“Las modificaciones aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) son ‘reprobables’ en plena crisis sanitaria y económica, y se estima que por los costos de transmisión o transporte eléctrico se pueden representar incrementos de entre cinco y 10 veces de lo que actualmente pagan los consumidores, que van desde la industria, comercio o los hogares”, fueron las palabras de reproche que utilizó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Roger González, presidente de la Comisión de Energía del CCE, sostuvo que este tipo de cambios representan un “duro golpe” a la planta productiva nacional al enfrentar de por sí, una desventaja en los costos de electricidad entre 20 y 25% respecto a sus competidores de Estados Unidos.
Aunado a ello, también dijo que afecta la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).
Asimismo, aseveró que “se materializó otro golpe” contra el sector e impactará directamente a la industria automotriz, educación, hospitales y hasta unos 24 municipios, además de acentuar la mala situación que viven varias empresas derivado de las afectaciones por el covid-19.
Además, el presidente del CCE, Carlos Salazar, sostuvo que, ante las medidas unilaterales ilegales de las autoridades, vendrá una “ola de amparos” por las afectaciones e imposición de acciones que terminan judicializándose.
Por su parte, el sector empresarial llamó al gobierno federal a detener los cambios en el sector energéticos, que no ayudan a la estabilidad del país ni a los consumidores que son los más afectados.
Pues la medida que se aprobó la semana pasada, para aumentar los precios de transmisión impactará a 100 plantas de generación eléctrica de todos tamaños, lo que derivará en el incremento generalizado de los precios de la energía afectando no sólo a la Industria, el comercio sino hasta el consumidor final.
En respuesta, Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, advirtió de un “electrolinazo”, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no habría impacto en el consumidor final.
Juez otorga tercera suspensión definitiva a renovables
Un juez otorgó este lunes una tercera suspensión definitiva a las medidas publicadas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el 29 de abril pasado, que interrumpen de manera indefinida las pruebas críticas para centrales de generación intermitente.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro, del Juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó la medida a la empresa Eólica Cerritos, después de que el viernes pasado se celebró una audiencia en la que representantes del Cenace y la compañía rindieron sus argumentos.
Con la suspensión definitiva, la empresa podrá continuar con las pruebas preoperativas de una central eólica de la que es propietaria.
Esta medida se une a una suspensión definitiva que otorgó el juez Rodrigo de la Peza a 13 proyectos renovables y a otra más concedida por Gómez Fierro a una empresa cuya identidad se mantiene en anonimato.
Cancelación de proyectos afecta inversión
La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés) indicó que el país está en riesgo de quedar fuera de los proyectos de los inversionistas internacionales del 2021, al haberse mermado la confianza de los empresarios tras los cambios de políticas en materia energética que limita la participación privada y la cancelación de la cervecera de Constellation Brands en Mexicali.
En videoconferencia de prensa, la presidenta de ICC, María Fernanda Garza, dijo que cancelar proyectos en marcha o cambiar la regulación vigente no ayuda a que México se consolide como un destino atractivo de inversión, en el marco de que las corporaciones han detenido sus inversiones para revisarlas por la pandemia.
"Hay una preocupación porque había contratos firmados, acuerdos y leyes que están vigentes y se están siguiendo y al dar marcha atrás en los acuerdos, la confianza se ve mermada, no sólo en sector energético, sino en todos, por ello es necesario fortalecer los instituciones autónomas”.
Según Garza, las empresas comienzan hacer presupuestos para la inversión en el 2021 y están tratando de hacer un cambio para hacer una economía verde y sustentable.
(María José Pardo)