El tráfico ilegal de vida silvestre es un problema que está recobrando fuerzas a nivel global, y México no es la excepción, sobre todo al estar dentro de la lista de países megadiversos, con especies altamente demandas en el mercado internacional.
Este mercado negro es uno de los negocios ilegales más redituables en el mundo, después del contrabando de drogas y el de armas, con ganancias que se estiman hasta en 100,000 millones de dólares (mdd) anuales, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
En los últimos años esta problemática ha tomado relevancia en México, ya que de ser considerado un país sólo de paso hacia los mercados negros de Estados Unidos, Asia y Europa, ha registrado un aumento en la demanda de especies mexicanas, como el caso del pez totoaba, que de acuerdo con una investigación de la agencia EFE, un kilogramo de buche –vejiga natatoria– de esta especie endémica del Alto Golfo de California de México puede costar hasta 60,000 dólares –25,000 dólares según estimaciones de GreenPeace y 8,000 las de Semarnat–.
Esto, por las cualidades afrodisíacas, medicinales y regenerativas que se le atribuyen en esos mercados.
Pero también la pesca del totoaba representa la principal amenaza para la vaquita marina, el único mamífero marino endémico de México, ya que la disminución de su población está intrínsecamente ligada con la captura de dicho pez, ya que las vaquitas quedan atoradas en las redes de pesca, de acuerdo con el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina.
La llamada vaquita marina es endémica de la región norte del Golfo de California, y de acuerdo con dicho Comité se estima que sólo existen alrededor de 30 ejemplares en estado silvestre. Razón por la que diversas ONGs han hecho un llamado urgente a las autoridades para implementar nuevas medidas que eviten la extinción de este mamífero marino, tal es el caso de la Fundación Leonardo DiCaprio, que este miércoles firmó un memorándum mutuo de entendimiento con el gobierno mexicano, firmado por el presidente Enrique Peña Nieto; y la fundación del multimillonario Carlos Slim.
Otras especies nacionales también son demandas como trofeos de cacería, como es el caso del borrego cimarrón, aves como los loros, las guacamayas y algunas canoras y de ornato, así como réptiles y felinos, señala Joel González Moreno, director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El funcionario menciona que entre las especies mexicanas que alcanzan un mayor precio son el jaguar, que se puede vender entre 40,000 y 70,000 pesos; el águila real, hasta en 50,000 pesos; la guacamaya roja, entre 30,000 y 40,000 pesos; el puma, de 20,000 a 30,000 pesos; y el loro cabeza amarilla, entre 15,000 y 20,000 pesos, de acuerdo con costos estimados encontrados tanto en el mercado legal como el ilegal.
Joel González Moreno comparte que al interior del país son las ciudades más pobladas las que presentan mayor demanda, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana; mientras que la zona centro del territorio nacional es donde se encuentran las áreas importantes de distribución de reptiles, y en el sureste es donde hay una mayor extracción de especies.
El funcionario también indica que los loros mexicanos extraídos de manera ilegal se distribuyen principalmente en el Pacífico mexicano, desde Sinaloa hasta Chiapas, y los estados de la región del Golfo de México.
Sobre el destino de las especies mexicanas vendidas en el mercado global, González Moreno relata que llegan a diversos puntos en el planeta, como España, lugar al que pretendían trasladarse 83 aves antes de ser detectadas en el Aeropuerto de la Ciudad de México durante un operativo el año pasado; o Hong Kong y en la región de Cantón, en China, donde se ha rastreado a totoaba extraída ilegalmente, e incluso Holanda, donde en 2016 se encontraron 256 reptiles mexicanos.
¿Al cobijo de la ley?
De acuerdo con el funcionario de la Profepa, en el país el comercio de vida silvestre está permitido bajo el enfoque de que es una actividad necesaria para el desarrollo de muchas comunidades, pero bajo la directriz de que sea de manera sustentable, sin poner en riesgo la existencia de las especies, es decir, cumpliendo los lineamientos y requerimientos marcados por las autoridades.
“En México no tenemos una prohibición para acceder al recurso, al contrario, nuestra legislación establece la conservación y el aprovechamiento sustentable como un binomio que busca proteger a las especies y al mismo tiempo permitir un desarrollo económico en las comunidades rurales”, explica.
La Ley General de Vida Silvestre señala en su artículo 3 que el aprovechamiento no extractivo es el derivado de “las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o hábitat de las especies silvestres”.
En ese sentido, indica que las personas que se dedican a hacer la colecta o caza de los ejemplares de manera furtiva o ilegal, generalmente lo hacen es por una necesidad; mientras que la parte más importante de esta cadena que debe atacarse son quienes acopian, transportan y distribuyen, incluidos los comercializadores, empresas o funcionarios que pudieran estar involucrados.
“Nuestro principal objetivo (en nuestra estrategia de acción) es atacar a este grupo”, apunta el director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros.
Por ello que el tráfico ilegal de especies debe ser combatido, para que no se afecte el beneficio de las comunidades, no se disminuyan las poblaciones casi a la extinción y evitar la pérdida de variabilidad genética de la vida silvestre en el país.
Cabe recordar que el pasado 7 de abril el Congreso realizó modificaciones al Código Penal Federal, y se estableció que tráfico ilegal de vida silvestre será tratado como delincuencia organizada, para incrementar las sanciones en contra de quienes extraen, distribuyen y/o comercializan de manera ilegal con animales y plantas.
Sin embargo, a pesar de que la comercialización de la vida silvestre es ampliamente condenada por la ciudadanía, “aún no se han dado los cambios en el marco legislativo y legal que prohíba ese comercio”, explica González Moreno.
Y por ello la ley contempla sólo cuatro grupos de especies con una prohibición expresa para su comercialización: los loros, los monos mexicanos, los mamíferos marinos y las tortugas marinas. “A todas las demás (especies) puede accederse para su aprovechamiento, y ahí hay personas que lo hacen de forma ilegal al no tramitar los permisos que deben solicitar ante la Semarnat”.
“(Las modificaciones a la ley) nos plantea nuevos retos, porque ahora se deben emplear mayores recursos de investigación y de inteligencia para demostrar que existen esas estructuras criminales que se dedican a traficar vida silvestre, es un reto donde debe coordinarse la autoridad administrativa (Profepa) con la autoridad judicial (PGR), trabajo al que se suman otras autoridades como la Gendarmería, la Policía Federal, la Interpol, son autoridades que somos coadyuvantes”.
Bajo la lectura del funcionario, se debe entender que el marco normativo se enfoca a contribuir a la conservación a través del aprovechamiento sustentable de algunas especies, y aunque desde un marco ético para los ciudadanos no hay justificación para mantener a un ejemplar en cautiverio, como autoridad la Profepa debe velar porque se cumpla la legislación.
Es decir, las leyes actuales permiten el aprovechamiento de la vida silvestre. El reto ahora es, sentencia, enfocarlo hacia el beneficio en los términos que refiere la misma ley, pero atacando no sólo el mercado negro, sino también la extracción en los lugares de donde son originarias esas especies, y generar en el consumidor la conciencia de que compren especies que tengan una prohibición en la ley.
dast