El 4 de abril, día del ataque, un sujeto de piel morena y complexión delgada, vestido con una playera blanca de manga corta, pantalón de mezclilla y un chaleco azul marino, amagó a Bárbara con una navaja afuera de una cenaduría en Celaya, Guanajuato. Sus hijas, de 13 y 8 años, lograron escapar para pedir ayuda, pero ella no.
Aquel hombre de cabello corto y ondulado, de unos 25 años, la subió a su automóvil para llevarla a un lugar donde abusó sexualmente de ella en dos ocasiones.
Bárbara Varela Rosales, de 38 años, recuerda el día como el peor de su vida. Cuenta su historia a La Silla Rota y lamenta que hasta la fecha no haya avances en su investigación.
“Mi vida estaba en riesgo, estuve amenazada en todo momento por este sujeto con una navaja en mi cuello”, relata.
Cuando aquel hombre se disponía a comunicarse con su familia para pedir dinero por el rescate, Bárbara aprovechó el descuido y salió del lugar donde se encontraba. A seis calles pudo hacer contacto con una camioneta de la policía municipal, quienes se negaron a ir por el agresor y desestimaron su denuncia.
“La policía municipal lo único que hizo fue juzgarme, dijeron que seguramente yo sí lo conocía, yo sé que reportaron en su informe que había sido un pleito marital, pero qué dista de un pleito marital a un secuestro, violación e intento de feminicidio”, cuestiona.
Esa misma noche, al presentar su denuncia ante el Ministerio Público, ubicado en la colonia Las Flores, Bárbara fue canalizada a un módulo de atención primaria, dónde narró lo sucedido; sin embargo, las autoridades ministeriales cuestionaron su “ecuanimidad”.
“El hecho de no venir golpeada, para ellos era que yo mentía”, recuerda. “Es muy difícil encontrar a esa persona porque la policía municipal no procuró las evidencias; se perdieron las muestras biológicas y se perdieron las huellas digitales por la mala actuación de la policía municipal”.
Días después, Bárbara acudió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Región C, ubicada en Celaya; no obstante, este organismo también desestimó sus acusaciones por lo que llevó su caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Esa cuestión de no creer a las mujeres cuando somos víctimas de violencia en Guanajuato está permeado en todas las instituciones, las policías municipales, los ministerios públicos, en las mismas subprocuradurías de derechos humanos; está esa cuestión de no creer lo que estamos denunciando”, lamenta.
Después de hacer público su caso, de denunciar varias veces y enviar oficios a la presidencia municipal, la Procuraduría del Estado dio a conocer un retrato hablado del sospechoso, aunque hasta la fecha no se tienen avances en la investigación.
“Nosotros ahorita en Guanajuato estamos viviendo una situación bastante difícil por el incremento de feminicidios y violencia. No necesariamente somos donde matan más mujeres, pero sí donde la flecha va hacia arriba”, comenta.
El caso de Bárbara se suma al de un centenar de mujeres que son violentadas en esta entidad que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, ocupa el cuarto lugar de las entidades federativas con mayor número de denuncias por violación sexual.
Según esas cifras, de enero a mayo de 2014 en el Estado de México se registraron mil 30 denuncias; en Chihuahua, 362; en Chiapas, 296; en Guanajuato, 271, y en Baja California, 255.
Bárbara sobrevivió al ataque, pero según estadísticas de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, entre 2012 y 2013 se registraron mil 872 asesinatos con violencia a la mujer en 11 entidades.
ALERTAS, AUSENTES
Desde que fue promulgada la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en febrero de 2007, y creado el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), ninguna entidad ha emitido una alerta de género.
Ese mecanismo, según la ley, consiste en un “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”, establecidos por la Segob y el Instituto Nacional de las Mujeres.
El pasado 10 de julio, Guanajuato recibió y aceptó 13 recomendaciones que debe cumplir en un periodo no mayor a seis meses, de lo contrario podría darse la declaratoria de alerta, impulsada en marzo pasado por la organización no gubernamental Las Libres, la cual denunció que en 2013 se triplicaron los feminicidos en el estado, pasando de 24 a 73, y que de enero a marzo de este año se cometieron otros 12.
De hacerlo, se sentaría un precedente que permitiría extender las alertas a otros estados del país.
No obstante, Guanajuato no es el único lugar donde el activismo ha buscado implementar este mecanismo; lo han hecho también en el Estado de México, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas.
Sin embargo, estas solicitudes no han sido bien vistas por los gobiernos locales por lo que diversas organizaciones civiles han denunciado que dicha negativa obedece a intereses políticos, pues de implementarse dañarían la imagen de los funcionarios en turno.
ES UN FRACASO
En una entrevista que concedió a W Radio, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Martha Lucía Mícher, subrayó el fracaso de este mecanismo.
“Ya va mejor el tema, pero de que ha sido un fracaso el tema de la alerta de género en el país, es un fracaso, porque las directoras, o las presidentas, o las secretarias de las mujeres en los estados en lugar de ser defensoras de las mujeres, se vuelven la porra número uno del gobernador”, según la perredista.
Aseguró que en los últimos seis años la Secretaría de Gobernación no ha hecho nada en cuanto a la elaboración del banco nacional de datos para este delito, pese a los recursos destinados a este objetivo.
jqf