Xalapa, Ver.- La Organización Nacional de Empresarios Anticorrupción (ONEA), presentó solicitud de juicio político contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler. La petición la formalizó en la Oficialía de Partes en el Congreso local la mañana de este 06 de noviembre.
La ONG, representada por Iván Gidi Blanchet, consideró que el abogado de los veracruzanos incurre en actos y omisiones que constituyen perjuicio al interés público fundamental y a su correcto despacho, además, viola las garantías individuales de familias de personas reportadas como desaparecidas.
Y viola de forma intencional la Constitución Política del Estado que garantiza la autonomía de la Fiscalía General, pues Winckler Ortiz se mantiene como abogado personal del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Iván Gidi Blanchet, acudió en el ejercicio de su derecho ciudadano, y como representante legal de la ONEA, a presentar la denuncia, como protesta contra el actuar deficiente del servidor público.
“No es normal que el Fiscal de un Estado actúe como empleado personal del gobernador en turno, no es normal que se conduzca sin respeto a las víctimas y a sus derechos fundamentales por más que así haya sido durante muchos años; no es normal y las cosas deben empezar a cambiar”, declaró en entrevista con medios de comunicación
La petición, que se fundamenta en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, se tendrá que ratificar en un plazo no mayor a tres días para darle entrada a través de la correspondencia. El juicio de procedencia involucra al Poder Legislativo y el Judicial, éste último aún se mantiene como aliado del Gobernador Miguel Ángel Yunes.
La entrada en funciones de la nueva Cámara y las diferencias políticas de Morena y sus aliados, podría ampliar el plazo para dar trámite a la solicitud ciudadana, pues la petición se tendrá que remitir a las comisiones de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales.
La negociación o el reparto de las más de 30 comisiones permanentes está paralizado en tanto no se designe un coordinador de la fracción de Morena. Son los diputados Javier Gómez Cazarín y Amado Cruz Malpica los que pelean la designación.
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¿Qué dice la ley?
El proceso legal contra el Fiscal General no debe superar el periodo de un año, y además de una sanción penal en su contra, puede ser inhabilitado de la función pública, hasta por 10 años. Si queda absuelto de las acusaciones podrá regresar como titular del órgano autónomo.
Si las acusaciones del empresario se hacen con falsedad, Winckler Ortiz podría solicitar que se inicie un proceso legal contra Gidi Blanchet. El Fiscal deberá comparecer ante diputados locales y magistrados estatales, y pasará al menos cuatro filtros antes de que se emita una sentencia.
El artículo 77 de la Constitución de Veracruz establece que los funcionarios podrán ser sujetos a juicio político, por los actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho.
Son sujetos a juicio los Diputados, el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Contralor General; el Fiscal General del Estado; los Magistrados; los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos, entre otros.
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El Congreso del Estado procederá a la acusación respectiva ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa declaración de las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso, después de haber sustanciado el procedimiento y con audiencia del inculpado. Trámites que llevarán las comisiones unidas, que siguen sin integrarse.
Posteriormente, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, resolverá lo procedente.
En caso de resultar culpable, la sanción correspondiente se impondrá mediante resolución aprobada por las dos terceras partes del número total de sus integrantes, que son 30 magistrados.
Cabe hacer mención que en este momento solo hay 14 togados, pues 16 se jubilaron por tener más de 70 años. Yunes Linares y el PAN promovieron las reformas de ley que obligaron a renovar al Poder Judicial, que contó con el aval de Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Si los togados encuentran que hay elementos para enjuiciar a Winckler Ortiz quedará suspendido de su cargo y a disposición de las autoridades competentes para ser sancionado. Cuando el proceso penal culmine en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función.
La ley de Procedencia y Juicio Político del Estado establece los plazos legales para dar seguimiento a la solicitud de enjuiciar al Fiscal de los Veracruzanos.
En un plazo no mayor a tres días la denuncia, que se entregó en Oficialía de Partes este martes 06 de noviembre, tendrá que ser ratificada y turnada a la Secretaría General del Congreso, a cargo de Juan José Rivera Castellanos, funcionario panista.
Una vez ratificada, se enlistará en la siguiente sesión para que el Pleno la conozca y la turne a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales. Si Iván Gidi no acude a confirmar su denuncia, se desechará.
Las comisiones unidas confirmarán si el denunciado es servidor público, si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; y si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado.
Si la queja no satisface los requisitos precisados en las fracciones anteriores, se determinará el sobreseimiento, de lo contrario, se formulará el dictamen previo y lo depositarán junto con el expediente en la Secretaría General.
Dicho órgano turnará el dictamen a la Comisión Permanente Instructora, que emplazará al denunciado para que, en un periodo de siete días después de ser notificado, comparezca ante ellos.
La audiencia de pruebas y alegatos se desahogará dentro de diez días posteriores al vencimiento del plazo concedido al denunciado. La Comisión Permanente Instructora dictaminará los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.
Si se comprueba la responsabilidad del servidor público, la Comisión Permanente Instructora dictaminará: que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia y la responsabilidad del encausado; y la propuesta de sanción que deba imponerse.
El documento se regresará a la Secretaría General que deberá enlistarlo en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria, y se tendrá que votar en una sesión privada -en la que se erigen como jurado-, Winckler Ortiz tendrá oportunidad de asistir a defenderse.
Al proceder el juicio político el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia, al que deberá consignar el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento. Será la comisión Permanente Instructora la responsable de sostener la acusación ante dicho tribunal.
En el poder judicial se constituirá una Comisión de Enjuiciamiento, será dicho órgano quien citará a comparecer al Fiscal y los integrantes de la Comisión Instructora, para conocer de las acusaciones; podrán presentar pruebas y alegatos, y se debe emitir un acuerdo de resolución.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado citará a una audiencia, el Pleno funcionará como Jurado de Sentencia, serán los responsables de dictar la resolución absolutoria o condenatoria, que obliga al apoyo de las dos terceras partes del número total de sus integrantes.
Si la resolución del Jurado de Sentencia es absolutoria o no se obtiene la mayoría calificada se denegará la declaración de inhabilitación o destitución del Fiscal General.
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