Por la emergencia sanitaria desatada por el covid-19, 7.6 millones de trabajadores informales urbanos viven “al día”, pues padecen la suspensión de las actividades económicas, no tienen seguridad social y tampoco reciben ayudas de programas sociales, aseveró la organización Oxfam.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los empleados más vulnerables son los dedicados a la economía informal, así como migrantes y trabajadores domésticos, por ello subrayó que los gobiernos deberían facilitar el acceso a servicios públicos sanitarios y la provisión de medios de subsistencia alternativos.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) propuso un plan integral de emergencia por hasta el 3.5 por ciento del PIB para mitigar la crisis y así poder propiciar una recuperación más rápida.
Para el organismo, aunque se han tomado acciones fiscales, estas aún son limitadas, ya que de acuerdo con el FMI, actualmente México dedica 0.8 por ciento del PIB a medidas fiscales, las cuales no cubren a todos y a quienes cubren, no lo hacen de manera suficiente, o cubren a quienes ya han caído —o caerán— en desempleo.
El plan consiste en 5 acciones, entre las que destacan la restitución del gasto en salud del año 2015, realizar transferencias de un salario mínimo mensual por tres meses a trabajadores del sector informal, así como también a las empresas que tengan trabajadores afiliados al IMSS, además de ofrecer seguro de desempleo y un reembolso extraordinario de ISR a los trabajadores que estén por cuenta propia.
Para el sector informal, el Centro estima un monto destinado de hasta 430 mil millones de pesos, cerca del 1.8 por ciento del PIB, para dar un salario mínimo mensual por tres meses a los casi 38.8 millones de personas que están en esa situación.
En cuanto al sector formal, plantea que las empresas reciban transferencias por 3 meses de salarios mínimos por cada trabajador afiliado al IMSS, lo que se traduce en apoyos por más de 228 mil 413 millones de pesos, casi el 1 por ciento del PIB.
Además, proponen seguro de desempleo de 2 salarios mínimos por tres meses a los 1.6 millones que proyecta el centro de estudios que perderán su trabajo a un costo de 35 mil 481 mdp.
Tan sólo en la Ciudad de México, alrededor de 4 mil 600 trabajadores no asalariados se autoemplean como aseadores de calzado, organilleros, vendedores de publicaciones y revistas atrasadas, vendedores ambulantes de café, mariachis o ayateros, señaló Tanya Espinoza Sánchez, coordinadora para la Ciudad de México de Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (Wiego, por sus siglas en inglés).
Sea por la falta de ingresos o porque se han tenido que aislar por disposición de las autoridades ante la contingencia sanitaria, esta población no está teniendo ingresos y la situación de un porcentaje no determinado de ésta podría empeorar al quedar fuera del apoyo de mil 500 pesos que les ha ofrecido la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) del gobierno capitalino por no residir en la Ciudad de México, aunque llevan décadas realizando sus actividades en la capital.
El 20 de abril, la STFE informó que recibirán un apoyo emergente único por mil 500 pesos trabajadores no asalariados residentes en la capital que cuenten con licencia y credencial vigente o que acrediten haber solicitado el trámite de expedición de licencia y credencial de trabajador no asalariado ante la dirección general de la STFE, dijo la dependencia.
En un informe publicado esta semana, Oxfam subrayó que la administración de Andrés Manuel López Obrador despliega una serie de programas enfocados en la población campesina pobre, pero no tiene programas específicos para los urbanos, que son los más vulnerables ante el covid-19: 10 millones de citadinos sufren pobreza por ingresos, 16 millones no tienen acceso a la seguridad social; 5.4 millones padecen inseguridad alimentaria; 5 millones no tenían acceso a la salud en 2018 y 3.7 millones no tienen agua, drenaje o electricidad en su casa.
Según Oxfam, el covid-19 agravó tres crisis en México: la sanitaria, marcada por un sistema público de salud abandonado; la económica, consecuencia de “décadas de precarización del trabajo y la falta de empleos con seguridad social”; y la social, caracterizada por “el racismo, clasismo, homofobia, machismo, xenofobia y, en general, la ausencia de una sociedad y un Estado verdaderamente igualitarios en leyes y hechos”.