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En 3 meses, resolverán conflicto de interés en notarías

Avanza el juicio de amparo contra las 16 patentes de notarías otorgadas por el exgobernador Francisco Olvera Ruiz

  • ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL
  • 28/07/2017
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En 3 meses, resolverán conflicto de interés en notarías
En 3 meses, resolverán conflicto de interés en notarías. Foto de la web

HIDALGO (La Silla Rota).- Al concluir la etapa de integración de pruebas y alegatos, el juez Cuarto de Distrito en Hidalgo, Miguel Ángel Villaseñor Reyes, tiene un plazo de tres meses para resolver el juicio de amparo 1078/2016 por posible conflicto de interés en la entrega de 16 patentes de notario, así como siete cambios de adscripción, a exfuncionarios de la administración del José Francisco Olvera Ruiz y miembros de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática.

Tras la audiencia constitucional que se llevó a cabo este jueves, el abogado Julio Gálvez Bautista consideró que fue evidenciado  “que no se hizo la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial” y que hubo un trato “de completa desigualdad para que solo salieran beneficiados los allegados a Olvera e incluso personas de la oposición.

La parte inconforme presentó a dos testigos, en el cierre de recepción de pruebas, quienes aseguraron que no recibieron respuesta a la solicitud para participar en el proceso para designar fedatarios que envió el Gálvez Bautista a la Coordinación Jurídica del Gobierno de Hidalgo, entonces a cargo de Mario Souverbille González, quien condujo el proceso y obtuvo la titularidad de notaría 8 de Tizayuca.

Ellos, explicó, son parte de su firma jurídica y estaban acreditados para ser notificados por el Ejecutivo.

De los implicados en el juicio únicamente se presentó a la audiencia el notario número 16 del distrito judicial de Tula, Eden Khadaffy Cornejo, hijo de Luciano Cornejo Barrera, expresidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, y la defensa de Enrique Vieyra Alamilla, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado.

El expediente 1078/2016 incluye un dictamen en informática y telecomunicaciones realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), el cual resuelve que no es posible acreditar la fecha en la que siete archivos relativos al proceso para otorgar las patentes fueron subidos al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), que preside desde el gobierno anterior Gustavo Córdoba Ruiz.

El peritaje fue realizado por la probable modificación de doctos que acusó quien promovió el juicio, y tras una fe de hechos que hizo el notario número 3 del distrito de Pachuca, Gerardo Martínez Martínez, por seis archivos posiblemente modificados el 5 de septiembre de 2016, día de cambio de poderes en Hidalgo, así como de la convocatoria con la que inició el proceso.

En el resolutivo folio 3665 del AIC, con fecha del 6 de junio de 2017, el perito Alejandro Ávila Escobar determinó que, aunque “sí podemos conocer las fechas en que fueron publicadas en la página de internet http://periodico.hidalgo.gob.mx, a través del archivo de bitácora (log file), el cual se encuentra en la base de datos wordpress; no es posible saber en qué fechas se adjuntaron y publicaron los archivos PDF”.

Según la parte quejosa, la convocatoria fue creada el 16 de agosto de 2016, a las 5:42:54 pm, y modificada por última vez ese mismo día, a las 5:43:04 pm. Sin embargo, corresponde a la publicación 28, alcance 4, tomo CXLIX, del 4 de julio de 2016; es decir, 43 días después.

Por el posible conflicto de interés en la entrega de notarías, el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Hidalgo, Luis Enrique Baños Gómez, presentó una reforma que prohíbe que los aspirantes a fedatarios hayan desempeñado un cargo público durante los dos últimos años.

Asimismo, con la adición de la fracción X, se restringe el ejercicio del notariado, titulares o adscritos, a hayan sido dirigentes de partido político o candidatos a un cargo de elección popular en los últimos dos años.

Con ello, planteó el legislador, se restringirá que las patentes sean otorgadas por gobernadores a quienes fueron parte de su administración, luego de que quince días antes del término del quinquenio anterior, Alejandro Straffon Ortiz y Juan Manuel Menes Llaguno, aún como procurador y presidente del Tribunal Superior de Justicia, entre otros funcionarios, recibieron patentes.


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