PUEBLA (La Silla Rota).-Al cierre de 2018, la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Puebla había entregado alrededor de 850 millones de pesos al Instituto Electoral del Estado, responsable de organizar la elección a la gubernatura, la de los 217 ayuntamientos y la renovación el Congreso Local.
Adicional al costo económico que implica repetir una elección, los diputados locales ante la indefinición de quien gobernará la entidad, los diputados que integran las coaliciones Juntos Haremos Historia y Por Puebla al Frente se han polarizado al grado de llegar casi a los golpes.
Llega CJNG a Puebla con extorsiones a empresarios
En tanto, el Ejecutivo ante la falta de consenso con el Legislativo que cuenta con mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha optado por observar o vetar las iniciativas. Es decir, el trabajo de los legisladores está frenado porque no han sido aprobadas sus reformas en el Periódico Oficial del Estado.
Los presidentes municipales de Morena, que ahora gobiernan los municipios con mayor población de la entidad Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, se quejan de heredar municipios endeudados e inoperantes en las áreas de seguridad pública y servicios como agua potable y basura.
Sin embargo, los presidentes municipales de Morena ahora unidos por la inconformidad hacia los gobiernos heredados, en su mayoría de Acción Nacional, pueden separarse ante la decisión de elegir a un gobernador interino.
El fin de semana, en la Cuarta Plenaria de los Ediles emanados de Morena, el alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga hizo un llamado a la unidad, al dar por hecho que la elección constitucional se anulará y por ende, deberán elegir entre los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador interino.
El propio Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato a la gubernatura del bloque Juntos Haremos Historia, ha perfilado a José Juan Espinosa Torres, presidente de la Mesa Directiva y Gabriel Biestro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ambos del Congreso Local, instancia responsable de elegir a un gobernador interino de ser necesario y que, por primera vez en la historia de Puebla, cuenta con mayoría de izquierda.
Lo anterior, en el entendido que el gobernador en funciones, José Antonio Gali Fayad termine a mediados de este mes, el gobierno de 22 meses para el cual fue electo.
La elección en números
De los más de 850 millones de pesos, 353 millones 156 mil 665.41 pesos fueron este año para el pago de prerrogativas a Partidos Políticos.
El IEE informó que este año, adicional a los recursos que le corresponden, solicitará 20 millones de pesos para organizar elecciones extraordinarias en cinco municipios.
Los agravios que admitió el magistrado
-Violencia generalizada al interior de casillas. Sin embargo, sólo se tiene por acreditado que en 59 casillas (Representan menos del 1% de las casillas instaladas) ocurrieron hecho de violencia en los siguientes términos: a) en 51 casos existió robo, quema y/o destrucción de materiales electorales, y b) en 8 casillas se suspendió la recepción de la votación de forma temporal o definitiva por riesgo de violencia.
Acreditaron uso de un automóvil del gobierno municipal de Cuetzalan del Progreso, para transportar documentación electoral lícita (actas de elección federal y listados nominales) en beneficio del PAN, por lo que quedó probado la utilización de recursos públicos en favor de un partido.
-Vulneración a la cadena de custodia. Se afectó de manera grave el principio de certeza al demostrarse que, i) no se notificó a los representantes de los partidos políticos el desarrollo de las 50 diligencias de apertura de bodega; ii) personal de la autoridad local abrió paquetes electorales; iii) la bodega central no atendía las disposiciones en materia de seguridad, pues ésta contaba con más de un acceso principal, iv) la bitácora y las actas circunstanciadas levantadas por la Oficialía Electoral para dar fe de las diligencias de apertura y cierre contienen inconsistencias que impiden que considerar que fueron medios efectivos para el registro y documentación de los accesos al área de resguardo, y v) no existe registro de las cámaras de video de seguridad que permita corroborar el debido resguardo de los paquetes.
-Apertura de paquetes. El IEE incumplió con su obligación legal de asegurarse que la bodega contará con un único acceso. No existe constancia que acredite que durante los casi 2 meses previos en los que estuvo resguardada la documentación los accesos adicionales hubieran estado clausurados.
-Inconsistencia en bitácora y actas circunstanciadas. La bitácora de registro de acceso y cierre del área de resguardo tiene consignado por medios electrónicos (impreso) la fecha, hora, y los nombres de los funcionarios que participaron en las diligencias de apertura, calzando únicamente la firma de puño y letra.
Tampoco se identifica el funcionario responsable del área de resguardo.
La Oficialía Electoral asentó en 2 actas circunstanciadas de 3 y 20 de septiembre, las 50 diligencias de apertura y cierre, existiendo retrasos de hasta treinta y cuatro días, a partir de que sucedieron las actuaciones (diligencia de 30 de julio, recogida en acta de 3 de septiembre).
Las inconsistencias advertidas permiten suponer que posiblemente se trata de constancias fabricadas por la autoridad con el efecto de atender el requerimiento de esta Sala Superior y no al momento en el que sucedieron las diligencias.
-Ausencia de registro de videos de seguridad. Instalaron cuatro cámaras de seguridad para el resguardo de la documentación, pero resultaron ineficaces, sólo registraron 22% del lapso que dichos documentos estuvieron resguardados.
De los candidatos
Tanto la dirigencia nacional de Morena, como líderes estatales han dado su respaldo al ex senador Luis Miguel Barbosa Huerta, para que de repetirse la elección se mantenga como el abanderado a la gubernatura.
En tanto, en Acción Nacional al sostener que el triunfo es legítimo, han evitado hablar de cómo sería el escenario en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decida revocar la constancia de mayoría a la gobernadora electa Martha Erika Alonso.PAN acusa a magistrado de parcialidad en elección a gobernador
El Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla emitió un comunicado, en el que informó que “el representante de la Coalición Por Puebla al Frente y a su vez del Partido Acción Nacional, Óscar Pérez Córdoba Amador, presentó una solicitud de recusación o impedimento ante la Sala Superior del TEPJF, cuyo propósito es que el magistrado José Luis Vargas Valdez se abstenga de conocer de los juicios promovidos por Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y por MORENA, respectivamente, en los que se cuestiona la validez de la elección de la gubernatura de Puebla en la que resultó electa Martha Erika Alonso”.
El partido acusa al magistrado de haber violado múltiples normas jurídicas que regulan el comportamiento de un juzgador (entre otras, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Código Modelo de Ética Judicial Electoral, que instruye a los titulares de los órganos jurisdiccionales a observar una conducta ejemplar que sirva de modelo para sus colaboradores).
En el PAN aseguran que con esta publicación se prejuzgó el asunto, con lo que, en lugar de resolver jurisdiccionalmente las dinámicas políticas, su actuar ha politizado aún más su resolución.
Asimismo, explican cómo “se violó el deber de esforzarse para que la imagen y prestigio de la institución a la que pertenecen los servidores judiciales sea respetada, evitando en todo momento, con su conducta, comprometer la independencia, imparcialidad y objetividad de su actuación pública, realizando las labores encomendadas y desechando presiones e intereses extraños”.
Ante estas acusaciones, pidieron tomar en cuenta que los Magistrados encargados de la elaboración de un proyecto de sentencia carecen de atribuciones para publicar, por cualquier medio, el sentido y las consideraciones en que sustentan su posición respecto de un litigio en concreto.
mvf