Tras el atentado que sufrió en febrero un ferri con un explosivo y que dejó 24 turistas lesionados, dos embarcaciones del exgobernador Roberto Borge están abandonadas en Cozumel, Quintana Roo.
Ambos ferris pertenecen a Barcos Caribe, empresa operada por familiares y testaferros de Borge, actualmente preso por lavado de dinero.
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La posibilidad de renovar las licencias de navegación para los ferris es evaluada por la Marina y la PGR, dependencias que continúan con las investigaciones, una por lavado de dinero en la naviera y el atentado que dejó lesiones a 24 vacacionistas.
El pasado 21 de febrero en Playa del Carmen, la embarcación Caribe I que hacía recorridos hacia Cozumel, registró una explosión, tras estos hechos la Marina, el Ejército y la PGR encontraron restos de material explosivo que fueron parte de un artefacto de fabricación casera.
Ocho días después de la explosión en el ferri, buzos de la compañía denunciaron que hallaron explosivos en otra embarcación, por lo que los servicios de la naviera fueron suspendidos.
A finales de 2016, Barcos Caribe compró dos naves tipo ferri catamarán con un valor de más de 138 millones de pesos y otros cinco ferris con valor superior a los 20 millones de pesos cada uno.
De las siete embarcaciones adquiridas, tres están en Cozumel, dos en Progreso, Yucatán y dos más en Tanzania, en espera de permisos para su traslado a México.
Franco González Padrón, tío del ex Gobernador Félix González Canto, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de los Borge y detenido a mediados de julio, son los representantes de Barcos Caribe.
En abril de 2017, una línea de investigación de la PGR contra Borge por lavado de dinero incluyó a la empresa naviera.
Por ello, la SEIDO convirtió a los dueños de la naviera en el blanco de pesquisas pues sin una solvencia económica previa aparecieron como prósperos empresarios en un giro económico muy costoso.
La compañía fue constituida por González Hermosillo el 22 de junio de 2012 y de entonces a la fecha ha adquirido embarcaciones valuadas en varios millones de dólares.
En diciembre de 2014, la compañía recibió la autorización de la Dirección General de Marina Mercante para el transporte de pasajeros y el Congreso del estado le amplió de 15 a 50 años un permiso para instalar un módulo de venta de boletos e información turística, que sigue abierto, pero sin vender boletos.
Con información de Reforma
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