Enrique Chávez Ortega recargó sus energías con insulina y salió a trabajar acarreando arena en algún lugar de Coatzintla, al norte de Veracruz. La navidad estaba próxima -se le escuchó decir- y necesitaba dinero para el regalo de su hijo. Pero desapareció. Tuvieron que pasar 90 días para que su cadáver fuera hallado junto al de otras cinco personas en el rancho La Gallera; un campo empleado para el cultivo de víctimas de la delincuencia organizada, desde el año 2011.
Han pasado nueve meses desde que el terreno clandestino fue localizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el municipio de Tihuatlán, Veracruz; siete meses desde que el cuerpo de Chávez Ortega fue identificado y posteriormente entregado a su familia.
Lo anterior figuraría como el único resultado relacionado con el caso, en medio de un desfile de compromisos de Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General y Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien el pasado 08 de junio de 2017 aseguró que el tema sería abordado por la PGR, sin que hasta la fecha las madres de desaparecidos puedan avalar dicha diligencia.
Aunado a lo anterior, Natalia Chávez Ortega asegura que la identificación de su hermano fue gracias a la labor del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica y no al gobierno de Veracruz.
“La Fiscalía no nos devolvió a Quique, fueron las madres del colectivo pues ellas encontraron su ropa, tomaron fotografías de sus tatuajes e hicieron diligencias que a las autoridades no les importó. El gobierno solo le dio a mi padre 60 días extras de sufrimiento y eso me llena de rabia”, advierte la víctima indirecta.
El 26 de abril de 2017, La Silla Rota y E Consulta Veracruz publicaron el reportaje "El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó", en el que se evidenció la existencia del rancho La Gallera donde fueron exhumados seis cuerpos - entre ellos el de Chávez Ortega- el 30 de enero de 2017 por autoridades estatales y más tarde, el 1 de marzo, prendas de vestir, un horno con cenizas y 22 fosas con al menos 100 restos óseos carbonizados gracias al trabajo de madres activistas.
El 08 de mayo de 2017, la Fiscalía Especializada en Atención por Denuncias de Personas Desaparecidas se comprometió en una reunión privada a reingresar en el predio y embalar restos humanos que habían olvidado en dos diligencias anteriores. El acuerdo era identificar más víctimas y regresarlas con sus familias, sin embargo tampoco se ha realizado hasta la fecha.
“Da coraje ver que todavía hay osamentas en La Gallera y que las autoridades no hacen nada para devolvernos la tranquilidad. ¿Por qué les cuesta tanto hacer su trabajo?, ¿Por qué se tardan tanto?”, se pregunta Natalia quien, aun enlutada, se ha sumado en las labores de búsqueda del colectivo María Herrera.
Terminar en una fosa clandestina en Veracruz
Enrique Chávez Ortega, de 46 años de edad, desapareció el 10 de noviembre de 2016. Aquel día recibió una llamada de una persona desconocida que le ofreció trabajo. Una oportunidad que no podía rechazar pues cumplía algunos meses desempleado debido a su padecimiento como diabético.
El hombre se suministró insulina, tomó su pastilla para contrarrestar los mareos y salió con dirección al municipio de Coatzintla, donde ganaría algunas monedas acarreando arena. “Lo último que dijo fue que quería juntar dinero para el regalo de navidad de su hijo”, recuerda Natalia desde un lugar pactado en el municipio de Poza Rica.
A las 13 horas del 10 de noviembre Enrique se comunicó vía telefónica con su esposa y le reportó que ya se había suministrado la segunda dosis de insulina del día. Tras un despido cotidiano, colgó y no se le volvió a ver regresando a su hogar.
“Él era una persona que nunca faltaba a la casa porque dependía de su medicamento, era hipertenso y necesitaba sus pastillas”, refiere Natalia.
La familia Chávez Ortega esperó 24 horas; acudió a hospitales, destacamentos de la Fuerza Civil, anfiteatros pero no había señales de ningún hombre de complexión delgada, tes blanca, ojos café claro y bigote delineado. Enrique para entonces ya era parte de los 3 mil 600 casos de desaparecidos que la Fiscalía de Veracruz reconoce entre 2006 y noviembre de 2016.
En la Fiscalía Regional Zona Norte Poza Rica, las autoridades fueron tajantes frente a la incertidumbre de la familia, no recibirían la denuncia por su desaparición sino hasta las 72 horas sin ser localizado.
De acuerdo con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, las primeras 72 horas son signos vitales para las víctimas privadas de su libertad. No obstante la familia esperó tres días.
Noviembre de 2016 culminó sin noticias favorables al igual que diciembre; transcurrió la navidad que Enrique y su hijo esperaban. “Había mucha preocupación porque mi hermano no podía estar mucho tiempo con vida, quisieras tener una bola mágica y preguntarle dónde está”, recuerda Natalia mientras amaga el llanto.
A falta de respuestas, Natalia y su familia hizo caso al llamado de unas mujeres que sin ser autoridad convocaron el 25 de febrero de 2017 a una toma de muestras de ADN, en el municipio de Papantla. “Mis padres se pusieron nerviosos, pues implicaba confrontar las muestras con cadáveres, sin embargo desde ese momento fuimos apoyados por el colectivo”.
A Enrique la Fiscalía lo ocultó 60 días en la morgue
Luego de una primera visita en el rancho La Gallera, el 30 de enero de 2017, y la exhumación de seis cadáveres cercenados, el colectivo María Herrera solicitó una segunda visita para el 01 de marzo de 2017 ya cuando Natalia formaba parte de la agrupación. “Yo no pude asistir por mi trabajo”, recuerda la entrevistada.
Al término de la jornada, las madres compartieron en un grupo de WhatsApp hallazgos que la Fiscalía había omitido. Un escalofrío cimbró a Natalia. Entre un puñado de ropa desgarrada y maltratada por el fuego, observó un pedazo de playera tipo polo, de rayas gris y morado, tan similar como la última que vestía su hermano antes de desaparecer.
“La camiseta de Enrique estaba rasgada, se comprende que lo tuvieron amarrado. También había un pantalón que se parecía mucho al que llevaba, de marca Cuidado con el Perro un par de calcetas que mi cuñada recién le había comprado”.
Natalia informó a sus compañeras de colectivo sobre sus sospechas y ellas solicitaron de inmediato a la Fiscalía General el catálogo completo de las prendas encontradas en la segunda visita, así como de los fragmentos humanos que aún eran reconocibles, sin embargo la diligencia se demoró al menos un mes.
Para el 14 de abril de 2017, Natalia acudió a la Fiscalía de Poza Rica y entregó a las autoridades fotografías con los tatuajes de Enrique Chávez. “Yo siempre me he guiado por mis corazonadas. Recuerdo que le dije a la secretaria de mucho favor que las entregara al Fiscal Regional, pero tampoco la conmovió mi desesperación”, agrega.
Tras la demora de parte de las autoridades, Natalia reenvió al grupo de WhatsApp, el 17 de abril de 2017, fotografías que detallaban los tatuajes de su hermano en su brazo derecho: las letras E y S, que significa las iniciales de Enrique y de su esposa.
“Las mamás comenzaron a mandar caritas de asombro al grupo y enseguida me dijeron que uno de los seis cadáveres encontrados tenían un tatuaje idéntico”, relata la entrevistada mientras se lleva las manos al rostro.
“Era él, era mi hermano. Desde que se puso la denuncia se hizo mucha alusión a su tatuaje. Ahí es donde me viene todo la rabia de enterarme que ya tenía más de dos meses en la SEMEFO y las autoridades no habían hecho nada. ¿Por qué no se tomaron su tiempo y revisaron lo más indispensable en los expedientes?, ¿por qué le dieron a mi padre 60 días más de sufrimiento?”, se lamente la mujer.
“Las autoridades no me supieron decir cuándo mataron a mi hermano”
Para el 18 de abril de 2017, Natalia Chávez Ortega asistió al Servicio Médico Forense (SEMEFO) acompañada de madres de desaparecidos y con la fotografía digital de los tatuajes de su hermano.
“A la hora de reconocerlo el tatuaje estaba intacto. Tenía un fuerte golpe en la cabeza pero lo demás sí se le apreciaba. Traía una venda que la había puesto mi cuñada en su pierna, debido a una yaga, su dentadura estaba pareja. Puedo recordar, porque es mi hermano, que también le faltaba una muela”, agrega.
En los dictámenes forenses hubo discrepancia, pues el médico que recibió a Enrique Chávez Ortega refirió a los familiares que permaneció con vida casi dos meses, y que su muerte la habían provocado entre 15 y 20 días atrás. En tanto, el médico que firmó el acta de defunción dictaminó que murió a los dos días de desaparecido.
“Yo le creo al primero porque cuando lo reconocimos aún tenía su bigote, y sus uñas con hongo que a veces pedía que les untáramos esmalte”, comparte Natalia.
A la fecha, la entrevistada explica que su madre les ha pedido que se confirme el día que Enrique Chávez perdió la vida, debido a sus creencias de fe. “Llegamos a un punto en que no sabemos con exactitud el día de recordarlo con una misa, con un rosario. Es muy triste la vida para un familiar de desaparecido”, opina la mujer.
“A mi madre le prometí que encontraría a mi hermano y lo logré”
El cadáver de Enrique Chávez fue velado en su natal Poza Rica y posteriormente enterrado en el panteón municipal. Con ello Natalia había cumplido una promesa hecha a su madre a los días de la desaparición.
“A mi madre yo le prometí que iba a buscar a mi hermano hasta encontrarlo y que se lo iba a entregar, aun cuando sabía que es muy difícil encontrar a un desaparecido en Veracruz”, relata Natalia invadida por el llanto.
Sobre Quique, como llamaban de cariño al mayor de cinco hermanos, lo describen como “un hombre de casa” quien gustaba de ver las películas de Pedro Infante; comer mariscos; o bailar música de cumbia y salsa en las reuniones familiares.
Por su condición de diabético, Enrique a menudo sufría dolor de piernas, y recién lo habían declarado hipertenso. Pese a sus malestares se aferró a la sonrisa de su hijo, y salió tras una oportunidad de trabajo sin saber que con ello su muerte estaba sellada.
Natalia en tanto, asegura que su vida ha quedado está ligada al activismo. “Yo invito a los familiares a que pierdan el miedo y busquen hasta donde menos piensan. A las autiridades les digo que muestren esa parte humana. Es urgente regresar al rancho La Gallera, allí hay personas que necesitan reencontrarse con sus familiares”.