Sin competencia tenemos el riesgo de que incrementen de más los precios y aunque necesitamos ir con todo contra el contrabando, la iniciativa (de Ley de Hidrocarburos), en sus términos, no es la manera de hacerlo, advirtió Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Recomendamos no aprobar la reforma a la Ley de Hidrocarburos. Necesario ir con todo contra el contrabando, aunque la iniciativa, en sus términos, no es la manera de hacerlo. Sin competencia tenemos el riesgo de que incrementen de más los precios. ?? https://t.co/io0yXQdSD0 pic.twitter.com/sJIUVhnBMD
— Jana Palacios (@JanaPalacios) April 12, 2021
De aprobarse en sus términos, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos se afectaría negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, por eso la Cofece remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos dicha Iniciativa.
La Cofece indicó que dicha aprobación también podría resultar en una disminución de la oferta de bienes y servicios en la industria, con el consecuente aumento en los precios que pagan por ellos las familias y empresas mexicanas.
En su opinión, la Cofece reconoció como legítimos los esfuerzos del Gobierno Federal por combatir el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos, por lo que la Comisión no se pronuncia sobre la modificación legal que prevé revocar los permisos por esta causa específica.
Cabe mencionar que, el marco constitucional vigente establece un régimen de competencia en la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, dentro de las actividades de producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público.
Para que Petróleos Mexicanos (Pemex), otras empresas productivas del Estado y los particulares puedan participar en dichas actividades requieren de permisos –que deben otorgarse de manera expedita y no indebidamente discriminatoria–, cuyo objetivo es el cumplimiento de requisitos razonables vinculados con la seguridad, capacidad operativa o infraestructura, entre otros. En ningún caso, el régimen de permisos debe restringir el acceso a los interesados que cumplan con los requisitos aplicables.
TÉRMINOS DE LA REFORMA
i) Desincentivaría la entrada y reduciría la oferta al distorsionar el régimen de permisos, porque faculta y da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender temporalmente permisos en caso de que consideren de peligro inminente para la “seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”. Sin embargo, estos conceptos no se definen ni se establecen criterios para su clara aplicación.
ii) Generaría incertidumbre al modificar de afirmativa a negativa ficta en la resolución de las solicitudes de cesión de permisos, lo que reduce los incentivos de la autoridad para resolverlas de manera expedita, e impide inicialmente a los agentes económicos conocer las razones para negarlas.
iii) Reduciría el número de competidores y la oferta al establecer la comprobación previa de cierta capacidad de almacenamiento requerida por la Sener para el otorgamiento de permisos. Si bien contar con capacidad de almacenamiento suficiente es necesario para que exista competencia en la cadena de producción de combustibles, requerir su comprobación previa al otorgamiento del permiso genera un círculo vicioso entre la falta de dicha capacidad por la inexistencia de permisos, y la falta de estos ante la escasez de infraestructura, desalentando inversiones en este rubro.
Además, la Iniciativa permite la revocación de permisos vigentes que, a la entrada en vigor de la reforma planteada, incumplan con este requisito, lo que constituiría una violación a los derechos adquiridos y una restricción injustificada a la oferta.