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El ''delito'' de Goyo: estar en el lugar equivocado

Durante una redada en las oficinas de la Ruta 32 del Distrito de Chalco, fue detenido Gregorio Jacinto, chófer de dicha línea

  • REDACCIÓN
  • 16/06/2019
  • 20:08 hrs
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El delito de Goyo: estar en el lugar equivocado
Casi 11 meses Don Goyo fue liberado. Foto de la web

“Sobre los aretes, los anillos y los celulares”, gritaba un comandante de la Policía Estatal del Estado de México a una veintena de subordinados que irrumpieron en las oficinas de la Ruta 32 del Distrito de Chalco, ubicadas en la colonia Centro de dicho municipio, cuando chóferes y checadores mantenían una asamblea el 8 de agosto del 2015 a las 11 de la mañana.

Con jaloneos, golpes y disparos les ordenaron colocarse bocabajo con las manos sobre la nuca. A uno de ellos, Arturo Montes, lo hirieron de un balazo en el costado izquierdo.

Según el testimonio del apoderado legal de la Ruta, las oficinas fueron inspeccionadas, derribaron puertas, quebraron chapas y rompieron cajones, sustrayendo en su totalidad 59 mil 50 pesos del área de contabilidad.

También tomaron carteras, tarjetas de crédito e identificaciones oficiales. Además, la cocinera declaró que uno de los policías se llevó dos cuchillos que ocupaban los trabajadores para el área de comedor.

Durante la redada, en la que intervinieron agentes encapuchados, realizaron aprehensiones afuera de las instalaciones, donde se encontraban el chófer Gregorio Jacinto Ruiz Sánchez, con entonces 53 años, y el checador de ruta, Horacio Hernández Castillo, de 38 años.

“A ese wey también súbetelo”, escuchó Gregorio al tiempo que lo apuntaron con un arma de fuego y lo subieron a la camioneta.

Cada que alguno de los dos quería preguntar porque se los llevaban detenidos, los pateaban en la espalda o la cabeza. Para ambos, comenzó un infierno porque no sabían de qué se les acusaba o por qué se los estaban llevando.

“Ahí nos tuvieron un buen rato y no supe cuánto tiempo estuvimos ahí. Después de un rato llegamos a un lado donde se estacionó la patrulla, oí que hablaron mucho los policías, pero no les entendía nada porque estaban un poco retirados, cuando se arrimaron dos de ellos, uno de ellos dijo: “¿Al ruco por qué lo trajeron?’”.

Al trasladarlos al Ministerio Público del Distrito Judicial de Chalco se enteraron de que los acusaban: de robar supuestamente con violencia a un hombre llamado Daniel Mauricio Cruz Sánchez.

Según la versión de los agentes detuvieron en flagrancia, es decir en el momento justo en que asaltaban a Daniel los trabajadores de la Ruta 32. También aseguraron que les encontraron un cuchillo, de acuerdo con el expediente 864/2015 al que tuvo acceso La Silla Rota.

A pesar de que sus compañeros de La Ruta presenciaron la detención y los detenidos negaron su participación en el 11 de agosto del año 2015, la juez de control, Mónica Mellado Tapia, calificó de legal la detención, por lo que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para ambos.

Sin embargo, al no existir evidencias sólidas que soportaran la acusación dados los sucesos, la defensa de ambos pidió la medida cautelar con brazalete electrónico en libertad. Finalmente, en la audiencia, la jueza Mellado Tapia –como consta en el expediente- decidió que debían enfrentar un juicio por asalto.

ONCE MESES DESPUÉS

De acuerdo con fuentes consultada en la Fiscalía del Estado de México— de las cuales se omite su nombre porque temen represalias— la redada llevada a cabo por los agentes estatales, se debió a que habían identificado a una banda de robo de transporte público llamada “Los Patricios”.

Estaba conformada por aproximadamente 15 jóvenes, los cuales asaltaban en la Ruta 32 de ese municipio, denuncias que habían realizado trabajadores y chóferes.

Los colegas de “Don Goyo”, presentaron una carta que avalaba su trabajo en la Ruta, así como el testimonio y documentos donde su esposa, Juana Pérez de la Rosa, probó que era dueña de una de las unidades de transporte público que él conduce.

Además, que otros compañeros atestiguaron la detención ilegal y su trabajo por una década en la Ruta.

Pero los meses transcurrieron para ambos dentro de la cárcel, con la versión que la Fiscalía sostuvo, donde Don Goyo y Horacio supuestamente asaltaron al joven Daniel con un cuchillo al tiempo que le decían: “Ya te callo la verga, esto es un robo, entrega tus pertenencias o te ensarto. No te hagas pendejo danos lo que traigas”.

Sin embargo, las versiones de la cocinera Nayeli Contreras y su esposo, sostenían que los oficiales habían tomado del comedor de la Ruta 32 los cuchillos, que después aseguraron los policías, traían Don Goyo y Horacio cuando asaltaron a un joven.

 “Me di cuenta que un policía que estaba totalmente cubierto del rostro llevaba dos cuchillos en la mano derecha y se los guardó, y me acabo de enterar platicando con la cocinera de la Ruta que son de ella y que ella vio cuando los policías se metieron a la cocina a agarrar sus cuchillos”, dijo el esposo de la cocinera en el interrogatorio.

De acuerdo con el dictamen de la perito Alma Delia Hernández Vilchis: “En el cuchillo no encontró ninguna forma que se pudiera determinar que hubiese una huella dactilar. No se le puede atribuir a la persona Gregorio, que pudiera haber sido el que haya manipulado el cuchillo”.

Por su parte, en el peritaje de grafoscopía, la perito señaló que la supuesta víctima nunca se presentó a realizar los ejercicios caligráficos para cotejo de las firmas. Sin embargo, de las copias obtenidas, manifestó que “no coincidían en ninguno de sus rasgos y ninguno de sus elementos gráficos”.

En la audiencia del 2 de junio del 2016, la jueza Mónica Osorio Palomino, señaló en su sentencia definitiva que “los testimonios de dichos órganos no tienen eficacia alguna, no aportan información sólida u objetiva que soporte la teoría del caso planteada por el fiscal”.

Y agregó: “concluye esta potestad judicial que la investigación realizada por parte del Ministerio Público, encargado de la carpeta de investigación, es deficiente, falta de método y técnica. Esa insuficiencia de elementos incriminatorios, justamente obliga por su absolución”.

Don Goyo y Horacio salieron en libertad, pero en ese momento ya habían transcurrido casi 11 meses y los daños provocados por el Ministerio Público no fueron resarcidos, pese a que la defensa interpuso una denuncia en contra de los agentes en la Fiscalía Especializada En Delitos Cometidos Por Servidores Públicos.