Con el argumento de contribuir a la austeridad y que exista mayor dinamismo con un menor número de recursos humanos, la mayoría priista en el Congreso de Hidalgo, con el respaldo de Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México, aprobó reducir de cinco a tres magistrados el pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEEH).
Esta acción fue considerada por diputados afines al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) –quienes votaron en contra junto con las fracciones del PAN y del PRD– como un intento del gobernador Omar Fayad, a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de mantener el control del órgano, ya que en diciembre vencía el periodo para el que dos magistrados habían sido electos y sus sucesores tendrían que ser nombrados por el Senado, en el que Morena tendrá mayoría a partir de septiembre.
En la discusión en tribuna, la panista Mariana de Jesús Bautista afirmó que el verdadero interés de esta reforma, propuesta por Eliseo Molina, coordinador del grupo parlamentario neoaliancista, “no es la austeridad”, sino el control político del Tribunal, y cuestionó por qué el mandatario no envía una iniciativa para reducir los salarios del Poder Ejecutivo y elimina la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, a cargo de su exasesor Israel Félix, dependencia que consideró innecesaria.
Asimismo, dijo que en el anterior proceso comicial el exsenador intervino indebidamente al pagar publicidad en Facebook para difundir un mensaje contra una propuesta de Ricardo Anaya, entonces candidato del PAN a la presidencia, lo cual acreditó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en sesión del 13 de julio.
“No hay más vil engaño a la ciudadanía que querer disfrazar con tintes de austeridad el agandalle (…) Está claro que en las últimas semanas la mayoría del gobernador ha aprobado nombramientos fast track”, añadió al debate el independiente Jorge Miguel García, quien aseguró que la propuesta carece de datos numéricos sobre el ahorro que supuestamente generaría y hacia qué sector sería destinado el recurso.
Aunado a ello, expuso que la supresión de asesores, choferes y personal burocrático, según un análisis realizado por el grupo de asambleístas sin partido que se identifica con Morena, generaría un ahorro de dos millones de pesos anuales sin afectar el trabajo del Tribunal Electoral, pero que eso no fue considerado en esta iniciativa porque, consideró, lo que busca es blindar al grupo en el gobierno en procesos venideros.
Eliseo Molina defendió su iniciativa, que reforma los artículos 4 y 13 de la ley orgánica del TEEH, con el argumento de que 21 estados trabajan con tres magistrados, y afirmó que el grupo afín a Regeneración Nacional quería “coartar su derecho a trabajar”, además de añadir que cuando algo no les conviene usan sus espacios en el Legislativo para “denostar”.
La priista Érika Saab Lara justificó que los procesos de los últimos 15 días –en los que hicieron dos nombramientos– han estado apegados a derecho, y que el propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha llamado a la austeridad y dicho que "las escaleras se barren de arriba hacia abajo", a lo cual la independiente Simey Olvera Bautista respondió que no cuestionan la austeridad, sino la legalidad y la democracia: “¿Cuál es la prisa para nombrar incondicionales? ¿Por qué el gobernador está tan apresurado en hacer esto? ¿Para que no se persigan los delitos que puedan cometer a quienes le deben el cargo?”.
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Los “albazos” legislativos
Un bloque de seis diputados, cinco independientes y el único representante oficial de Morena –que, al ganar 17 de los 18 distritos locales en los comicios del primero de julio, será la primera fuerza parlamentaria a partir de septiembre–, se opuso en las sesiones del martes y jueves de la semana pasada, primero con abstención y después con voto en contra, a los nombramientos de procurador y fiscal electoral, inconformes por la premura, lo cual, consideraron, podría ser un “blindaje” al Poder Ejecutivo.
En el primer caso la responsabilidad recayó en Raúl Arroyo González, quien como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) –cargo que ostentó hasta el día previo a que rindiera protesta como procurador, por cinco años– fue responsable de la ponencia avalada por sus compañeros mediante la cual se revocó la sentencia por abuso sexual en contra del entrenador de la Universidad de Futbol y Ciencias del Deporte, el 3 de mayo.
En tanto que José Arturo Sosa Echeverría, que también fungía como magistrado, pero del Tribunal Electoral, fue electo para el segundo encargo, igualmente para el periodo 2018-2022, en una sesión en la que legisladores afines a Morena subieron a tribuna con pancartas que tenían la leyenda “No al fiscal carnal”.
Además de las designaciones recientes, que surgieron de propuestas del jefe del Ejecutivo estatal, los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad también aprobaron la convocatoria para la renovación del ombusmand, proceso en el cual el partido fundado por López Obrador anticipa injerencia de Fayad Meneses.
Asimismo, el gobernador envío esta semana a la Cámara sus propuestas para magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, entre las cuales está el coordinador de su Junta de Asesores, Iram Zuñiga Pérez, excandidato plurinominal del PRI y quien aspiró a ser procurador cuando fue elegido Ramiro Lara Salinas, quien renunció por motivos personales y fue relevado por Raúl Arroyo.
También está José Luis Mendoza Gamiño, director del Centro de Atención Temprana, región poniente, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que igualmente fue incluido entre las opciones para fiscal electoral.
"Tenemos un gobernador que miente mucho", dijo el presidente de Morena, Abraham Mendoza Zenteno, al hacer un pronunciamiento público en la Plaza Juárez de Pachuca el día previo a reducción de cinco a tres magistrados en el Tribunal Electoral, que tuvo una votación de 17 a favor y diez en contra.
Lo anterior, al exponer que el mandatario hizo un llamado a la reconciliación entre grupos políticos tras el proceso electoral, además de asegurar que con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo unían los principios de "no robar, no mentir y no traicionar"; sin embargo, el dirigente afirmó que tras esas palabras está un intento de usar a la legislatura actual para nombrar funcionarios afines e intentar contrarrestar a Morena.