que consistía en velarías, estructuras de bambú, aire acondicionado, cancelería, invernadero, telecomunicaciones y estacionamiento, requerimientos para su operación.

 

Los trabajos, con base en los acuerdos firmados por la empresa y el Ejecutivo –en poder de La Silla Rota–, representado entonces por Jesús Romero Quintanar, ex secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), culminarían 122 días naturales después de la entrega, sin licitación pública, del contrato; es decir, en el primer trimestre de Omar Fayad, cuando Olvera Ruiz no debería estar implicado en el manejo presupuestal.

 

En la oficina de Vargas Aguilar, las coordinadoras de Ciudad Mujer presentaron el estudio que hicieron en Ciudad Mujer El Salvador, su comparativo con el centro Tlapa de Comonfort, en Guerrero, y una exposición de motivos por los que se eligió Tepeji del Río, al integrar una región donde incrementó la violencia feminicida desde que, entre septiembre de 2012 y enero de 2013, se hallaron siete cuerpos de mujer con señales de tortura y violencia sexual en la segunda sección de El Llano, en Tula.

 

Eran citadas a su despacho a las 7 de la noche, pero atendidas entre las 3 y 4 de la mañana, contó una de las presentes, cuyo nombre también se resguarda.

 

En esas reuniones, en lugar de concilio, “hubo cuestionamientos sobre por qué el Grupo del Blanco (del que es filial Operadora Mersi) fue elegido para la construcción. El secretario enfatizó en ello como si las ocho coordinadoras presentes hubieran elegido tal, y no Obras Públicas”, expuso la ex trabajadora, que fue contratada para la atención de mujeres en condición de vulnerabilidad o afectadas por la violencia, labor que no pudo cumplir por el impedimento de la autoridad encargada, precisamente, de la salvaguarda de los derechos de la mujer.

 

Después de una semana de sesiones en la madrugada, en las que también participó Aldo Araujo Martínez, director general de Administración de la Secretaría de Gobierno, el 30 de septiembre fueron destituidas o presionadas para firmar su renuncia. Un segundo grupo de coordinadoras dejó de laborar el 15 de octubre.   

 

“Nos prohibió atender a las usuarias y salir de las instalaciones. Nos tenían en encierro total”. A Tepeji, recriminó, arribaron cuatro hombres, que se identificaron como empleados de la Secretaría de Gobierno, quienes, acusó, fueron violentos con el personal femenino.

 

“Ellos decidieron que lo ideal era quitar el mobiliario y volverlo a acomodar en la bodega hasta que supieran qué hacer”, donde permaneció hasta principios de marzo.

 

Desde la última quincena de septiembre, 16 han sido removidas de sus puestos debido a que, sin explicación alguna, nunca fueron dadas de alta en la nómina de gobierno. De las diez coordinadoras se mantienen cuatro, pero el inmueble carece de internet, computadoras, papelería, insumos médicos e, incluso, de limpieza.

 

En este sentido, Simón Vargas puntualizó que 17 personas fueron cesadas debido a que nunca fue validada su alta dentro de la nómina gubernamental, además de que otras seis han renunciado de manera voluntaria.

 

Hasta ahora, el complejo de 90 millones de pesos que inauguró el presidente, autodenominada por el ex gobernador Olvera Ruiz como una de las obras magnas del quinquenio junto con el Tuzobús y la Ciudad del Conocimiento, que ofrecería consultas médicas, psicológicas, y atención a víctimas, es inoperante.

 

kach