La Comisión Federal de Competencia Económica y Banco Azteca se enfrentaron este viernes por las declaraciones de la comisionada presidente, Alejandra Palacios, en el sentido de que el otorgamiento directo por parte de Andrés Manuel López Obrador para emitir tarjetas de programas sociales podría afectar la equidad en el sector.
El banco, que forma parte del Grupo Salinas, dio a conocer que la denuncia se realizó ante el Órgano Interno de Control del regulador para investigar presuntas faltas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como al Código de Ética y Conducta de la Cofece y otras normas aplicables.
El 24 de enero, Palacios advirtió que se deben acotar las adjudicaciones directas “porque permiten a la autoridad tomar decisiones discrecionales que conllevan el riesgo de provocar una situación permanente de falta de competencia en un mercado”.
Palacios dijo que ese riesgo “podría observarse en el mercado financiero, como consecuencia de la adjudicación directa a Banco Azteca del contrato para la emisión y la administración de las tarjetas con las que se otorgan los apoyos económicos de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores”.
Precisó además que la adjudicación directa para este caso está apegada a la ley, sin embargo, apoyada en cifras dadas por el CEO del banco, afirmó que se afectará a la competencia por el acceso “fácil” del banco a una base de cinco millones de potenciales clientes.
“Obtener esta base de potenciales clientes sin un proceso abierto de competencia de por medio, pone en desventaja a otros bancos competidores que también tendrían la posibilidad de ofrecer a los beneficiarios una mayor cartera de servicios”, argumentó.
Al respecto Banco Azteca respondió en un comunicado que Palacios prejuzga un potencial impacto violando las garantías de seguridad jurídica y debido proceso que consagra la Constitución.
“La competencia en el sector financiero es benéfica para todos sus usuarios y la comisionada presidente, en su texto, se abstiene de mencionar que Banco Azteca no es la única institución financiera contratada por el Gobierno de México para la dispersión de programas sociales”, sostuvo.
Banco Azteca dijo que la comisionada omitió mencionar que el prestamista tiene la mayor presencia nacional, con sucursales en 785 municipios, lo que representa una cobertura superior en 40% a la siguiente institución financiera.
Agregó que en 170 municipios del país es el único banco presente y que tiene el horario de atención más amplio, elementos clave para ampliar el acceso que tendrán los beneficiarios a los recursos de los programas sociales.
“Banco Azteca espera que, en cumplimiento con sus facultades y obligaciones, el Órgano Interno de Control realice una investigación expedita y dé a conocer a la brevedad sus conclusiones”, indicó.
JGM