La licitación por 17 mil millones de pesos con la que el gobierno busca comprar medicamentos y material de curación para el segundo semestre se definió entre más de 2 mil dudas de las empresas participantes y planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Este viernes se llevó a cabo la junta de aclaraciones de los lineamientos de la licitación LA-012000991-E82-2019, que estaba prevista para el martes 11 de junio. De acuerdo con el calendario de la convocatoria, la presentación y apertura de propuestas es el próximo martes 18 y el fallo debe darse a conocer el jueves 20 de junio.
La prisa con la que se está realizando el proceso es uno de los temas que más preocupa a la industria farmacéutica, que solicita que se extiendan los plazos en vista del tiempo que se ha retrasado la compra consolidada, pero esto es sólo la punta del iceberg, ya que hay otros aspectos que causan dudas entre las empresas.
Esta compra consolidada tiene el gran reto de que es sin distribuidores, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó a las empresas que recibieron más contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Grupo Fármacos Especializados SA de C.V., Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de C.V. y Maypo son los distribuidores que resultaron afectados con esta medida, ya que concentraron 64.2% de las compras que realizaron e Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2018.
Con estas ventas obtuvieron ganancias por 34 mil 280 millones de pesos, esto sin incluir las ventas que hicieron a la Secretaría de Salud y a los gobiernos estatales.
El hecho de que no participen distribuidores en la compra consolidada que se lleva a cabo actualmente abre puertas a diversas dudas sobre el almacenaje de los medicamentos, si el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la capacidad para hacerlo o si la Secretaría de Salud buscará otras opciones para realizarlo.
El otro aspecto que es una incógnita es cómo hará el gobierno para distribuir los productos a lo largo de todo el país y si cuenta con los medios para asegurar que las piezas lleguen a su destino bajo las especificaciones requeridas para mantener su calidad, como lo ha señalado la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).
La otra duda es si al ser una licitación abierta e internacional México incumple tratados comerciales con otros países, ya que como explica Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, “normalmente las bases deben de salir en primera instancia nacionales, después internacionales, después internacionales abiertas”.
La otra duda que surge entre la industria privada es si habrá piso parejo, ya que existe el temor de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emita licencias sanitarias y autorizaciones exprés a empresas extranjeras con tal de que puedan participar en la licitación, lo que podría desencadenar que los productos no tengan la calidad necesaria.
En medio de estas dudas se lleva a cabo la licitación centralizada para adquirir medicamentos y materiales curación que realiza por primera vez el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezada por la oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez. AJ