Banco Famsa, Ficrea, Bicentenario… hemos visto a diversos ahorradores manifestándose tras la quiebra de un banco o sociedad financiera porque perdieron su patrimonio, pero ¿qué pasó en estos casos? ¿nuestros ahorros no están protegidos?
Si tienes depositado tus ahorros en instituciones autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estás protegido con un seguro de depósito por hasta 400 mil UDIS y esto protege a cuentas de ahorro, de cheques y nómina, así como tarjetas de débito, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito.
Este seguro es administrado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), es “exclusivo para Instituciones de Banca Múltiple, no garantiza entre otros, las inversiones en fondos de inversión, aseguradoras y casas de bolsa”, señala la CNBV.
El 30 de junio, la CNBV revocó la licencia del Banco Ahorro Famsa por una gestión inapropiada de riesgos en protección de sus más de medio millón de clientes. La quiebra fue consecuencia de problemas asociados con el volumen de créditos otorgados a personas relacionadas con Grupo Famsa en exceso de los límites normativos, lo que llevó a que el índice de capitalización resultara por debajo del mínimo regulatorio.
Ante ello, Banco Famsa es de los primeros que se extingue bajo la figura de Liquidación Bancaria, contenida en la reforma financiera aprobada en 2013, que obliga que el proceso sea más rápido y no como antes que tardaba más de 10 años.
RESPONSABILIDAD DE LOS AHORRADORES
La semana pasada, un grupo de ahorradores de Banco Ahorro Famsa exigió a las autoridades legislativas modificar la ley para que el seguro de depósito entregado por IPAB pase de 400 mil UDIS (cerca de 2.5 millones de pesos) a 750 mil UDIS (alrededor de 4.5 mdp) para que así les sea devuelto la totalidad de sus ahorros que tenían en la institución que quebró en junio pasado.
“El objeto primordial que tiene este seguro es proteger principalmente a los pequeños y medianos ahorradores, y también resolver al menor costo posible los bancos que tengan problemas de solvencia y exista una estabilidad en el sistema bancario”, explica Jorge Sánchez Tello, Director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF).
Para el experto, en el caso de Famsa, que puso a prueba este depósito, ha funcionado óptimamente debido a que el IPAB ha pagado en aproximadamente 2 meses al 90% de los ahorradores, los cuales tenían ahorros menores a los 2.5 millones de pesos, que está en cumplimiento de la ley.
Ante ello, indica Jorge Sánchez Tello, se tiene que tener cuidado cuando las personas o las empresas depositan más allá de los 2 millones y medio de pesos porque si llega haber una eventualidad no les va a pagar el IPAB. “Si alguien en este banco tenía 3 millones, sólo les van a pagar 2.5 millones de pesos porque así lo estipula la ley”.
Los bancos tienen la obligación de informar a sus clientes el tipo y monto de las operaciones que están garantizadas.
“Si alguien invierte más del monto (400 mil UDIS) ya es responsabilidad de la personas y de las empresas quienes asumen ese riesgo, es su obligación verificar ese tipo de situaciones cuando abren una cuenta y deben tratar de diversificar sus cuentas en instrumentos de inversión pues para el supuesto caso que un banco presente algo así, tengan la menor pérdida posible”, señala.
“Es muy raro las personas en México que tienen una cuenta de ahorro de más de 2.5 millones de pesos, y generalmente invierten en otro tipo de instrumentos, en fondos de inversión, en bienes raíces”, dice.
“Ya si sabiendo de este riesgo invirtió de más pues debe hacerse responsable ya sea de su ignorancia o de su falta de previsión al momento de invertir, y además en el supuesto caso de que cambiara la ley, las leyes no son retroactivas”.
HISTORIA DE QUIEBRAS
En julio de 2014, con sólo un año de operaciones, a Banco Bicentenario le fue revocada la licencia porque su Índice de Capitalización (ICAP) se desplomó a menos de 3%, cuando el mínimo requerido es de 10.5%.
Apenas en julio de 2012 la autorización de la CNBV para transformarse de unión de crédito en institución de banca múltiple con objeto social acotado; es decir, un “banco de nicho”. Los requerimientos de capital para estos bancos son menores a los solicitados a la banca tradicional múltiple.
Las principales actividades de Banco Bicentenario eran el ahorro y crédito al comercio exterior y al sector aduanero. Tenía 670 clientes.
El entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, dijo que el banco no logró concretar su modelo de negocios, al otorgar 30 millones de pesos en 14 créditos, cuando su meta era llegar a 496 millones, e incumplió el compromiso de capitalización por parte de los socios, lo que ocasionó que el capital contribuido, que era de 485 millones de pesos, se redujera en 374 millones, dando como resultado un capital contable de 111 millones de pesos; inferior al capital mínimo exigido por ley.
Según la Secretaría de Hacienda, 670 personas tenían depósitos en Banco Bicentenario, no obstante sólo 267 de ellos estaban garantizados, ya que el resto correspondía a socios o funcionarios de la institución.
Hasta marzo de 2017, el IPAB informó que se cubrieron los ahorros de quienes tenían en Banco Bicentenario hasta 400 mil UDIS. En esa ocasión se pagaron 161 millones de pesos a 300 ahorradores.
La liquidación de un banco no se observaba en México desde la crisis económica de 1994 y 1995, que llevó a la CNBV a intervenir doce instituciones.
Entre 1994 y 1998, además se intervino nueve grupos financieros, siete casas de cambio, cinco arrendadoras, seis casas de Bolsa, cinco empresas de factoraje, tres uniones de crédito y dos sociedades de ahorro y préstamo.
Uno de los más escandalosos fue el caso de Banca Unión, de donde se emprendieron acciones legales contra su principal accionista, Carlos Cabal Peniche.
CAMBIOS EN LA LEY
Uno de los propósitos de la figura de Liquidación Judicial Bancaria, incluida en la reforma financiera de 2013, fue reducir los tiempos para cerrar una institución crediticia que se haya declarado en quiebra debido a que cuando se liquidaba bajo la Ley de Concurso Mercantiles pasó hasta más de una década, ya que al vender los activos para pagar a los acreedores se presentaban impugnaciones que alargaban los procesos.
Entre los bancos que tardaron años en ser liquidadas en la crisis de 1995 destacan Quadrum, Anáhuac, Promotor del Norte, Banco del Sureste, Banco Industrial, Atlántico, Interestatal, Capital, Banco Obrero y Banco Oriente.
En el caso de Banco Famsa, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), hasta inicios de agosto se han pagado 21 mil 75 millones de pesos, lo que equivale al 87.4% del total que recibirán los clientes de Banco Ahorro Famsa afectados.
De los 73 mil 362 titulares del banco determinados como susceptibles de recibir un pago por sus saldos garantizados mayores a 9 mil pesos, 75.5% se había registrado en el Portal de Pagos del IPAB.