El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) publicó un informe sobre el uso de la tierra y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) muestra que el impacto del consumo de carne y productos lácteos en estas emisiones.
Dicho informe coincidió con una propuesta para subir el IVA de la carne del 7% al 19% en Alemania, lo que produjo dos tipos de reacciones en contra:
La primera provenía de los entornos del negacionismo climático (muy unidos a una visión política y económica ultra-liberal y anti-regulaciones) que, como era de esperar, abominaban de estos consejos y se revolvían contra ellos con mayor o menor grado de conspiranoia.
Mientras que la segunda reacción rechazaban esta idea por considerarla un ataque contra la población de menos recursos, asegurando que existe una estrategia consciente para cargar la crisis climática sobre los ciudadanos y no sobre las grandes rentas o empresas.
Descarbonización
Tras la publicación de ese informe, se analizaron los procesos de descarbonización de la economía, ya sea desde el campo de la energía o desde otros, dando como resultado que frecuentemente hay situaciones parecidas a ésta, donde las políticas climáticas aparentemente afectan a los ciudadanos de pocos recursos y las políticas fiscales que necesitaríamos aplicar para tal fin son regresivas.
Con el tiempo, la tecnología baja de precio, su posibilidad de adquisición se amplía y los efectos positivos que se buscan con estas medidas redundan en beneficio de todos los ciudadanos, pero esa etapa inicial "regresiva" es casi imposible de evitar si se quiere potenciar la adopción de estas tecnologías.
Además de las ayudas, otro campo esencial son las políticas impositivas que pretenden favorecer la descarbonización, muchas veces basadas en impuestos pigouvianos, es decir, aquellos que busca corregir una externalidad negativa de una actividad, o sea, un efecto negativo que se traslada a terceros, usualmente la sociedad en general.
La contaminación es un caso claro de externalidad negativa, pues la sufre la población en forma de destrucción del patrimonio natural común, enfermedades asociadas o, en el caso de los GEI, por los efectos del cambio climático.
Por eso, algunos pretenden que la transición a un sistema "descarbonizado" la paguen las grandes empresas contaminantes o las clases más altas. Lamentablemente, esto no puede funcionar así o, mejor dicho, no puede funcionar directamente así.
Con información de World Economic Forum.
MJP