Después de estar cinco días desaparecido, Marco Antonio Sánchez Flores se encuentra muy mal física y psicológicamente, de acuerdo con la información proporcionada por su padre. Su estado de salud es tal que los médicos decidieron sedarlo para estabilizarlo. El señor confía que pronto se termine el infierno por el que atraviesa su hijo para que pueda contar lo que le ocurrió y estar en casa acompañado de su familia.
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Mi hijo está dañado, está mal. Ellos dicen que ya nos lo entregaron, no es cierto porque está hospitalizado. Se tuvo que sedar para que le hicieran el encefalograma. No es ilógico que después de cinco días esté en esa situación. Sano se lo llevaron, sano lo queremos. Aquí estamos para exigir que Marco Antonio tiene que regresar sano a su casa”, demandó Marco Antonio Sánchez, padre del joven.
Al acudir a la marcha que convocaron estudiantes de la UNAM del Ángel de la Independencia al Antimunumento, en Reforma y Bucareli, el papá de Marco Antonio denunció diversas irregularidades antes y después de la localización del joven en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. En este marco, en entrevista con La Silla Rota, Martín Pérez, de Red por los Derechos de la Infancia, informó que si las autoridades de la Ciudad de México no quieren investigar la desaparición forzada del joven, pedirán a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso.
Ante los jóvenes que marcharon en apoyo del estudiante de la Prepa 8 que fue detenido y, de acuerdo con versiones de la familia, golpeado por policías, su papá denunció que la principal irregularidad que han padecido es la negación de la información, y eso persiste desde que comenzaron a buscarlo hasta que lo encontraron, y ahora que está en el hospital.
Le dijeron a su amigo que lo iban a llevar a la agencia 40 y no lo localizó y fue cuando nos avisó. Luego fueron a Azcapotzalco y no lo lograron rastrear. Exigieron que se levantara un acta y la autoridad se negó. De ahí hablaron a la central donde mandan a las patrullas y ahí no les quisieron dar el nombre de los policías, ni el lugar donde presuntamente lo habían liberado”.
Dijo que es una mentira que mediante el C-5 se obtuvo información. Refirió que las cámaras no funcionan, ya que de lo contrario hubieran rastreado a la patrulla.
Su mamá fue a ver las cámaras y le dijeron que no funcionaban. No se veía donde se supone le dijeron que ahí lo dejó la patrulla. Cuando les pedimos los videos de los oficiales no nos lo presentaron de inmediato. Esto hubiera sucedido si en verdad tendríamos una policía preparada", exclamó.
Relató que las últimas horas de su búsqueda fue un perenigrar “tremendo”. Desde el domingo a medio día hasta hoy (lunes) a las 15:00 horas que dejó a Marco Antonio con su mamá.
“Tiene muchos golpes y después de cinco días ya se le han curado, pero sigue lastimado; está rengueando de su pierna, tiene heridas en el rostro. Es menor de edad, que salvajismo tiene nuestra policía”.
Con un cansancio evidente, el señor Sánchez indicó que a su hijo lo están criminalizando al señalarlo de drogadicto. “Todavía no puedo estar contento. Esperamos que reaccione bien y más adelante pueda dar declaraciones”.
Más violaciones en el caso
Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), asociación que brinda acompañamiento y asesoría jurídica a la familia, aseguró que el caso de Marco Antonio muestra de manera clara las pautas de criminalización contra jóvenes en este país y en específico, en esta ocasión la situación llega a un grado de desaparición forzada.
La última vez que se le vio fue a manos de policías el 23 de enero, lo cual ya está acreditado en la carpeta de investigación y de ahí fueron cinco días de no tener noticias de él. Después hay una señal de vida en Tlalnepantla, de nuevo a mano de autoridades y gravemente no hay explicación y no está asentado en el juez cívico, porque es llevado por un policía fuera de las instalaciones sin haber notificado a su familia o al sistema DIF, cuando ya se le buscaba”.
Reiteró en entrevista con La Silla Rota que hay una serie de irregularidades que debe explicar la autoridad, no solo la razón de la detención arbitraria, dónde lo tuvieron estos cinco días y cómo lo entregaron frente a la presión ciudadana.
Calificó este caso como atípico debido a la atención mediática que logró. “Tenemos más de seis mil niños desaparecidos y no han tenido el privilegio ni esta oportunidad de ser un caso viral, que ha generado indignación, que ha sido cubierto por los medios y acompañado por las organizaciones. Esto obligó a quiénes lo tenían, a presentarlo con vida”.
Agregó que el hecho de que se localizó a Marco Antonio no significa que el delito de desaparición forzada deje de ser investigado, y la resolución de determinar si se cometió o no, es facultad de un juez, mas no de la Secretaría de Seguridad Pública ni del jefe de gobierno. Sin embargo, ellos ya declararon que no se acredita este delito.
La ley recientemente promulgada es precisa, dice que es desaparición forzada cuando hay un acto de autoridad, se priva de la libertad de la víctima, no se le presenta con la autoridad competente; hay una negación de información para la familia para ubicar el paradero, se obstaculizan las investigaciones y la persona queda en desventaja en términos de la protección de las leyes y su familia con todos los delitos que están asociados como tortura”.
Dijo que este es un caso que la presión logró traer a la víctima con vida. Esto no anula que el delito esté configurado. “Además, no es decisión de Mancera o de la Procuraduría, es una decisión de un juez y el hecho de que estén negando de antemano la desaparición forzada da cuenta que no hay disposición de investigar, por lo cual, si vemos que esto persiste, estaremos buscando que la PGR atraiga el caso, porque hay conflicto de interés. No se quieren investigar a ellos mismos”.
Comentó que el hecho de que los policías involucrados dieron entrevistas este lunes es una forma de revictimización hacia Marco Antonio y su familia, porque con esa acción pareciera que solo piensan en la imagen de las instituciones, y no en el interés superior de la niñez.
A ellos (a los policías) no se les puede dar ese respaldo institucional cuando están siendo señalados por un tema grave de una desaparición forzada contra un menor de edad que además eso suma un alto agravante, eso duplica la pena”.
Añadió que las violaciones a los derechos humanos que se cometieron después de la localización de Marco Antonio son la filtración de información privada, así como la difusión de la fotografía de cuando lo encuentran, ya que de acuerdo con el artículo 471 de la ley general de Derechos de Niños y Niñas se establece que no se puede distribuir ningún tipo de imagen donde aparezca la víctima menor de edad, porque no solo atenta contra su dignidad, sino contra los propios procesos.
En esto, la autoridad ha sido descuidada y no sé si con intención, pero en los hechos han estado distribuyendo imágenes y videos sin proteger el rostro ni la identidad. También el que se esté negando la información es una re victimización hacia la familia, es decir todos se enteran a través de los medios, pero a los padres no les informan de manera directa”.
Remarcó que pese a la localización de Marco Antonio su vida no ha dejado de estar en riesgo por las condiciones en las que se encuentra.
Es necesario que esté acompañado por la familia y hemos observado una negativa por parte de las autoridades para poder facilitar el acompañamiento de los abogados, la presencia de las organizaciones. No se les está dado todas las facilidades a los padres. Por ahora solo están autorizados de estar con él, la mamá y el papá, pero es imposible que después de sufrimiento y con desvelos se les pide estar ahí de guardia sin que otros familiares puedan acompañar”.
Confirmó que Marco Antonio está sedado, porque los daños físicos y psicológicos son muchos y eso decidieron los médicos para permitir que su cuerpo y cerebro se puedan estabilizar. “Está muy mal con muchas lesiones, tiene sangre por todos lados. Es terrible la situación”.
En Tlalnepantla, más negligencia
La Silla Rota buscó conocer que fue lo que ocurrió en el juzgado cívico de Tlalnepantla, donde dejaron ir a un menor de edad que era evidente que no se encontraba bien de salud.
Manuel Torres López, titular de Oficialías Calificadoras de Tlalnepantla, informó que Marco Antonio Sánchez Flores aparentaba tener 19 años, o al menos esa fue la apreciación de los policías municipales que lo recogieron de un puente peatonal y lo llevaron a la Oficialía Calificadora de Tlalnepantla.
Indicó que una vez en el juzgado cívico, al no encontrarle responsabilidad por haber cometido falta administrativa alguna, y sin saber que era el joven que buscaban desde el 23 de enero en la Ciudad de México, fue liberado por autoridades municipales que consideraron acertadas las estimaciones de policías respecto a la edad del menor.
El oficial calificador no encontró elementos suficientes para tener en resguardo a la persona en mención (Marco Antonio); hasta ese momento desconocíamos que era la persona buscada y sobre el joven que presentaron había una presunción que tenía 19 años de edad", dijo.
Explicó que hasta el día siguiente (domingo) al entregar el oficial calificador su parte de novedades (08:15 horas) empezó a revisar redes sociales y ahí se percató de que había un joven desaparecido y había una probabilidad de que fuera el mismo joven que había sido presentado el día anterior.
Se dio aviso a Capea - agencia que en la Ciudad de México atiende casos de personas desaparecidas - de que probablemente era el joven que estaban buscando, declaró el titular de Oficialías Calificadoras.
En entrevista con La Silla Rota el funcionario explicó que cuando llegan menores de edad por la comisión de alguna falta administrativa, el protocolo usado consiste en resguardarlos en un área especial y llamar a sus padres o tutores; si éstos no asisten se intenta contactar con familiares o conocidos vía redes sociales, mientras que elementos de seguridad pública buscan en el domicilio del menor a sus familiares, todo ello bajo la observancia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF y la representación de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. Pero en el caso de Marco Antonio no fue así.
No porque en este caso nunca nos fue presentado como menor de edad, se presumió que tenía 19 años, al preguntarle sus datos éste se negó a proporcionarlos y como no había ninguna falta nosotros no estamos obligados a que nos diga un dato, como no había falta alguna se procedió a dejarlo en libertad”.
El entrevistado negó que tuvieran conocimiento de la Alerta Ámber previamente emitida por el gobierno de la Ciudad de México e indicó que se enteraron de la búsqueda por redes sociales hasta que el Juez terminó su turno pues “en días complicados como el sábado, cuando hay mucha gente, pues no hay oportunidad de revisar teléfonos, de ver noticias” dijo.
Torres López negó que el joven se notara aturdido o disperso y no fue revisado médicamente pues eso sólo se hace cuando se confirma la comisión de alguna falta; al ser esto improcedente, no tenían responsabilidad en tomar en cuenta del estado del menor.