TOLUCA.- La falta de apoyo institucional, que su activación esté condicionada a que el menor desaparecido pueda ser víctima de trata o secuestro, que opere meramente como un mecanismo de difusión, malas prácticas de las dependencias y el que se antepongan prejuicios, son algunas de las deficiencias que organizaciones civiles y académicos advierten en la Alerta Amber.
La Alerta Amber es una herramienta que surgió en 1996, derivado del caso de una niña de nueve años llamada Amber Hagerman, que fue secuestrada y asesinada en Arlington, Texas. Tiene por objetivo la recuperación de menores de edad en peligro de sufrir daños por haber sido secuestrados, sustraídos o desaparecidos en territorio mexicano o en el extranjero.
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Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de Derechos Humanos (LIMEDDEH), expuso que el mecanismo carece de adecuada articulación de las instituciones estatales y federales, encargadas de la seguridad pública para garantizar la búsqueda correcta.
"Se fue con el novio"
Criticó que uno de los requisitos del protocolo establezca que el Ministerio Público debe esperar 24 horas para que el padre de familia pueda obtener la activación de la alerta Amber,
“En las primeras horas en que se acude a las autoridades, éstas eluden la responsabilidad de investigar; con pretextos banales evitan emitir la alerta e incluso anteponiendo prejuicios como el decir a los padres que seguro está con el novio, si se trata de la desaparición de una jovencita”.
“Son insensibles y se basan en sus propios criterios para atender los casos”, señaló Adrián Ramírez.
Tardanza en el caso Valeria
Sostuvo que la asociación civil que preside ha documentado varios casos en los que la alerta no se emite de manera inmediata, como en el caso de la niña Valeria, que sus padres acudieron a levantar el acta en el Ministerio Público de Nezahualcóyotl, después de haberse extraviado tras abordar una combi. Sin embargo, tardaron más de cinco horas para difundir la alerta e iniciar su localización.
En este caso, subrayó, no sólo hubo omisión sino también impunidad.
Sin embargo, Dilcya García Espinoza, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, aseguró que la alerta se activa inmediatamente después de recibido el reporte.
“Para la autoridad las primeras tres horas son decisivas para comenzar con la investigación correspondiente y encontrar al menor, por lo tanto es falso Es falso este tema de las 24, 48 y 72 horas es totalmente falso. Nunca en el protocolo de búsqueda existe el criterio que hay que esperar 24 horas para poder iniciar con la indagación”, acentúo.
Incluso, la subprocuradora estableció que si algún funcionario niega el servicio debe denunciarse inmediatamente, “incurre en irresponsabilidad y por esta falta se hace acreedor a que se inicie una carpeta de investigación y un procedimiento ante la Contraloría”.
El Fiscal General – afirmó- tiene la instrucción de que actuar en consecuencia de acreditarse una falta como esta.
Ana Yurixi Leyva Piñón, ex diputada local, planteó que se tiene investigar y sancionar las omisiones por parte de las autoridades que niegan auxilio a las familias, por contravenir el derecho a la protección e integridad de niñas, niños y adolescentes.
Así como eliminar el “absurdo adminstrativo” de esperar 48 o 72 horas para comenzar la búsqueda.
Sólo como función paliativa
Rafael Santa Cruz Lima, del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Universidad Autónoma del Estado coincide en que la Alerta Amber es sólo un paliativo en la búsqueda de niños robados y desaparecidos, que se circunscribe a cumplir una función meramente informativa.
“Se trata de una herramienta carente de una función preventiva que no trasciende a la reparación del daño causado a la víctima o al ofendido”
Desde luego, indicó, hace falta una armonización y articulación con otras instituciones que permita una mayor eficacia, “pareciera que las autoridades delegan la labor a la sociedad para que ellos difundan el comunicado, y sea la sociedad la encargada de encontrar a la persona desaparecida. El responsable de brindar la seguridad es el Estado no viceversa”.
La Alerta Amber es un buen mecanismo, dijo, pero tiene que estar articulado con políticas criminológicas más fuertes y sólidas.
“Considero que no estamos quedando muy retrasados en materia de prevención y la Alerta Amber es un programa que ayuda pero no es el único, hay otras formas que no se han explorado para poder resarcir la gran inseguridad que estamos viviendo. Ni siquiera hemos llegado a un intento de poder implementarlos”.
Desde su punto de vista, es importante que participen policías preventivos e investigadores capacitados en la trata de personas y secuestros.
Casos
Dilcya García Espinoza, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, quien también es la responsable del sistema de Alerta Amber en el Estado de México, sostuvo que desde 2013 a la fecha, la alerta se ha activado 996 ocasiones, y de ellas, 860 se ha encontrado al menor con vida.
Informó que todavía están activas 120 Alertas Amber, de las cuales 21 se trata de niños varones menores de 12 años, y 22 niñas también menores de 12 años. En tanto que, 20 son de adolescentes varones y 57 de mujeres adolescentes.
En este 2017, se han activado 331 alertas de las cuales 55 aún están activas. García Espinoza aseguró que la efectividad del protocolo Amber es de 88.7 por ciento.
Los expertos coincidieron es que es necesario contar con un protocolo específico de búsqueda con perspectiva de género.