Para 2019, el dinero previsto para el pago de la deuda pública de Hidalgo es 760 millones 96 mil 158 pesos. Sin embargo, 61.77 por ciento de esa cantidad es para cubrir intereses, de acuerdo con la distribución del Presupuesto de Egresos del Estado para el próximo ejercicio fiscal.
El saldo de operaciones de endeudamiento hasta el 31 de diciembre de 2018 –cuando se publicó en el Periódico Oficial de la entidad un alcance con la asignación presupuestal por rubros– es de 4 mil 756 millones 107 mil 321 pesos, por empréstitos contratados con los bancos Mercantil del Norte (Banorte), Nacional de México (Banamex) y Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
El anexo 44, denominado Asignaciones por servicio anual de deuda, especifica que en los siguientes doce meses el gobierno de Hidalgo destinará 469 millones 561 mil 405 pesos a intereses (61.77 por ciento) y 10 millones 308 mil 170 pesos más a comisiones y demás costos asociados, (1.35 por ciento del total de presupuesto).
En cambio, como abono a capital irán 280 millones 226 mil 583 pesos, lo cual representa 36.88 por ciento del monto global para mitigar el endeudamiento.
Entre los compromisos financieros del estado está un préstamo con Banamex para la adquisición de derechos ejidales y llevados a propiedad privada para el Desarrollo Industrial del Altiplano Hidalguense, autorizado el 10 de diciembre de 2013 –durante el mandatado del exgobernador Francisco Olvera Ruiz y en cuya reserva Grupo Modelo anunció en noviembre de 2017 que construirá un planta cervecera–, y otro con Banobras –que data del 23 de diciembre de 2013– para cubrir las aportaciones que la entidad debería hacer con la finalidad solventar los daños ocasionados por fenómenos naturales, según el acuerdo con el Ejecutivo federal.
Con base en la información publicada en el Periódico Oficial, en diciembre de 2014 se generó otro pasivo para “cubrir nuevas obras, estudios y proyectos de infraestructura pública”, así como pagar obligaciones pendientes y cubrir aportaciones en Pari passu con la Federación.
Restringen en Hidalgo gasto para escoltas, choferes y asesores
Asimismo, un crédito con Banorte que data del primero de febrero de 2012 y fue contratado para refinanciar otro préstamo con Banamex, de 2009, el cual fue empleado para adquirir accesorios y terrenos en la región de Tula, puestos a disposición del gobierno federal –entonces a cargo de Felipe Calderón– para que se construyera en ellos la refinería Bicentenario.
El 3 de diciembre de 2014, tras la cancelación del proyecto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto –quien comprometió ante notario erigir la planta procesadora de crudo–, el entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya comprometió públicamente en Tula que el gobierno federal pagaría la deuda contraída por Hidalgo.
Incluso en el segundo informe de la cuenta pública 2016 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que Pemex había reportado 56 millones 931 mil 800 pesos más –que reclamaba a la petrolera– de los que debía pagar a Hidalgo por la reserva adquirida para construir la refinería.
Lo anterior, debido a que través de su filial Transformación Industrial la empresa suscribió un pagaré a favor del gobierno de ese estado por mil 451 millones 485 mil 900 pesos; sin embargo, en su contabilidad aparecía un excedente, no justificado, de 3.92 por ciento, por lo que la cantidad incrementaba a mil 508 millones 417 mil 700 pesos, sin saber el motivo de incremento o el destino del mismo.
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