Tercera y última entrega sobre la corrupción en los gastos del gobierno para los damnificados del 19S. Se encontraron casos de posible tráfico de influencias, conflicto de interés, pagos a empresas "patito", y otras irregularidades. #ReconstrucciónFallida
Un trabajo de La Silla Rota y HuffPost México.
Historia 1
Empresa sin oficinas da asesoría millonaria para reconstrucción
Por Paris Alejandro Salazar
En los últimos años la pequeña comercializadora Trafcom Grupo México S.A. de C.V. tuvo un crecimiento peculiar. En el año 2015 recibió de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX) un contrato por “vestuario y uniformes para becarios”, y tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) le entregó millonarios contratos por “apoyo técnico administrativo” para la reconstrucción, trabajo que podría hacer personal de la dependencia capitalina.
Trafcom Grupo México S.A. de C.V. es una empresa registrada con actividad “comercio en general” y con “oficinas virtuales”.
Esta empresa es la responsable de brindar “apoyo técnico administrativo para la correcta integración de las áreas de la SOBSE, que intervienen en el dictamen, rehabilitación y reconstrucción de inmuebles derivados del sismo del 19 de septiembre”.
La citada empresa señaló que sus oficinas se ubican en la calle de Tepic No. 109 interior 903 colonia Roma Sur en la Delegación Cuauhtémoc, sitio donde la empresa Grupo ASVE (www.grupoasve.com.mx)presta servicios de oficinas virtuales.
LA SILLA ROTA y EL HUFFPOST MÉXICO constataron que el domicilio fiscal indicado por Trafcom Grupo México S.A. de C.V. está en remodelación por el sismo, es decir, que no cuenta con instalaciones en la cuales ser localizado por la SOBSE.
Contratos, facturas y documentos oficiales en poder de LA SILLA ROTA y EL HUFFPOST MÉXICO, revelan que Trafcom Grupo México S.A. de C.V. recibió contratos por 32.9 millones de pesos de la SOBSE por trabajos para apoyar administrativamente la reconstrucción en la capital del país.
En una nota informativa, la SOBSE enlistó “las actividades” que realizó la empresa por los tres contratos, y reconoció que las oficinas virtuales están dañadas.
“Cabe aclarar que la empresa sufrió daño en sus oficinas originales y se mudó a Juan Tinoco 3, Colonia Merced Gómez, en la Delegación Álvaro Obregón. Para que la nueva dirección aparezca en las facturas, la empresa realizó la actualización del domicilio fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que se vería reflejado en facturaciones posteriores”, indicó.
Sin embargo, en las facturas y en los contratos todavía aparece la dirección de las oficinas virtuales dañadas, incluso en la última en poder de LA SILLA ROTA y EL HUFFPOST que es de septiembre. Las nuevas oficinas, que señala el funcionario y que no están en ningún documento, tienen la apariencia de una casa.
En entrevista, Edgar Tungüí Rodríguez, ex titular de la SOBSE y comisionado para la Reconstrucción de la CDMX, aseguró que se contrató a la empresa porque se requería de “personal en muchas zonas” por la emergencia.
Ante la pregunta de porqué se adjudicaron dos contratos de “apoyo técnico administrativo” durante su gestión a una empresa comercializadora con oficinas virtuales, el comisionado indicó que “seguramente dentro de los alcances del giro comercial de la empresa tiene varias actividades”.
—Contrataron a empresas no especializadas, primero vendía uniformes a la Secretaría Seguridad Pública, artículos de limpieza a la Secretaría de Educación, participó en una licitación para reparar escuelas, ¿esta empresa hacía de todo? —se le cuestionó.
—Cuando integraron los expedientes se le evaluó parta poderlo escoger, todas las contrataciones pasas por un subcomité de adquisiciones o contratación.
—¿No les pareció sospechoso que está empresa desde el principio tenga oficinas virtuales dañadas y rentadas, no son instalaciones propias? —se le preguntó.
—Habrá que ver quién hizo esta investigación, este seguimiento, dado que no lo hace directamente el secretario para ver qué fue lo que sucedió —contestó el funcionario.
LA PROVEEDORA DE TODO
Carlos Alberto Velasco Ramírez, apoderado de Trafcom Grupo México S.A. de C.V., y Jesús Mercado González, director general de Recursos Materiales de la SSP-CDMX, firmaron el 28 de octubre de 2015 el contrato SSP/BG/A/350/2015 por 1.2 millones de pesos por la adquisición de calzado, chamarras, pantalones, camisas y cuarteleras para becarios.
En el contrato, la empresa señaló como objetivo social “la comercialización, producción, importación y exportación de todo tipo de ropa en cualquier material o presentación, artículos deportivos, artículos de oficina”.
Para efectos legales y administrativos, la empresa indicó la dirección donde Grupo ASVE renta salas de capacitación, salas de juntas y oficinas virtuales. “En nuestras instalaciones de oficinas virtuales tenemos para ti servicio de recepción de llamadas, envío de mensajería vía mail, pantalla LCD, cañón, muchas otras herramientas que te permitirán atender a socios y clientes de la mejor manera. ¡Comunícate con nosotros y pregunta por nuestros precios!”, indica su página en internet Grupo ASVE.
La SSP-CDMX ya había invitado en septiembre de 2014 a participar a la empresa en el suministro de material de limpieza y en agosto de 2015 en el procedimiento para la “adquisición de equipo táctico de intervención policial”.
Trafcom Grupo México S.A. de C.V. participó en la licitación pública nacional de la Secretaría de Educación capitalina SEDF/LPN/004/2014 para la adquisición de material y útiles de enseñanza y enseñanza, confirmando así que giro es el comercio de todo.
DE UNIFORMES A APOYO ADMINISTRATIVO: LA VERSATILIDAD ANDANDO
El 28 de octubre de 2016, la SOBSE invitó a Trafcom Grupo México S.A. de C.V. a participar en el concurso número OPIR-DCOB-L-022-16 por la “rehabilitación a escuelas de educación básica en la Delegación Venustiano Carranza”, pero perdió al presentar la oferta más alta.
Ese fue uno de los primeros acercamientos de la empresa con la dependencia capitalina, en la cual ya no comercializaba, si no que se presentaba como una constructora.
El sismo del 19 de septiembre de 2017 hizo que Trafcom Grupo México S.A. de C.V. dejará atrás la comercialización y la construcción para incursionar en la parte administrativa.
Semanas después la SOBSE y Trafcom Grupo México S.A. de C.V. firmaron el contrato SOBSE/DGA/DRMYSG/1071-17 por 10 millones de pesos por el servicio de apoyo técnico administrativo para la correcta integración de las áreas de la SOBSE, que intervienen en el dictamen, rehabilitación y reconstrucción de inmuebles derivados del sismo del 19 de septiembre”. El servicio se prestó de octubre y noviembre de 2017, y no hay detalles de los trabajos realizados, ya que el anexo técnico 2 es igual a la leyenda del objetivo del contrato y el concepto-descripción de las facturas. Se le pagó con recursos del Fondo de Atención a Desastres Naturales de la Ciudad de México.
Edgar Tungüí Rodríguez, entonces titular de la SOBSE, firmó un segundo contrato con Trafcom Grupo México S.A. de C.V., el SOBSE/DGA/DRMYSG/027-18 el 5 de marzo de 2018 por el mismo concepto que el anterior, pero ahora por 4.4 millones de pesos.
La vigencia del contrato se fijó del 2 de enero al 28 de febrero de 2018, es decir, que el servicio se habría realizado antes de la formalizar del contrato.
Al día siguiente, el 6 de marzo de 2018, Edgar Tungüí Rodríguez fue nombrado comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México.
Gerardo Báez Pineda, nuevo titular de SOBSE, siguió los pasos de su antecesor y suscribió un tercer contrato por el apoyo técnico administrativo con Trafcom Grupo México S.A. de C.V. por 18.5 millones de pesos el 11 de mayo de 2018.
El contrato SOBSE/DGA/DRMYSG/063-18 tiene vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018, y presta el servicio “en donde lo indique la Dirección General de Servicios Técnicos de la SOBSE.
HISTORIA 2
Constructora con obras ilegales fue contratada para reconstrucción
Por Paris Alejandro Salazar
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) contrató para la reconstrucción de un inmueble dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 a una empresa que pretendía construir ilegalmente viviendas en Tlalpan.
Grupo Constructor y Consultor DIC S.A de C.V. es la empresa que junto al INVI intentó edificar un conjunto habitacional de 409 viviendas en el predio Rubí No. 57 (antes 38) en la colonia Valle Escondido de la Delegación Tlalpan, cuando solamente tenían autorizado construir 144 departamentos.
A pesar de los estudios de impacto urbano, las limitaciones de los servicios públicos y la saturación vial, la Constructora DIC y el INVI impulsaron la construcción ilegal en este predio, la cual está detenida por una resolución de un tribunal después de una lucha jurídica que emprendieron los vecinos de Tlalpan.
Esto no ha detenido los trabajos, ya que el predio de Rubí No. 57 se encuentra invadido, y durante el día hay retiro de cascajo en el sitio.
El sismo del 19 de septiembre de 2017 ocasionó daños en los edificios del conjunto habitacional conocido como ‘Los Soldominios’, en la colonia Doctores de la Delegación Cuauhtémoc, para el que la Comisión para la Reconstrucción aprobó un financiamiento de 143.7 mdp.
El INVI decidió solicitar los servicios de Constructora DIC para los trabajos de reconstrucción a pesar del historial en el predio de Rubí No. 38, revelan documentos en poder de LA SILLA ROTA y HuffPost México.
Se contactó al equipo de prensa del gobierno capitalino para solicitar una entrevista, el personal indicó que se tramitaría y que podría tardar porque “no hay titular del INVI”, tras la salida de Raymundo Collins de la dependencia en julio pa
La construcción ilegal
El 11 de octubre de 2013, el INVI a través de Itzel Arizabalo Priego, directora Ejecutivo de Asuntos Jurídico e Inmobiliarios, y Servando Montoya Tinajero, administrador único de Constructora DIC, firmaron el contrato para la construcción de 80 viviendas y obras complementarias.
Se fijó la cantidad de 22.4 mdp por los trabajos “sin que este precio pueda sufrir variación alguna”, financiamiento directo que contemplan las reglas de Operación del INVI.
En el Informe Final de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal encontró que en Rubí No. 57 se le destinaron 60 millones de pesos, casi el 200 por ciento más de lo asignado.
Sin importar esta situación, el INVI y el constructor firmaron el 25 de noviembre de 2014 un convenio modificatorio para aumentar el número de viviendas en el predio, para pasar de 80 a 144, e incrementar el costo a 41 millones de pesos.
El INVI y Constructora DIC intentaron buscar incrementar el número de departamentos a 530, y después disminuyeron a 409. Vecinos de Tlalpan se organizaron y lucharon contra el desarrollo, al que calificaron como “mega negocio para constructores”, y llegaron hasta los tribunales.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México evidenció las anomalías del INVI para Rubí No. 57. “(…) las obras indicadas (por el INVI) de ampliación y reforzamiento de la red hidráulica resultan insuficientes para la construcción de 403 viviendas que se pretenden construir”, indicó. “(…) la calle es de 4 metros”, por lo tanto, no aplicaba la Norma 26 para incentivar la vivienda en el predio”, agregó entre otras observaciones, por los no autorizó la construcción del mega desarrollo en Tlalpan.
A mediados de septiembre de 2018, un grupo de personas invadió Rubí No. 57 y permitió el acceso de trabajadores y maquinarias al predio.
Estas irregularidades no importaron, y el INVI contrató a Constructora DIC para levantar el edificio de Doctor Lucio No. 102 como revela la factura de 50 mdp que ya se le pagaron por esos trabajos.
Una vecina de Valle Escondido, que pidió omitir su nombre, consideró que es sospecho que la dependencia vuelva a contratar a esta empresa.
“Nos parece que contratar a la constructora DIC para la reconstrucción es otro negocio más del INVI y nos hace preguntarnos, quiénes son los dueños de esa constructora y cuál es su verdadera relación con el Gobierno de la Ciudad de México”, indicó.
HISTORIA 3
De los más de 800 mdp asignados para reencarpetar calles afectadas por el sismo 19S, 120 fueron para las empresas del amigo del Comisionado para Reconstrucción CDMX
Por: Óscar Balderas
Las “urgentes reparaciones” en las cárceles no fue el único negociazo que hizo el primer círculo de Miguel Ángel Mancera con el dinero para reconstruir la ciudad después del sismo del año pasado. Gracias a asignaciones de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), José Antonio Velasco, el empresario señalado por remodelar “gratis” la casa del comisionado para la Reconstrucción en CDMX, se embolsó más de 100 millones de pesos por obras no prioritarias.
El 18 de abril de este año, la Comisión para la Reconstrucción que preside Édgar Tungüí aprobó a la AGU una bolsa de 807,6 millones de pesos para reencarpetar las calles dañadas por el terremoto. Legalmente, la Agencia sólo puede reparar las “vías primarias” –avenidas o ejes viales—, mientras que las “vías secundarias” –las calles de las colonias—son competencia de cada delegación. Sin embargo, la Comisión autorizó de manera inusual que la AGU repartiera contratos para todo tipo de calles. En una carta informativa, la Comisión de Reconstrucción precisó que no tiene facultades para asignar contratos. Es decir, la responsabilidad es de la Agencia de Gestión Urbana.
Ante eso, el Huffington Post México y LA SILLA ROTA solicitaron por vías de transparencia un listado con los contratos que emitió la AGU para conocer qué empresas están a cargo de reparar las calles dañadas.
En ese listado de 107 contratos, aparecen cuatro para dos distintas empresas de José Antonio Velasco: Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. y Grupo Velasco Servicios de Ingeniería y Arrendamiento S.A. de C.V. Entre ambas suman ganancias por 123.8 mdp.
El primer contrato, AGU-LPN-L-1-190-18 para Ingeniería Aplicada, es para el “mantenimiento a través de reencarpetado” de Avenida Ejército Nacional en los alrededores del barrio de Polanco. De acuerdo con datos de la policía de la Ciudad de México en las horas y días posteriores al sismo, ahí no hubo daños graves a causa del terremoto. El pago acordado fue de 47,1 mdp. Cabe resaltar que las oficinas que aparecen en el contrato de esta empresa tienen la dirección de casa precaria en la colonia Santa Martha Acatitla, en la delegación Iztapalapa.
El segundo, AGU-LPN-L-1-206-18, para la misma empresa, es para el “mantenimiento a través de reencarpetado” de un tramo de la Avenida de las Torres, un camino usado para llegar al distrito financiero de Santa Fe. De igual modo, no se hallaron registros de daños graves en la zona hace un año. El pago a la empresa de Velasco fue de 21.6 mdp.
El tercero, AGU-LPN-L-1-194-18, para Grupo Velasco es para el “mantenimiento a través de reencarpetado” en Avenida Santa Fe, la vía de acceso para el residencial Vista del Campo, un fraccionamiento de lujo ligado al caso de corrupción del llamado “Cártel Inmobiliario”, y que rápidamente recibió dinero para su reconstrucción a causa del sismo. El pago fue de 44,5 mdp.
El cuarto, AGU-IR-L-1-212-18, fue para esa misma empresa, mismo objetivo, pero en Eje 6 Sur con un cargo al erario de 10.4 mdp.
Esta asignación de recursos contrasta con el estado actual de las calles en zonas donde sí hubo daños graves en las calles a causa del sismo del 19S, pero que están en barrios menos favorecidos
Durante semanas, el HuffPost México y La Silla Rota hicieron varios recorridos por las delegaciones reportadas como dañadas (Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac) para dar seguimiento a las obras de reencarpetamiento de la AGU. En colonias como Del Mar, San Gregorio Atlapulco, La Planta, y más, las calles siguen abiertas, remendadas a la mitad, con baches en tramos supuestamente reparados e, incluso, con socavones abiertos que despiden olores fétidos.
“La realidad es que las calles que están reencarpetadas por el gobierno local no estaban afectadas por el sismo. Eso lo hemos repetido en varias ocasiones”, cuenta Benjamín Campos, del Comité Vecinal de la colonia La Planta Iztapalapa. “Sigue la ausencia de asfalto y con las lluvias tenemos un lodazal. Nos tienen olvidados”.
Ante la lentitud de las autoridades locales, narra Benjamín, los vecinos han tenido que comprar concreto de su propio bolsillo y vaciarlo, para no tener que caminar sobre largos tramos de barro.
Amalia Fernández, vecina de la calle Huachinango, en la colonia del Mar, Tláhuac, tiene una queja similar: “Ya pasó un año y seguimos con huecos, con hoyos, con moscos que salen del agua. Hubo muchas calles que no necesitaban reparación y las que sí, las graves, no las han atendido”.
Ricardo Jaral, director general de Infraestructura Vial de la AGU, y Miguel Campos, subdirector de Pavimentos, dijeron a este reportero en entrevista que su avance en el total de obra programada es tres cuartos de lo programado, pero reconocieron que los vecinos de las zonas más pobres y dañadas tienen otra opinión.
“Yo te puedo decir que en mi avance llevamos 74 por ciento, pero la verdad es que si los vecinos siguen viendo su calle abierta o sin pavimentar van a tener otra opinión. Ellos quieren el 100 por ciento”, reconoció el funcionario Jaral.
El negociazo con el dinero de la reconstrucción priorizó, por igual, los daños leves en las calles que llevan a los barrios ricos y los daños graves en los barrios pobres. Y un empresario cercanísimo al comisionado de la Reconstrucción se llevó millones gracias a eso.
AJ