TOLUCA, Estado de México (La Silla Rota).- La Sala Regional Toluca del Tribunal del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que determina la obligatoriedad de los regidores en funciones a separarse del cargo 90 días antes de los comicios electorales, si desean contender por un cargo de elección popular diverso.
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El Juicio de Revisión Constitucional JRC 44 fue promovido por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del acuerdo 57/2018 emitido por órgano electoral local, tras considerar que el Consejo General cometió un error al establecer que los regidores son servidores públicos en funciones.
Los magistrados de la Sala Regional calificaron infundados los agravios objetados por el blanquiazul, al confirmar que los regidores son servidores públicos y por tanto deben atender lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
“Los Regidores sí se consideran servidores públicos en ejercicio de autoridad”, dicta el resolutivo., por lo que están obligados a separarse con 90 días de anticipación si desean contender por un cargo diverso.
El juicio se resolvió sin haber pasado por el tamiz del Tribunal Electoral del Estado (TEEM), toda vez que, justificaron los magistrados, está en curso el proceso electoral y los partidos políticos todavía están en la etapa de definiciones, y la consulta incide sobre requisito de elegibilidad.
En otro orden de ideas, la Sala del Tribunal también confirmó la sentencia de violencia de género cometida en contra de la síndico municipal de Jaltenco. Yuritzi Jhoselin López Oropeza, a quien obstaculizaron el ejercicio de sus funciones.
El origen de la controversia son dos solicitudes de información que la síndico formuló al tesorero municipal, sin obtener respuesta, por lo que promovió el juicio ciudadano local
El tesorero del ayuntamiento, José Luis Juárez Guerrero, interpuso un recurso al sostener que no incurrió en violencia política, pero reconoció que no entregó a López Oropeza la información que le solicitó por “exceso de carga de trabajo".
Los magistrados acreditaron que el hecho de no haber realizado ninguna expresión explícita en contra de la funcionaria municipal no lo exime de la obligación de proveer la información que le fue solicitada.
fmma