Los partidos de oposición se oponen al decreto de austeridad y a la reforma de ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como medida para combatir los estragos económicos de la pandemia por coronavirus (covid-19).
En el decreto, el presidente propone, entre otras cosas, la desaparición de 10 secretarías, la reducción de salarios y aguinaldos para altos funcionarios, así como una importante reducción presupuestal.
Mientras que la reforma de ley se abrogan las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación ante la “emergencia económica”.
El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados calificó la reforma de ley como una “concentración y abuso de poder” de parte de López Obrador que no avalará porque “mermar la división de poderes y violar la constitución”.
“El siguiente paso sería la dictadura”, advierten los legisladores priistas.
Para el PRI, ninguna situación extraordinaria justifica la iniciativa del presidente para modificar por sí mismo el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
“Estos actos sólo se prestan para el mal manejo de los recursos, la arbitrariedad, la falta de transparencia y el abuso de poder”, refirió el grupo parlamentario en un comunicado.
El PRI asegura que no se tiene que hacer ninguna modificación de ley, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultades para la aplicación de normas de disciplina presupuestaria cuando disminuyen los ingresos.
Por otra parte, los priistas criticaron los recortes presupuestarios que afectan los salarios y prestaciones de los funcionarios, mismos que, dijeron, viola los derechos de los trabajadores, pues la Constitución establece que las remuneraciones serán irrenunciables y es imposible disminuirla durante el año.
“Este inmerecido castigo a los servidores públicos es una verdadera injusticia, al eliminar los aguinaldos de los trabajadores del sector salud, que son quienes hoy están en la primera línea de batalla de la crisis sanitaria”.
La bancada del PAN en San Lázaro también criticó la reforma de ley propuesta por Andrés Manuel.
“La emergencia por el coriv-19 nunca justificará que las atribuciones de la Cámara de Diputados quieran ser usurpadas por el Poder Ejecutivo. La asignación de presupuesto es nuestra facultad”.
En respuesta, los legisladores panistas buscarán los mecanismos legales para frenar la construcción del Tren Maya y utilizar esos recursos en la lucha contra la pandemia.
Por su parte, el grupo parlamentario del PES en la Cámara de Diputados, sugirió que, en lugar de la reforma de ley y el decreto, que el presidente haga uso de sus facultades reasignar el 10% presupuesto.
A través de un comunicado, los legisladores del PES proponen que, sin la necesidad de modificar la ley, López Obrador podría reasignar desde 305 mil 387 millones de pesos hasta 610 mil 773 millones de pesos para atender las diversas crisis generadas por el covid-19.
Inconstitucional, inoperantes y dañinas, propuestas de AMLO
Las acciones del presidente para combatir los estragos económicos de la pandemia por coronavirus son inconstitucionales, inoperantes y dañinas, asegura Mario Alberto Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Sobre el decreto de austeridad que plantea no despedir a ningún trabajador, reducir de forma voluntaria el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% y no darles aguinaldos, ni ninguna otra prestación de fin de año, Di Constanzo dice que es inconstitucional y atenta contra los servidores públicos.
Asegura que, aunque el decreto dice que no habrá despidos, generará desempleo en el personal de honorarios, ya que en el gobierno se estila que los contratos tengan una duración de 3 a 6 meses por lo que a su vencimiento ya no serán renovados debido a que el propio decreto lo prohíbe, calculando una cancelación de 18 mil 750 plazas.
Sobre la cancelación de 10 subsecretarías, Di Costanzo dice que pone en riesgo la operación de sectores en sectores como el de Educación, Agricultura, Medio Ambiente, Bienestar Social y Supervisión Financiera.
Además, la garantía de empleo, con el mismo rango y los mismos ingresos, a quienes dejarán las secretaría eliminadas es violatorio de la ley, ya que los servidores públicos adscritos a dichas subsecretarías “cobrarán sin trabajar”.
Los recortes presupuestales, refiere Mario Alberto, ponen en riesgo los contratos y licitaciones que las dependencias hacen a principios de año, como marca la ley, para gastos de operación. La cancelación de dichos contratos o licitaciones podrían traer sanciones para el gobierno federal, lo que resultaría contraproducente.
Si aplicamos el 75% de ajuste presupuestal que sugiere el decreto el ahorro en el mejor de escenario sería de 41 mil millones de pesos, que representa el 3.4% del gasto de operación de la administración pública, dejaría prácticamente incapacitadas para operar a Secretarías completas como por ejemplo; Turismo, Función Pública, Hacienda, Relaciones Exteriores, entre otras, explica Di Constanzo.
Por otro lado, el expresidente de la Consusef, menciona que se buscará reasignar a los servidores públicos con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, lo que implica que se reasignaría al personal a otras dependencias que también tendrían que adecuar espacios y que probablemente buscarían rentar o adquirir espacios adicionales.
El número de servidores públicos asciende aproximadamente a 1.8 millones de personas que tendrían que ubicarse en “menos espacios” disponibles en virtud de aquellas oficinas que en su caso se dejarán de rentar, dice Mario Alberto.
Además, dice, al dejar de rentar oficinas se cancelan los contratos vigentes, se generarían penalizaciones y altos costos de mudanza.
En cuanto a los vehículos de uso oficial del gobierno, no se rentan, sino que se adquieren vía licitación o bien a través de arrendamiento financiero, lo cual impide “que se dejen de rentar”.
Sobre la reforma de ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, Di Constanzo lamenta que abroga las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Tanto el decreto como la ley, concluye Mario Alberto, carece de sustento jurídico, que resulta inoperante y dañino para la situación económica por la que atraviesa el país.