Hoy jueves, la defensa de Elba Esther Gordillo presentará una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por “graves violaciones” a los derechos fundamentales de la maestra y por ser tratada por el gobierno mexicano como “presa política”.
El abogado Marco Antonio del Toro, aseguró que aportará evidencia ante la CIDH con sede en Washington, sobre la persecución política por parte del gobierno mexicano, con la participación de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, los cuales, acusó de traicionar la imparcialidad al impartir justicia.
El litigante aseguró que es una tragedia que se encarcele a las personas por diferencias de opinión política con el gobierno.
“…la maestra es presa política por haber sido acusada de lo que no cometió, pero más grave es confrontarse con una realidad que lastima aún más: El que algunos actores del Poder Judicial Federal son capaces de participar en una farsa en la que se pretende condenar sin sustento y a toda costa a quién es inocente de los delitos que le fueron fabricados.
“La queja ante la CIDH seguirá su trámite hasta el momento en que sea transferida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual deberá determinar una sanción contra el Estado mexicano, por esta evidente persecución política de la que ha sido víctima la maestra”, indicó Del Toro a través de un comunicado.
Del Toro mencionó que la averiguación previa de la ex lideresa del SNTE se integró en siete días, (del 13 de febrero al 20 de febrero del 2013), por delitos delincuencia organizada y lavado de dinero.
“Se hizo con prisa y con gravísimas inconsistencias. Pero sobretodo se hizo a sabiendas que las conductas imputadas no resisten un análisis jurídico serio. A final de cuentas eso no importaba si para ello se pudo operar que el asunto fuera puesto en manos de un juzgado a modo y algunos funcionarios judiciales claves que se hicieran cargo de que las resoluciones de aquel resistieran los recursos legales de defensa que se fueran planteando en el último eslabón judicial del juicio de amparo”.
En tanto, el abogado criticó al candidato del PAN a la Presidencia, Ricardo Anaya, por realizar señalamientos a su cliente “sin haber evaluado el caso” y a pesar de ello, “opinar sin saber”.
“Se contradice (Anaya) con su postura de que necesario un fiscal autónomo y que debe privar un Estado de Derecho.
“La contradicción radica en que no conoce ni ha evaluado el caso concreto y a pesar de ello opina sin saber, lo que es temerario para quien pretende regir los destinos del país. Además, ello riñe con su postura de un fiscal autónomo, que sería el idóneo para valorar si la maestra ha sido o no víctima de una persecución política, no así quién ha sido categórico en que no meterá las manos en los procesos judiciales. Si lo hace como candidato, opinando a la ligera, con mayor razón lo hará de llegar a la Presidencia” (sic).