El gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido acusado ante la Organización Internacional del Trabajo por impedir de manera reiterada el ejercicio del derecho de huelga, de proteger a organizaciones sindicales al servicio de empresas multinacionales y de grupos ligados a sectores financieros y de permitir actos de violencia en contra de sindicalistas.
Acusaciones
El gobierno y sectores empresariales mexicanos han negado en la conferencia de Ginebra que estos hechos se estén realizando en nuestro país. Los hechos demuestran todo lo contrario. Lo que en realidad sucede es que el gobierno aplica anticipadamente una reforma laboral que aún no ha sido aprobada por el Senado de la Republica.
Las acusaciones son varias ocurridas durante los años de 2015, 2016 y 2017 relativos a actos de violencia contra sindicalistas, por la muerte de cuatro miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares; de detenciones de 14 trabajadores agrícolas en marzo de 2015; y de varios muertos y numerosos heridos y del arresto de sindicalistas, en el contexto de un conflicto colectivo en el sector de la educación en Oaxaca, así como de otros alegatos de violencia en contra de sindicalistas.
El gobierno mexicano ha respondido que nada sabe de estos hechos y que pide más información a detalle para pronunciarse. Que por el contrario es respetuoso de la vida sindical y de aplicación de justicia laboral (¿?) al lograr sea impartida por órganos del Poder Judicial federal o local, que aún no funcionan y que carecen de presupuesto (a los que se transfieren las funciones que en este sentido tenían reconocidas las juntas, sin decir la fecha de su implementación), que los procesos de conciliación (etapa que se establece de manera general antes de acudir a los tribunales laborales) sean más ágiles y eficaces, hecho que dudamos, y que la instancia federal de conciliación será un organismo descentralizado (controlado por el Presidente de la República) que conozca el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.
El gobierno mexicano
El Gobierno indica estar coordinando el proceso de transición, en el que deben hacerse adecuaciones legislativas, estando en curso el diseño del marco normativo necesario, incluida una nueva legislación procesal unificada en la materia (se está preparando un código nacional de procedimientos laborales, según el gobierno y que no se conoce) y una nueva ley del órgano descentralizado responsable del servicio de conciliación del registro nacional de organizaciones sindicales y de contratos colectivos de trabajo.
Asimismo, el Gobierno informa que en tanto se instituyan e inicien operaciones, los tribunales laborales, los centros de conciliación y el organismo descentralizado, las juntas de conciliación y arbitraje y otras autoridades laborales continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten, incluido sobre el registro de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo. La Comisión de expertos de la OIT ha solicitado al Gobierno someter a la consulta tripartita los desarrollos legislativos previstos para dar aplicación a la reforma constitucional y le pide que informe de toda evolución al respecto, reiterándole que la asistencia técnica de la OIT permanece a su disposición, (que ha sido rechazada de manera reiterada por el gobierno mexicano).
El gobierno mexicano no ha respondido a las acusaciones de que se mantiene la estructura de los contratos de protección a pesar de la reforma constitucional y que sigue siendo una práctica habitual y que en los recuentos sindicales siguen existiendo grupos de choque y alargando por años los conflictos de titularidad de Contratos Colectivos archivando con frecuencia todo tipo de reclamaciones de esta naturaleza. La OIT ha pedido nuevamente al Gobierno mexicano que, en consulta con los interlocutores sociales (que no toma en cuenta), tome las medidas legislativas y prácticas que sean necesarias para encontrar soluciones a los problemas planteados por el fenómeno de los sindicatos de protección y contratos de protección, incluido en relación con el registro de sindicatos, ofreciendo la asistencia técnica de la Oficina internacional de la OIT.
El Gobierno informa de un avance del 85 por ciento respecto a la obligación legal de publicar los registros y estatutos sindicales por parte de las juntas de conciliación y arbitraje. El Gobierno precisa que ello implica que 24 entidades federativas, que comprenden 49 de las 57 juntas locales de los estados han publicado 23 628 registros sindicales que involucran a 1 431 100 agremiados. El Gobierno añade que con la reforma constitucional le corresponderá al organismo descentralizado de conciliación el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
Así van ocurriendo estos días los debates en la ciudad de Ginebra, Suiza.
De otros avatares
La reforma laboral en los estados del país
Las jornadas para preparar la reforma laboral iniciaron el pasado 30 de mayo en el estado de México con una conferencia en la que participé junto con el maestro Farid Barquet Climent y su promotor el consejero de la Judicatura del Estado el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Imperó la pluralidad, propuestas, críticas y el consenso de la defensa del poder judicial como una manera de lograr la impartición de la justicia laboral. Las instalaciones de la Escuela Judicial de ese estado, un ejemplo para todo el país.
Lo mismo ha ocurrido en la Ciudad de México este 4 de junio, con el inicio de debates en la Asamblea Legislativa a la que también acudimos y en la que destacó la participación del maestro Gilberto Chávez Orozco, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal y director del Instituto de Posgrado en Derecho en la que denunció a detalle los graves retrocesos que significaría se aprobara la reforma propuesta por senadores del PRI, que conllevaría a la desaparición del derecho laboral con sentido social.
Además de la participación del abogado José de León Azua que condenó la falta de presupuesto y pérdida de autonomía de los tribunales laborales al depender del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, que no se ha caracterizado por su transparencia y combate a la corrupción, apuntando además la necesidad de considerar al personal jurídico de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX por su experiencia en la aplicación de justicia laboral, propuestas con las que estamos de acuerdo.
Los asesinatos imparables…
Balas asesinas cortaron de tajo la vida de la fotógrafa oaxaqueña María del Sol Cruz Jarquín la madrugada del pasado sábado 2 de junio. Era parte del equipo de Pamela Terán Pineda, candidata a segundo concejal de la Coalición Todos por México, quién junto con su chofer Alberto Jiménez, todos ellos fueron acribillados. Estamos viviendo en un país del horror en el que la violencia no se detiene. La impunidad desborda a toda autoridad de cualquier rango. Vayan nuestras más sentidas condolencias a la madre de María del Sol, nuestra amiga la periodista Soledad Jarquín Edgar.