Cuando Wendy fue violada por un cineasta con el que trabajaba no estaba segura si denunciarlo o no. El 11 de febrero de este año se armó de valor para enfrentar el proceso penal que se vislumbraba, pero se topó con indiferencia, burocracia y mentiras por parte de funcionarios de la Procuraduría capitalina.
“El 13 de marzo, sin que hubiese sido notificada de mi citación para ratificar mi denuncia, acudí a la Fiscalía de Delitos Sexuales 4, la cual se encuentra a una hora y media de distancia de mi domicilio y el Ministerio Público me pidió que regresara en tres horas o que podía recibirme dentro de una semana, lo que complicó mi procedimiento.
“El MP mencionó que, además, tenía que aportar más elementos concretos antes de que pudiese ratificar, como el domicilio del probable responsable, lo que corresponde a la Fiscalía investigar”, señaló Wendy en un escrito a la Comisión de Derechos Humanos local.
Acorde con su queja, funcionarios de la Fiscalía le decían que le notificaban de los citatorios, pero esto nunca ocurrió, además de que en cada visita que hacía le ponían trabas para continuar con su denuncia, como el hecho de que no estuviera presente su asesor victimal.
Han pasado más de seis meses, la denuncia sigue incompleta y las investigaciones contra el sospechoso congeladas, por lo que se ha cuestionado si sería mejor desistir.
“Ha sido más que tortuoso”, expresó en su queja ante la Comisión de Derechos Humanos.
Pero otras víctimas prefirieron no denunciar ante la nula confianza que hay en las autoridades.
El caso de Nancy
Es el caso de Nancy, que sufrió un intento de violación dentro de un taxi en la alcaldía de Cuauhtémoc, pero decidió no denunciar por el tiempo que implicaría, las distancias que tendría que recorrer y porque no creyó que fueran a detener al responsable.
“Hace 8 años sufrí la agresión y no denuncié, estaba muy lejos de mi casa, yo vivía hasta Valle de Chalco y desestimé hacerlo por el tiempo y porque no tenía más datos de mi agresor, yo misma consideré que no iba a poder hacer gran cosa”, admitió en entrevista.
Héctor Pérez, director de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas en el ITAM, que han acompañado a más de 20 víctimas de delitos sexuales, consideró.
“Las víctimas tienen que hacer su relato una, dos y hasta tres, con tres personas distintas, con todos los efectos de revictimización secundaria que eso implica.
“La Fiscalía no tiene un protocolo conforme al Sistema Penal Acusatorio, no ha podido transitar del pasado sistema ni crear técnicas eficaces para comprobar los hechos; si la víctima no presenta un trauma la desestiman, el modelo de la Fiscalía está rebasado”, señaló.
Añadió que en varios casos que han trabajado, las afectadas piden discreción al momento de realizar sus diligencias, pero agentes de Investigación se presentan a los domicilios, alzan su oficio en papel y dicen en voz alta que vienen de la Fiscalía de Delitos Sexuales a buscar a tal persona.
Esto provoca que las denunciantes dejen de cooperar e inclusive que terminen el proceso al no haber garantías de protección.
Carpetas con irregularidades o en el olvido
La Silla Rota consultó siete carpetas de investigación iniciadas este año y el 2018 por violación y encontró diferentes irregularidades, como el hecho de que 6 de ellas no fueron canalizadas a la fiscalía especializada y en el mismo número de expedientes no se protegió el nombre de la víctima, cinco de ellas menores de edad.
Una es la FTLP/TLP-2/UI-2CD/2575/12-2018 en la que un niño -cuya identidad aparece- fue presuntamente violado por su abuelo materno; se inició en diciembre del año pasado, no fue radicada en la Fiscalía de Delitos Sexuales y hasta ahora no se ejercitó acción penal contra nadie.
La segunda es la FTLH/TLH-1/UI-1S/D/00038/01-2019, de enero de este año, cuando una mujer de 36 años de edad -cuya identidad no se protegió- denunció haber sido ultrajada por dos individuos. A siete meses, no hay ningún sospechoso detenido ni actuaciones ministeriales que apunten a ello, pues lo último que se hizo fue en febrero.
La tercera también es de Tláhuac, FTLH/TLH-2/UI-2S/D/391/02-2019, corresponde a febrero de este año y al caso de una mujer que fue violada durante un robo a casa habitación. Nunca se inició otra carpeta por la violación ni personal especializado atendió a la víctima, tampoco la identidad de la afectada se reservó y la indagatoria se hizo exclusivamente por el robo.
Cuatro: la carpeta CUH-8/UI-1S/D/1603/04-2019, abierta en abril pasado, corresponde a una menor de 13 años de edad -cuyo nombre no fue resguardado- que fue violada constantemente por su hermanastro de 17; la última vez, la adolescente tuvo que ser hospitalizada, pero en la indagatoria consta que no fue la Fiscalía de Delitos Sexuales no atrajo las averiguaciones.
Además, las actuaciones se entorpecieron porque no hubo coordinación con la Fiscalía del Estado de México, pues algunas de las agresiones ocurrieron en Ecatepec y es feche que no se actuó penalmente contra nadie.
La quinta es la FAZ/AZC-1/UI-2S/D/1066/05-2019, tampoco canalizada a la fiscalía especializada, donde una joven de 16 años de edad fue violada dentro de un hotel en la alcaldía de Cuauhtémoc, pero hospitalizada en Azcapotzalco.
El nombre de la víctima no se resguardó, y el agente de Investigación que inició las pesquisas no estaba adscrito a Delitos Sexuales, es decir, no estaba preparado para investigar un caso así; desde mayo que se iniciaron las pesquisas no hay un solo sospechoso detenido.
La sexta es la FCY/COY-5/UI-1C/D/956/05-2019, la cual permaneció en la fiscalía de Coyoacán y no fue atraída por Delitos Sexuales; de igual forma la identidad de la víctima, de 19 años de edad, no fue reservada y la única declaración asentada es la de la madre.
Este caso implicó también el rapto de la afectada y la violación en un campo de futbol, pero no se hicieron mayores diligencias ni se identificaron a los agresores. La madre manifestó que tenía mensajes con su hija y que podían ser geolocalizados para saber qué pasó en el trayecto de su prepa al sitio donde fue encontrada, pero el análisis nunca se hizo.
La séptima es la única, de las consultadas, que sí fue enviada a Delitos Sexuales, bajo el número FDS/FD6/UI-FD6-03/740/06-2019 y que la identidad de la víctima sí fue protegida.
Trata sobre una muchacha que fue drogada y abusada sexualmente por un conductor de Uber, en junio pasado, cuando fue hallada en el pasillo que da a la puerta de su apartamento; el sospechoso incluso entró al lugar para hurtar 10 mil pesos que estaban en un sobre.
En este caso el chofer sí fue identificado como José Román “N”, pero no ha sido detenido ni constan actuaciones de Policía de Investigación para buscarlo en el domicilio que proporcionó la plataforma.
Para Sara Ramos, del colectivo Somos Invisibles, creado en marzo de este año en colaboración con asociaciones civiles, el 90 por ciento de los casos en los que apoyan a una víctima de delitos sexuales o feminicidios, existen malas actuaciones por parte de la autoridad.
“En el 90 por ciento de los casos que hemos acompañado hemos encontrado alguna irregularidad, maltrato o largas por parte de la autoridad, hemos acompañado más o menos unos 30 casos y es la constante, incluso en casos de feminicidio”, afirmó.
80% de las mujeres son víctimas de violencia
Durante el Foro Escenarios de la Violencia Contra las Mujeres llevado a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, comentó sobre el grave problema al que se enfrentan las mujeres al denunciar que son víctimas de violencia y sobre las recomendaciones que la Comisión busca añadir en un informe que analiza las quejas recibidas de 2012 hasta la fecha; asimismo, enfatizó que el 80 por ciento de las mujeres son víctimas de distintos tipos de violencia en el espacio público.
Hoy, en el INACIPE, se llevó a cabo el foro “Escenarios de la violencia contra las mujeres”. Abrimos hilo para compartir nombres de ponentes y fotografías de cada una de las mesas. pic.twitter.com/6pfZNRK5mt— INACIPE (@INACIPE) August 23, 2019
"En México, hay seis Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes y hay 3 jueces por cada 100 mil habitantes. Esto nos quiere decir que están rebasados ante los millones de delitos que se registran y en los protocolos que llevan; tenemos un reto en capital humano necesitamos capacitación, sí, pero la carga de trabajo requiere de más personal".
Irene Tello Arista, directora de Impunidad Cero, comenta que el sistema de justicia penal actual no puede cubrir en su totalidad la violencia de las que las mujeres son víctimas.
"No deberíamos ser expertas en derecho penal, pero una mujer que sufre de violencia, en esos momentos de vulnerabilidad es cuando más necesita apoyo legal y jurídico y lamentablemente es cuando nos damos cuenta que no contamos con eso. Por coincidencia, cuando surgió el movimiento #MeToo en Impunidad Cero lanzamos un manual-guía para las mujeres que son víctimas de violencia de género sobre qué deben hacer cuando van a levantar una denuncia a un Ministerio Público porque sabemos que posiblemente pueden ser revictimizadas".
"No podemos perder el tiempo porque estamos perdiendo vidas. No ha cambiado la forma de ver las cosas del sistema en su conjunto (policías, ministeriales y jueces)".
bl