“Ven a la mueblería, pasó algo”, serían las palabras que sin saberlo cambiarían totalmente la vida de José Luis Franco el 17 de abril de 2017. Ese día por la tarde asesinaron a su esposa Lydia en su lugar de trabajo y las irregularidades que envuelven al asesinato no han permitido que el caso se resuelva.
En entrevista con LA SILLA ROTA, José Luis Franco cuenta cómo se enteró del asesinato de Lydia y las irregularidades y problemas a los que se ha enfrentado con las autoridades capitalinas.
Uno de mis concuños, José Herrera fue quien me avisó a las 4 de la tarde aproximadamente, y me dijo que no me podían decir por teléfono y que debía llegar inmediatamente a la mueblería donde trabajaba Lydia porque era algo grave lo que había pasado”.
El asesinato
Cuando José Luis llegó a la mueblería donde Lydia trabajaba (Avenida Centenario 1992), se encontró con una escena que a primera vista pensó que se trataba de un asalto pues había una patrulla en el exterior.
Sin embargo, cuando José Luis entró al lugar en el primer piso de la mueblería gritó “Lydia” y nadie respondió, por lo que subió al segundo piso y halló a su esposa tendida en un charco de sangre.
Lydia, de 52 años, había sido asesinada con un arma punzocortante en medio de un aparente asalto, aunque lo único robado fueron su bolsa y su celular. La mueblería estaba intacta.
Aunque en la escena del crimen habían elementos de la policía, José Luis fue quien tuvo que solicitar el apoyo de paramédicos y personal de emergencia, pero éstos llegaron 40 minutos después cuando Lydia ya estaba muerta y había que proceder con peritos y personal médico forense.
Las irregularidades
Evidencia contaminada
Uno de los primeros problemas a los que se enfrentó José Luis fue el mal manejo de la evidencia en la escena del crimen, un término conocido como “evidencia contaminada”.
Había un suéter de mi esposa que estaba cubierto de sangre y que no querían examinar, ellos me decían ‘no sabemos si eso es de su esposa’, y yo les dije que sí y que si estaba aquí tenían que analizarlo”.
Al exterior de la mueblería, a un lado de un puente peatonal que cruzaba la Avenida Centenario, había un cúter.
Yo les dije que analizaran ese cúter porque podría haber sido el arma con la que mataron a mi esposa y a regañadientes se lo llevaron… después me dijeron que no había ninguna huella importante en el cúter”, recuerda José Luis.
Cuando se llevaron el cuerpo de Lydia, los peritos y José Luis observaron que en sus manos tenía el puño apretado con cabellos dentro del puño pero posteriormente le informaron que Lydia “no tenía ningún rastro de forcejeo o pelea”.
Nombre mal escrito
Desde el primer documento el nombre de Lydia fue escrito incorrectamente.
La Silla Rota tuvo acceso al expediente de la investigación gracias a José Luis, esposo de Lydia y puede verificarse que el nombre estuvo mal escrito desde el inicio de la carpeta de investigación y en el acta de defunción el nombre aparece como “Lidia” en vez de Lydia.
“En la primer hoja del expediente puedes observar que incluso dice Lidia Posorio Herrera”, explica José Luis.
Este error en la escritura del nombre fue señalado por José Luis, y explica que ocasionó mayores problemas en el transcurso de la investigación, la cual fue catalogada como homicidio y no como feminicidio.
Corrupción
Después de la autopsia que hicieron al cuerpo de Lydia, cuando José Luis esperaba para poder llevarse el cuerpo a la funeraria donde su esposa sería enterrada, José Luis denuncia los actos de corrupción por parte de las autoridades.
Cuando fui a recoger el cuerpo a Semefo, me dijeron que tenían que rehacer todo el expediente por este error en una letra. Ellos me pidieron dinero para poder sacar el cuerpo y también le hicieron lo mismo a los de la funeraria para que pudieran llevársela”, narra José Luis.
“Yo no sé si no tienen sentimientos o no tienen familia estos señores que se atreven a hacer estas cosas”.
Las cámaras
“Por iniciativa propia tuve que hacer una solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública para que fueran resguardados los videos de las cámaras de seguridad en la zona donde mi esposa fue asesinada. Este no era mi trabajo pero tuve que hacerlo para que no se borraran. Cada que iba, los policías me daban largas y pedían a algún policía que fuera a C4 a revisar, pero yo sentía que me querían desesperar”, lamenta José Luis, quien identificó y documentó los números de las cámaras.
Poco más de un año después de la solicitud de José Luis para que revisaran las cámaras, la SSP entregó los resultados que no arrojaron nada pues había un punto ciego en la mueblería.
¿Qué dicen las autoridades?
Al consultar a la Procuraduría capitalina, esta fue la respuesta sobre el caso y su estatus actual:
“En torno al homicidio calificado de una mujer, ocurrido el 17 de abril de 2017 en la alcaldía Gustavo A. Madero, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició desde el día en que se registró ilícito la carpeta de investigación correspondiente.
En primera instancia la Fiscalía Desconcentrada de Investigación Gustavo A. Madero realizó las diligencias periciales y ministeriales, así como las entrevistas con familiares de la víctima, quienes no refirieron algún tipo de alteración en el lugar de los hechos de la intervención policial y/o pericial; posteriormente el expediente fue remitido a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio para continuar las indagatorias.
Las intervenciones periciales establecen que no fue localizado algún equipo de telefonía celular”, concluye el comunicado de la Procuraduría.
Hay falta de eficacia en las investigaciones: el contraste de los expertos
Diversos expertos en seguridad y justicia consultados por La Silla Rota coinciden en la poca eficiencia de las autoridades para resolver y dar seguimiento a “casos comunes” que no logran atraer gran atención mediática o social.
Layda Negrete, miembro del World Justice Project y abogada participante en el caso de “Presunto Culpable” comenta que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México quizás no tiene las capacidades técnicas para hacer una investigación de un delito complejo o sofisticado como un homicidio y que esta dependencia de impartición de justicia es considerada como una de las peores en el país.
De acuerdo con una investigación realizada por Impunidad Cero, la Ciudad de México tiene una efectividad del 13% para resolver un delito, mientras que en otras entidades como Nayarit se resuelve el 76% de los casos.
Por lo tanto, en la Ciudad de México la probabilidad de esclarecimiento de delitos es del 0.77 por ciento.
Asimismo, en un reporte de 2012 a 2017 de México Evalúa se reporta que en la CDMX, los homicidios dolosos aumentaron un 39%, mientras que en Gustavo A. Madero en dicho periodo aumentaron 51.5 por ciento.
Por otra parte, Héctor Pérez, experto en Derechos Humanos y Feminicidios describe que las deficiencias que existen en la investigación criminal van desde las malas prácticas, la recolección de evidencia, fallas en cadena de custodia y técnicas de violación a derechos humanos con casos de tortura, lo cual redunda en falta de acceso a la verdad y acceso a la justicia.
Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Nacional del Feminicidio coincide en la falla que existe en las investigaciones de feminicidio en la Ciudad de México y en todo el país.
Hay impunidad estructural. En este sistema de justicia, la excepción está cuando los servidores públicos realizan su trabajo y no al contrario. Más de 3 mil mujeres han sido asesinadas en el país y son pocos los casos que se han resuelto. Los operadores de justicia quienes no están haciendo su trabajo y no tienen consecuencias”, explica la abogada.
En el documento "Informe Implementación del tipo penal de feminicidio en México: desafíos para acreditar las razones de género 2014- 2017" se describen los pasos en la ruta de impunidad:
- Resistencias para reconocer, y por lo tanto investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género como feminicidios.
- Revictimización a partir de la difusión de imágenes e información sobre las víctimas que exponen la forma en que fueron encontradas.
- Mal manejo del lugar del hallazgo y pérdida de evidencia. - Inconsistencias en Dictámenes periciales.
- No existen análisis de contexto sobre los casos de feminicidio.
- No son garantizados los derechos de las víctimas.
- No existe un mecanismo efectivo de seguimiento a casos que verifiquen el cumplimiento de la debida diligencia.
- Falta de perspectiva de género en las sentencias.
Tal parece que ellos nos quieren investigar, que se sepa quien fue, como que quieren alargar tanto el tramite para que yo me fastidie y se de carpetazo", lamenta José Luis.
fmma