La reciente separación de unos 2 mil 300 niños migrantes de sus familias bajo la política de "tolerancia cero" de la administración Trump ha puesto a una industria hasta ahora invisible en el centro de atención en las últimas semanas.
Se trata del negocio de miles de millones de dólares de albergues para migrantes, los cuales proveen de vivienda, transporte y vigilancia a los niños detenidos a lo largo de la frontera.
¿Qué pasará con los niños que ya fueron separados de sus padres en la frontera?
La variedad de contratistas que trabajan en la industria de refugios para migrantes varía ampliamente. Según revela The New York Times, una de las instituciones más fuertes es la organización sin fines de lucro Southwest Key Programs que ha ganado al menos 955 millones de dólares en contratos federales desde 2015 para llevar refugios y proporcionar otros servicios a niños inmigrantes bajo custodia federal.
Su refugio para niños migrantes instalado en un antiguo Walmart en el sur de Texas ha sido objeto de escrutinio a nivel nacional, pero Southwest Key no es más que una pieza en el mundo lucrativo y reservado del negocio de refugio de inmigrantes. Alrededor de una docena de contratistas operan más de 30 instalaciones solo en Texas, y muchas otras contrataron cerca de 100 refugios en otros 16 estados.
Violencia y abusos a menores en albergues
Estas organizaciones sin fines de lucro han sido criticadas recientemente luego que saliera a la luz la investigación del sitio web informativo Texas Tribune y el Center for Investigative Reporting (CIR), que revela acusaciones de abuso físico y sexual, así como violaciones de normas de seguridad y cuidado de los niños ocurridos en albergues privados.
Entre las infracciones citadas por inspectores del estado de Texas están la falta de atención médica a lesiones y enfermedades y errores en la administración de medicamentos.
Según el informe, más de 70 entidades privadas, en su mayoría grupos religiosos y sin fines de lucro, están contratadas por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), dependiente del gobierno federal, para cuidar a los niños inmigrantes llegados a Estados Unidos sin sus padres o separados de ellos por las autoridades de inmigración.
Entre las entidades identificadas se encuentra precisamente Southwest Key, autodefinida como "una organización nacional sin fines de lucro fundada en 1987 para mejorar las vidas de los niños y sus familias".
El informe dice que los inspectores de Texas encontraron 246 violaciones en otras instalaciones de esta organización.
Edificios adaptados en albergues y miles de millones de dólares invertidos
Si se busca un centro de refugio para migrantes en Estados Unidos, tal vez se encuentre en la región de cuatro condados del Valle del Río Grande, en el sur de Texas, donde alrededor de una docena de albergues ocupan antiguas tiendas, escuelas y centros médicos.
Son algunos de los principales empleadores de la región, aunque lo que sucede en el interior suele ser altamente secreto: una organización tiene empleados que firman acuerdos de confidencialidad, un elemento más que ha sido prestado del mundo corporativo por los centros de cuidado infantil “sin fines de lucro”.
Y ahora, debido a la orden del presidente Donald Trump que pide que las familias migrantes sean detenidas juntas, probablemente signifique millones más en contratos para operadores de refugios privados, compañías de construcción y contratistas de defensa.
Una pequeña red de compañías privadas de prisiones ya está operando centros de detención familiar en Texas y Pensilvania, y es probable que esas instalaciones se expandan bajo la nueva directiva presidencial, en caso de que se enfrente a una revisión legal, dijeron analistas.
Asismismo BCFS, una red global de grupos sin fines de lucro, ha recibido al menos 179 millones de dólares en contratos federales desde 2015 bajo el llamado programa de niños extranjeros no acompañados del gobierno, diseñado para manejar a jóvenes migrantes que llegan al país sin un padre u otro miembro de la familia.
Muchos de los contratistas, algunos de los cuales son organizaciones religiosas afiliadas y agencias de gestión de emergencias como Catholic Charities, ven su trabajo como ayuda humanitaria para algunos de los niños más vulnerables del mundo.
Aumenta demanda
Pero varios grandes contratistas de defensa y firmas de seguridad también están construyendo una presencia en el sistema, incluyendo General Dynamics, la compañía aeroespacial y de defensa global, y MVM Inc., que hasta el 2008 contrató con el gobierno para suministrar guardias en Irak. MVM colocó recientemente ofertas de trabajo buscando "trabajadores bilingües de cuidado de jóvenes en viajes" en el área de McAllen en el sur de Texas. Describió los trabajos como el cuidado de niños inmigrantes "mientras los acompañas en vuelos nacionales y por transporte terrestre a refugios en todo el país".
El negocio de refugio de migrantes ha estado en auge desde que comenzaron las separaciones familiares a gran escala el mes pasado a lo largo de la frontera suroeste.
Durante años, incluso durante la administración de Barack Obama, los contratistas alojaron a niños que fueron atrapados ilegalmente al cruzar la frontera sin la compañía de un padre o tutor. Después de la nueva política, los contratistas colocaron nuevas camas y se expandieron más allá de sus capacidades autorizadas para albergar a la creciente cantidad de niños que el gobierno separó de sus familias.
Solo en Texas, 15 albergues han recibido variaciones de los funcionarios estatales para ampliarse, incluyendo la adición de espacio en los dormitorios y baños, lo que aumenta la capacidad total autorizada en Texas a casi 5,300 niños, de alrededor de 4,500.
La prisa de los refugios por albergar y aprovechar el aumento de niños los ha convertido en un nuevo objetivo para los demócratas, los defensores de los inmigrantes y un coro vocal de funcionarios locales, estatales y federales y líderes comunitarios.
Muchos de estos contratistas, incluido Southwest Key, cuyo presidente y director ejecutivo, Juan Sánchez, ha sido una figura conocida y políticamente conectada en el sur de Texas durante años, se vieron a sí mismos como los buenos en todos los años que estuvieron protegiendo, vivienda y educando a los jóvenes que cruzaron la frontera por su cuenta. Pero a medida que su base de clientes ha incluido cada vez más a los niños expulsados por la fuerza de sus padres, esa buena voluntad pública se ha erosionado.
Los críticos han publicado registros impositivos que muestran la compensación de Sánchez -más de 770 mil dólares solo en 2015- y los esfuerzos por debajo del radar de su organización para abrir nuevos refugios se han convertido en batallas públicas. En Houston, varios funcionarios demócratas, incluido el alcalde Sylvester Turner, pidieron al Sr. Sánchez que abandone los planes para convertir una antigua residencia
Algunos han expresado su preocupación de que la prisa por expandirse dificultará el manejo adecuado de la vivienda y la atención de bebés, niños pequeños y adolescentes, todos los cuales tienen una serie de complejos problemas emocionales, de salud y legales. En los últimos años, varios refugios para jóvenes migrantes se han encontrado con problemas no vistos por el público: violaciones al código de fuego, demandas por abuso y quejas de empleados que alegan despido injustificado y salarios no pagados.
El antiguo refugio de Walmart falló dos de sus 12 inspecciones de incendios, incluidos los problemas del sistema de rociadores, pero pasó su inspección más reciente este mes. Funcionarios estatales han investigado denuncias de abuso sexual y supervisión negligente en numerosas instalaciones.
El transporte
El transporte hacia y desde los refugios no es más que un servicio proporcionado por los contratistas en el centavo federal.
Los adultos y niños que son detenidos ilegalmente al cruzar la frontera son detenidos y alojados en una variedad de instalaciones, algunas de las cuales son administradas por el gobierno y otras por contratistas privados. Existen centros de detención en las estaciones de la Patrulla Fronteriza y en las instalaciones operadas por contratistas de prisiones privadas como CoreCivic. Y luego están los refugios para jóvenes migrantes.
Una de las más conocidas es Casa Padre, el nombre del refugio de Southwest Key para niños de 10 a 17 años en el Walmart adaptado. Es el refugio más grande de su tipo en el país, con casi 1,500 niños.
El edificio no es propiedad de Walmart sino de propietarios privados, quienes lo arriendan a Southwest Key. El Walmart fue destruido, rediseñado y renovado en una especie de mini-ciudad, con murales, aulas, consultorios médicos, médicos de guardia, cubículos de trabajo, cines, una barbería y una cafetería.
Pre-Trump, Southwest Key fue muy bien recibida por activistas de inmigración de izquierda y organizaciones de derechos civiles. Post-Trump, algunos de los antiguos aliados del grupo ahora lideran la protesta.
Organizaciones legales incluyendo el A.C.L.U. y el Comité de Abogados por la Ley de Derechos Civiles representó a Southwest Key en una demanda en 2015 contra Escondido, California, acusando a la ciudad de manipular las leyes de zonificación y uso de la tierra para bloquear la apertura de un nuevo centro que podría albergar a 96 niños.
La demanda citó a ciudadanos de Escondido que se habían opuesto a la instalación en cartas y audiencias. "Creo que la mayoría de nosotros estamos hartos de pagar por los invasores indocumentados", decía un comentario.
Southwest Key eventualmente recibió un acuerdo de 550 mil dólares de parte de Escondido, pero durante el caso la organización abrió la vivienda en otro lugar.
Los operadores de refugios para migrantes dicen que se ha pensado erróneamente que están albergando jóvenes en el tipo de instalaciones muy concurridas cerca de los pasos fronterizos en los que los migrantes reciben su procesamiento inicial.
Las imágenes de niños en jaulas y corrales con eslabones de cadena que han circulado en línea recientemente se toman principalmente en los sitios de la Patrulla Fronteriza administrados por el gobierno. La vivienda en lugares como las instalaciones de Southwest Key generalmente incluye dormitorios, áreas de clase y centros médicos y de consejería.
"Si alguna vez ponemos a un niño en una jaula, nos cerrarían por maltratar a los niños", dijo Alexia Rodríguez, vicepresidenta del servicio de menores migrantes en Southwest Key Program.
"La gente nos está confundiendo con las instalaciones operadas por la Patrulla Fronteriza, que es una división de Seguridad Nacional. Trabajamos con el lado del servicio social del gobierno federal. No somos agentes de la ley ".